El espectro que conecta: inclusión digital para las comunidades apartadas

En Colombia, hablar de conectividad es hablar de oportunidades, de equidad y de desarrollo. Sin embargo, miles de comunidades rurales siguen viviendo al margen de esa posibilidad. Por eso, desde la Agencia Nacional del Espectro (ANE), en un trabajo conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estamos impulsando una de las iniciativas regulatorias más relevantes de los últimos años: habilitar el uso comunitario de la banda de 900 MHz.

¿Por qué es tan importante esta banda? A diferencia de frecuencias más altas, que requieren más infraestructura y presentan limitaciones de cobertura en terrenos complejos, la banda de 900 MHz tiene características técnicas que permiten cubrir amplias áreas geográficas con menos recursos, garantizando señales estables en zonas de baja densidad poblacional o de difícil acceso.

Además, existe una amplia oferta de equipos de tecnología 4G para esta banda. Es decir, puede ser una herramienta clave para cerrar la brecha digital en las regiones más apartadas del país.

A nivel internacional, países como México, Brasil, Estados Unidos y Canadá ya han explorado modelos de uso social e indígena para esta banda, con resultados exitosos.

En Colombia, experiencias como las redes piloto RedINC, liderada por Colnodo; Red del Viento, apoyada por Colnodo y APC Colombia; y La Cachuda, impulsada por juntas de acción comunal locales con acompañamiento técnico, han demostrado que los modelos comunitarios son viables y sostenibles, generando impactos positivos en la vida de miles de personas.

RedINC ha impulsado conectividad organizada localmente para zonas excluidas, usando autogestión y sostenibilidad social. Red del Viento ha permitido a comunidades rurales e indígenas acceder a educación, salud y comercio, mostrando el poder transformador del espectro. Y La Cachuda, gestionada por una junta de acción comunal, ha conectado a su vereda con redes locales que fortalecen la organización vecinal y los procesos de formación.

Estas historias confirman que, cuando se habilitan herramientas, las comunidades pueden ser protagonistas de su propio desarrollo digital.

Este proceso regulatorio no busca reemplazar a los operadores prestadores de servicios, sino abrir la puerta a modelos complementarios donde juntas de acción comunal, asociaciones, cooperativas o fundaciones puedan gestionar directamente el servicio de Internet para sus comunidades. Es una apuesta por la autogestión, la soberanía tecnológica local y la construcción de gobernanza digital desde los territorios.

Claro está, los desafíos técnicos existen: garantizar la coexistencia con otras bandas, evitar interferencias y establecer marcos claros de operación. Pero el potencial transformador supera ampliamente las dificultades. La inclusión digital no es sólo un asunto tecnológico: es un derecho habilitante para la educación, la salud, el emprendimiento y la participación ciudadana.

Invitamos a las comunidades organizadas, a los líderes sociales, a los innovadores locales y a todos los actores interesados a sumarse a esta conversación. El primer paso para hacer realidad esta alternativa de conectividad es una consulta pública que estará abierta hasta el 1 de julio de 2025 y será la base para construir un modelo de acceso más justo, equitativo y adaptado a la realidad de los territorios.

Conectar a quienes han estado desconectados es, en última instancia, dignificar sus vidas. Es reconocer que el espectro radioeléctrico no es sólo un recurso técnico, sino una herramienta de inclusión social y de justicia territorial. Desde la ANE reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por un país más conectado, más equitativo y más humano.