El Economista Jorge Bravo
Dentro del paquete de iniciativas constitucionales y legales que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero, se encuentra la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo, cuyas funciones regulatorias serían asumidas por “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Dos visiones administrativas contrapuestas subyacen a la idea de desaparecer el IFT y pasarlo al control de la Administración Pública Federal o preservarlo como un regulador técnico e independiente.
La visión que propone AMLO al extinguir el IFT es centralizar las políticas públicas y la regulación de la radiodifusión, las telecomunicaciones y la competencia económica en el gobierno federal para reconstruir el derecho de acceso a las TIC y garantizar el desarrollo eficiente de ambos sectores, pero de manera menos onerosa y sin duplicidad de funciones.
La visión actual que creó el IFT en 2013 parte del hecho de que el mundo es más complejo, la tecnología evoluciona rápidamente y se requiere una agencia reguladora técnica y especializada con comisionados expertos en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, que tutele el derecho de acceso a las TIC y garantice el desarrollo eficiente de ambas industrias.
Cuál visión es mejor, es parte del debate ideológico que ha desatado la intención de extinguir el IFT. AMLO busca concentrar el poder político y técnico de regular las telecomunicaciones, en tanto que un IFT autónomo forma parte de un nuevo Estado regulador donde el gobierno en turno preserva el diseño de las políticas públicas y delega la función reguladora a un organismo independiente y técnico.
La propuesta de AMLO merece ser analizada. Argumenta que es falaz, como sostienen los impulsores del modelo neoliberal, que “el problema de la gestión pública es técnico”. Según AMLO, “los modelos neoliberales han resultado en menor eficiencia en la prestación de servicios públicos”. Las agencias especializadas, como el IFT, “han otorgado mayor poder de influencia a actores privados en detrimento de los públicos” y han fallado en garantizar el interés general. El IFT no tiene legitimidad democrática sino tecnocrática: “se justifica por el carácter técnico y la corrección jurídica de sus decisiones”. Pero ha fallado “en consolidarse como entidades técnicas e imparciales”.
La alternativa del Presidente es similar al modelo chileno, donde una Subsecretaría de Telecomunicaciones -dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- concentra en una sola persona las políticas públicas y la regulación del sector. La continuidad, eficiencia y transparencia de ese modelo institucional y administrativo -independientemente del cambio ideológico en los gobiernos- ha hecho de Chile el país líder en digitalización de América Latina.
La iniciativa de AMLO transfiere las funciones, los recursos y el personal del IFT a “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la SICT. El Ejecutivo Federal retomaría el otorgamiento, revocación y autorización de concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones, con el riesgo que ello implica de politizar el procedimiento.
Al desaparecer el IFT, el gobierno fijará las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones y la autorización de servicios y deroga la opinión previa de Hacienda. El Ejecutivo Federal también emitirá disposiciones para regular las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica.
La propuesta busca apegarse a la política de austeridad republicana, para “acabar con lujos, gastos superfluos, duplicidad de funciones, despilfarro de los bienes y recursos nacionales”. Según la iniciativa, el IFT forma parte de la “burocracia dorada” que “duplica funciones y tareas del Ejecutivo Federal”.
Si la iniciativa fuera congruente y no sólo quisiera la desaparición del IFT, también debió plantear la extinción del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y consolidar sus funciones en la poderosa dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, puesto que lo que se busca es austeridad, eficiencia, no duplicar funciones y no tener exceso de instituciones.
Un aspecto interesante y hasta positivo, como para agradar a la industria de las “bondades” de extinguir el IFT, es que introduce en el artículo 28 de la Constitución que “la ley establecerá los principios, las acciones de coordinación y distribuirá competencias entre las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de homologar los trámites para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en todo el país”.
Homologar los trámites y abatir las barreras regulatorias al despliegue de infraestructura es una acuciante demanda de la industria de telecomunicaciones para desplegar sus redes.
Ambos modelos son válidos, pero cuál es preferible. Si se busca el interés público y una tutela clara del derecho de acceso a las TIC, incluida la banda ancha e Internet, así como certidumbre jurídica para la industria, sin duda es superior un órgano constitucional autónomo como el IFT, pero muchísimo más colaborador con el logro de las políticas públicas de inclusión digital del gobierno en turno y muchísimo más comprometido con los derechos fundamentales de acceso a las TIC y los derechos de las audiencias.
La desventaja de la visión de AMLO es que la regulación gubernamental se asocia con procesos burocráticos, decisiones lentas y sobre todo políticas, lo cual obstaculiza la respuesta del sector a los cambios tecnológicos y las necesidades del mercado. Los constantes cambios en políticas y regulaciones crean incertidumbre, desincentivan la inversión en infraestructura, en servicios y limitan la innovación.
Existe el mismo riesgo o mayor de que el Ejecutivo Federal sea influenciado por los intereses de los grandes operadores, y la tentación de favorecer o castigar políticamente a un actor económico afín o adversario es mucho más alta si las decisiones dependen del gobierno que de una agencia independiente.
X: @beltmondi