El Universal Irene Levy
No es secreto que un mar de intereses presiona a los diferentes órganos de cualquier gobierno y es, precisamente, la reacción ante esas presiones, lo que define la probidad e integridad de las instituciones.
El Poder Judicial en México ha cobrado especial relevancia en este sexenio porque López Obrador ha decidido desafiar el Estado de derecho con acciones y omisiones, y eso ha causado una gran cantidad de litigios. Pero el Presidente no es el único: el Congreso de la Unión también ha sido especialmente permeable a los intereses de las grandes empresas, al grado de que existen legisladores que son sus auténticos representantes, sus personeros. En este sexenio los hay, pero en los anteriores eran aún más evidentes y numerosos.
¿Recuerda usted el asunto de los derechos de las audiencias? Pues, finalmente se publicó el engrose de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de 2017. Así, cinco años después, se resuelve este asunto de una manera realmente vergonzosa. Aquí el recuento: con un proyecto a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, se aprobó por unanimidad la invalidez del decreto de 2017 que eliminaba varios derechos de las audiencias establecidos en la ley de 2014, pero la sentencia no estableció más efectos que los de la propia invalidez. Resulta evidente que la ley de 2014 vuelve a aplicar, pues nunca se invalidó ni fue materia de la acción de inconstitucionalidad, pero como no era lo que pretendían los intereses insertados en la Corte, entonces se armó una perversa jugada desde el área de comunicación social, que depende del ministro Arturo Zaldívar, en la que, sin haber votado que los efectos de la resolución fueran eliminar también la ley de 2014, a través de una notita “aclaratoria” a la prensa enviada desde los teléfonos de ciertos funcionarios, difundieron que la ley del catorce estaba muerta. Así, la Corte de Zaldívar, resolviendo a través de WhatsApp lo que no se votó en el Pleno. ¿Qué seriedad tiene un tribunal así?
La jugada era doble: inmediatamente después de la notita, el Congreso borró de la versión oficial de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión los artículos de 2014 y, con esto, los derechos de las audiencias; ante la confusión, un grupo de organizaciones y personas solicitamos a todos los ministros que el engrose fuera claro. Pero semanas después, el engrose se publicó sin aclarar absolutamente nada. Cobardía pura.
Próximamente se discutirá la controversia de la Cofece contra la omisión del presidente de nombramientos de comisionados. La ministra Yasmín Esquivel le da la razón a la Cofece y su proyecto es una auténtica victoria pírrica, pues por medio de argumentos jurídicamente pueriles sostiene que los procedimientos del Comité de Evaluación deben repetirse y las listas de candidatos actuales quedarían invalidadas, y sí, instruye a que se nombren comisionados, pero dando como fecha límite febrero de 2024. Otro fraude. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y Observatel presentamos hace varios días un amicus curiae sobre el tema.
Y esto no es lo único: ahí tiene usted por ejemplo el vergonzoso conteo de votos en el asunto de la reforma eléctrica. Como ve, la degradación de las instituciones ha alcanzado al tribunal supremo. En el asunto de los derechos de las audiencias, no sólo Zaldívar es responsable, también del resto de las y los ministros que, incluso convencidos de que los efectos no son aquellos de la notita, callaron en complicidad. El ambiente en la Corte es tenso y ahora especialmente por la sucesión de su presidencia. No se puede quedar bien con dios y con el diablo.
