La pandemia de COVID-19 ciertamente “ayudó” a todo tipo de ciberdelincuentes al obligar tanto a empresas como a individuos a trasladar la mayoría de sus actividades en línea. Tal como descubrió la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, con sede en Estados Unidos, en un informe que determinó que el 79 % de los encuestados notó un aumento en los eventos fraudulentos luego del brote de la pandemia, y el 90 % esperaba aún más instancias de delitos cibernéticos en el futuro. Solo para dar un ejemplo, hubo casi 400.000 casos de fraude con tarjetas de crédito en los EE.UU. en 2020.
Ecuador también figura en la lista de los países en haber recibido más ataques cibernéticos, según un estudio de Kaspersky presentado en agosto de 2021.
Si se considerara un país, el cibercrimen tendría una de las economías más grandes del mundo. Cybercrime Magazine estimó que, en 2021, los delitos relacionados con la cibernética costarán al mundo 6 billones de dólares. Para 2025, las pérdidas causadas por los estafadores podrían llegar incluso a los 10,5 billones de dólares.
Además, los ataques cibernéticos ya no son solo un problema para las corporaciones grandes e influyentes. De hecho, el 43 % de los ciberataques estaban dirigidos a pequeñas y medianas empresas que, a menudo, no tienen suficiente dinero para la ciberseguridad y no están preparadas para recuperarse de tales ataques.
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