El Heraldo de México Julieta del Río
A partir de la reforma a la Ley General de Población, se estableció la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema que busca integrar la CURP con datos biométricos, como huellas dactilares, fotografía y, posiblemente, el iris.
De acuerdo con el decreto, esta plataforma debería estar lista para operar el 14 de octubre de 2025. Sin embargo, eso no implica que estará disponible para toda la población desde el primer día. La implementación ha sido gradual: se han emitido CURPs biométricas de forma aleatoria, mientras que la mayoría de las personas aún conserva la tradicional.
A ello se suma que el proceso para incluir a niñas, niños y adolescentes ni siquiera ha comenzado. El decreto estableció que el Programa de Integración de datos biométricos de menores debía crearse en un plazo máximo de 120 días naturales contados desde el 17 de julio de 2025, lo que fija como fecha límite el 14 de noviembre de este año. Pero hasta ahora no se tiene registro de que la Secretaría de Gobernación haya presentado dicho programa.
Mientras tanto, los avances se centran en la implementación general de la CURP biométrica, con pruebas piloto iniciadas en julio y su expedición oficial prevista para el 16 de octubre en 145 módulos a nivel nacional.
El artículo 91 Bis de la Ley General de Población detalla que la CURP biométrica incluirá datos personales y biométricos: nombre, fecha y lugar de nacimiento, huella dactilar y fotografía. Sin embargo, también prevé la recolección del iris, exclusivamente para almacenarlo en la Plataforma Única de Identidad administrada por el RENAPO.
Y justo ahí está la polémica. El uso del iris como dato biométrico ha generado inquietud y desconfianza. Hasta ahora no está claro si su entrega será obligatoria, opcional o bajo qué condiciones se solicitará. Esta falta de certeza legal y técnica preocupa, y con razón: el iris es único, no se puede cambiar ni reemplazar. Entregarlo no es un trámite menor; es entregar una parte de nuestra identidad más íntima.
Las personas tienen derecho a saber para qué se usarán sus datos, quién los manejará y cómo serán protegidos. Se necesitan avisos de privacidad claros y públicos, donde se explique con precisión la finalidad de recolectar el iris, las medidas de seguridad implementadas, quién será responsable de la base de datos y qué instituciones podrán acceder a ella.
En un país como México, uno de los más atacados por ciberataques en América Latina, no podemos permitir ambigüedades. La seguridad digital no puede tomarse a la ligera, especialmente cuando se trata de datos tan sensibles como los biométricos.
La inclusión del iris se ha justificado como una medida para garantizar una identificación única, evitar suplantaciones y facilitar trámites o búsquedas de personas desaparecidas. Sin embargo, la confusión entre lo que dice la ley y lo que expresan las autoridades no abona a la confianza. Mientras la presidenta ha señalado públicamente que la entrega de datos biométricos será opcional, el artículo 91 Bis establece que la CURP biométrica será un documento nacional obligatorio.
Esa contradicción genera incertidumbre. Y con toda razón, muchas personas no están dispuestas a entregar información tan delicada como el escaneo del iris. Más allá de la tecnología, estamos hablando de derechos humanos. El iris es irrepetible y, si se usa mal, no hay forma de revocar ese dato.
Por eso, este no es solo un debate técnico o legal, sino ético y ciudadano. La recolección de datos biométricos debe sustentarse en el consentimiento informado, en la transparencia y en garantías reales de protección.
Si la Plataforma Única de Identidad aspira a ser una herramienta de confianza nacional, debe construirse con certeza jurídica, vigilancia pública y transparencia absoluta. Solo así podrá ser vista como un avance y no como una amenaza a nuestra privacidad.
Porque en materia de identidad, lo que está en juego no es solo un número o una base de datos: es la confianza de millones de personas en el Estado mexicano.