Dos empresas están interesadas en la cartera inmobiliaria de Oi
Oi informó a la Justicia que fue contactada por al menos dos empresas especializadas interesadas en actuar en la gestión y en la enajenación de su cartera inmobiliaria, que reúne más de 7,900 activos. Los acercamientos provinieron de Enforce y MR Consultoria, según el relato de la administración judicial en el marco del proceso de recuperación judicial de la operadora.
El movimiento fue presentado al juzgado en una manifestación vinculada a la solicitud de prórroga de la protección frente a acreedores extraconcursales. El denominado “blindaje” fue renovado por 90 días adicionales, con el objetivo de otorgar más tiempo para que la compañía avance en la venta de activos prevista en su plan de recuperación.
De acuerdo con la administración judicial, la cartera inmobiliaria de Oi es considerada heterogénea, compuesta por terrenos y edificios de distintos tamaños y valores, muchos de ellos utilizados anteriormente en la prestación de servicios de telefonía fija.
En los autos, la administración judicial señala que la cartera inmobiliaria incluida en el plan de recuperación suma cerca de R$ 4,800 millones (US$ 893 millones), pudiendo alcanzar valores más elevados conforme se actualicen las evaluaciones y se regularicen los activos.
La enajenación de estos activos, sin embargo, ha enfrentado obstáculos. La operadora reconoció dificultades relacionadas con inconsistencias de naturaleza catastral y jurídica, que requieren una regularización previa antes de la conclusión de las ventas. Ante este escenario, la empresa evalúa la necesidad de contar con un socio con experiencia en el mercado inmobiliario para acelerar el proceso.
La demora en la venta de los inmuebles ya ha sido objeto de críticas por parte de acreedores financieros relevantes, como Itaú y Bradesco, que señalan la enajenación de la cartera como una de las principales fuentes previstas para el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el plan de recuperación judicial.
Además de los inmuebles, Oi mantiene otros activos relevantes, incluida una participación societaria en V.tal y contratos cuyo valor estimado puede variar entre R$ 20,100 millones y R$ 50,100 millones, dependiendo de las evaluaciones de mercado. El pasivo total de la compañía ascendía a R$ 34,100 millones en junio del año pasado, según la información presentada por la administración judicial en los autos.