Reforma Jorge F. Negrete P.
El derecho de piso que se cobra por trabajar en barrios y ciudades llegó al mundo digital. Innovas, inviertes, promueves la economía digital y habilitas los derechos humanos en el mundo digital, pagas 2% en la CDMX.
La falta de ingresos del gobierno y desconocimiento de la regulación digital, construyen un ataque a las empresas digitales desde Hacienda y ahora de la Suprema Corte. La persona y los derechos digitales son la nueva víctima.
Por un lado, José “Pepe Merino” negocia tremenda reforma al sector de la conectividad e inclusión digital lanzando, para efectos prácticos, una Secretaría de Transformación Digital y Telecomunicaciones, como España, Colombia, Ecuador o Brasil; reorganiza un regulador, reestructura CFE Telecom, Promtel, Altán Redes y anuncia una supercomputadora.
El secretario Marcelo Ebrard lidera un visionario programa de inversión, de empresas de alta tecnología en semiconductores, tecnología digital y Data Centers. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quiere formar cuadros de alta especialidad. Pero hay una agenda oculta que no desea esto; es más, se percibe un ataque directo a las empresas digitales y boicot al esfuerzo de estos funcionarios:
1. #LeyCensura. Se debatió fuerte en el Senado de la República, eliminando la posibilidad de bloquear temporal o totalmente las plataformas digitales y, con ello, los derechos humanos en el mundo digital. Y de paso se diseñó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ganamos una ley y la eliminación del artículo denominado killer switch.
2. Seguro Social. La Secretaría del Trabajo lideró la iniciativa para inscribir en el IMSS a los trabajadores de las plataformas de movilidad. Suena bien, pero ellos ya tenían seguros médicos, pagaban impuestos, son sujetos de financiamiento fintech y son monitoreados pasajero y conductor en su seguridad, servicio y calidad. Les incorporaron un costo que impacta en modelo de negocio.
3. Killer switch 2. La Secretaría de Hacienda incorporó en la miscelánea fiscal el artículo artículo 30 B en el sentido de que los contribuyentes que presten servicios digitales “deberán permitir a las autoridades fiscales, en forma permanente, el acceso en línea y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas”. “El incumplimiento a la obligación prevista dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital.”
4. Extorsión digital. El Pleno de la Corte resolvió la contribución del 2% que deben cubrir las plataformas digitales de reparto por el uso del espacio público en la Ciudad de México. La Ministra Esquivel publicó en sus redes que “se señaló que esa contribución no puede trasladarse a las y los repartidores” y “corresponde a las empresas que operan las plataformas”, “También precisé que esta regulación no vulnera el derecho a la movilidad”. El razonamiento jurídico de la ministra ignora la estructura económica de costos, modelo de negocios y carece de un mínimo conocimiento de derechos digitales y constitucionalismo digital.
Del killer switch, donde si no te dejas supervisar a tiempo real por la autoridad fiscal (poniendo en riesgo tu derecho a la privacidad), la autoridad suspenderá la prestación de los servicios digitales, cancelando ipso iure, el ejercicio de derechos humanos de usuarios en plataformas, sin mediar el debido proceso; a la extorsión digital: un exabrupto inconcebible.
Taxistas, camioneros, microbuseros, ciudadanos en automóvil, bicicleteros, transportistas o cualquier otro usuario de las vías públicas, ¿paga por el derecho de uso de la infraestructura de la ciudad? No.
Este impuesto margina y castiga el combate a la pobreza, el empleo, la innovación tecnológica, la logística de las ciudades, la economía digital y el derecho de acceso a internet para ejercer el derecho a la movilidad, al trabajo, la educación y la cultura. Es una extorsión ilegal e injusta a las empresas de tecnología digital y al ciudadano, que será repetida en todo el país.
Presidente de Digital Policy & Law
X / @fernegretep