Excélsior Alicia Salgado
Está por definirse en el pleno de la SCJN, que encabeza el ministro Hugo Aguilar, el futuro de la doble tributación del IVA por comprar en plataformas. Se supone que el IVA es un impuesto federal y supone un gravamen sobre el consumo total de un bien o servicio, pero el Congreso de la Ciudad de México aprobó, como parte del paquete económico de 2021, un impuesto, que se inscribe como aprovechamiento, de 2% a pagar antes de impuestos sobre la factura total que se contrate a través de una plataforma de reparto.
El impuesto al consumo pasaría, si la SCJN valida este tipo de recaudación, de 16% a 18%, pero sólo porque el consumidor use plataformas digitales para contratar el servicio, aunque se haya disfrazado de aprovechamiento por el uso de infraestructura pública de las motos y bicicletas que realizan el reparto.
Se debió resolver el 9 de octubre, ocurrirá esta semana y, con la nueva Corte, el tema será uno de los centrales, dado el fuerte cuestionamiento que ha tenido de parte de los repartidores. Le llamaron el “impuesto por usar la calle”.
El otro tema candente es el que han expuesto las asociaciones del sector digital (incluidas ALAI, AMVO, Canieti y otros gremios) y a las que el voto mayoritario de Morena, que coordina Ricardo Monreal, ya ni conversatorio les abren en la Cámara de Diputados.
Se trata de la controversia entre privacidad vs. la fiscalización online por la propuesta incluida en los artículos 30-B y 113-Bis al Código Fiscal dentro del Paquete Económico 2026 que presentó el secretario de Hacienda, Edgar Amador. El 30-B otorgaría acceso en tiempo real y sin orden judicial a bases de datos privadas de plataformas digitales; el 113-Bis establece sanciones penales para plataformas, incluyendo market places que permitan anuncios con comprobantes fiscales falsos.
La Canieti, que encabeza Rafa Sánchez, y Alianza In Mx, la AMVO, que agrupa las plataformas de comercio electrónico, consideran que las medidas amenazan la privacidad, la libertad de expresión, la seguridad jurídica y podrían imponer cargas operativas y penales desproporcionadas a intermediarios y particularmente a pymes.
Lo que llama la atención de la propuesta, es que tiene objetivos fiscales y propone la utilización de mecanismos coordinados entre el SAT y la Agencia de Transformación Digital, de José Merino, de vigilancia fiscal online que, en la práctica, podrían minar la confianza en servicios digitales y desalentar inversión y competencia.
Es cierto que quien no obra mal no tiene problema para ser fiscalizado, y que en este país, donde 35% del PIB es producido en la economía informal, se requieren mecanismos de control eficientes, pero no al grado de volver las plataformas recaudadoras de impuestos y obligadas solidarias de la revisión fiscal de las empresas, la red de proveedores y los consumidores.
Para la región es un precedente que podría complicar el desarrollo de la economía digital.
De hecho, se establece que si una plataforma digital no da acceso en línea en tiempo real al SAT y a la agencia, podría derivar en el bloqueo temporal de la misma y, por el otro, sanciona con cárcel de hasta 9 años a plataformas que permitan que se anuncien para emitir comprobantes fiscales falsos. Evidentemente, las plataformas no son el fisco, pero estimo que un diálogo técnico y claro con las autoridades podría mejorar el diseño de este proceso de fiscalización y evaluar sus posibles impactos.
Las plataformas son medios, canales, y eso ha permitido que la economía digital represente 15% del PIB mundial, pero en México parece en pañales porque apenas representa 8%, según el más reciente dato del Inegi. Si a eso agrega que 66% de los desarrollos digitales están basados en inteligencia artificial y 22% en tecnología cuántica, es evidente que la autoridad lo que requiere no es intervención digital, sino supervisión digital basada en inteligencia y, por supuesto, presupuesto público.