Diez fiscales generales de estado buscan bloquear fusión entre T-Mobile y Sprint
Diez fiscales generales estatales de Estados Unidos presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito en Nueva York para bloquear la propuesta de fusión entre T-Mobile y Sprint valorada en 26 mil millones de dólares.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, dijo en un comunicado que la combinación de las dos compañías reduciría el acceso a un servicio confiable y asequible en todo el país, afectando principalmente a las comunidades de bajos ingresos y minorías en Nueva York y otras áreas urbanas.
Además de James, los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Maryland, Michigan, Mississippi, Virginia, Wisconsin y del Distrito de Columbia manifestaron que los beneficios prometidos, como mejores redes en áreas rurales y un servicio más rápido en general, no se pueden verificar.
En la demanda también advirtieron que la eliminación de una importante empresa de servicios inalámbricos perjudicará a los consumidores al reducir la competencia y aumentar los precios del servicio de telefonía celular.
Los diez fiscales generales son demócratas.
“Cuando se trata del poder corporativo, más grande no siempre es mejor”, declaró la fiscal James.
Los fiscales generales estatales señalaron que la combinación de Sprint y T-Mobile haría que la industria en su conjunto (Verizon y AT&T también) sea menos propensa a ofrecer planes y servicios que les gusten a los consumidores. Además, argumentaron que las compañías ya han estado trabajando para implementar 5G, por lo que no necesitan combinarse para hacerlo.
La demanda se presenta antes de una decisión del Departamento de Justicia (DoJ) a favor o en contra de la propuesta de fusión, misma que fue respaldada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en mayo pasado.
Aunque T-Mobile prometió construir una red 5G nacional, invertir en banda ancha rural en un plazo específico o pagar multas, vender la marca prepago Boost Mobile de Sprint y mantener los precios durante tres años, los defensores de consumidores, sindicatos y legisladores demócratas han manifestado preocupación de que el acuerdo implique recortes de empleos, precios más altos en los servicios móviles y un impacto en el mercado rural de teléfonos celulares.
El DoJ evalúa los acuerdos utilizando criterios más estrictos que el estándar de “interés público” de la FCC, es decir, si perjudican la competencia y aumentan los precios para los consumidores.