martes, enero 24, 2023
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Costa Rica | Ya deben estar listos reglamentos de infraestructura de telecomunicaciones

CRHOY Erick Murillo

De acuerdo con lo que establece la legislación, este 8 octubre deberían estar listos los primeros reglamentos de la Ley 10216 para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica.

La ley promulgada el pasado 8 de junio, determinó que un plazo de 4 meses contados a partir de la fecha de publicación en el diario oficial La Gaceta, tienen que estar listas las primeras obligaciones derivadas, fecha que se cumple este sábado.

Específicamente se trata de instrucciones para que en los diseños y la planificación de obra pública, se contemplen las previsiones para redes y reglamentación de la gobernanza. Las instituciones a cargo de dichas instrucciones son el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), que deben emitir una directriz a todo el sector público en donde se comuniquen los principios y obligaciones derivadas de la nueva ley.

Además, hoy deberían estar listos los reglamentos y directrices respectivos que brinden la seguridad jurídica y simplificación de trámites, respecto de la emisión de certificaciones, tramitación y permisos en la materia.

El contenido de esta reglamentación incluye el establecimiento de competencias, requisitos de trámites, plazos de respuesta y reconocimiento del silencio positivo.

Los entes públicos que deben promulgar los reglamentos y directrices son:

  • Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
  • Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
  • Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena)
  • Ministerio de Salud
  • Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)
  • Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer)
  • Municipalidades

Respuesta institucional

Se consultó a todas las entidades anteriormente citadas sobre el avance y publicación de documentos que ya deberían estar listos según lo ordena la ley y en la mayoría de los casos, se está a la espera de una respuesta.

“Con respecto a la consulta, cabe resaltar que se trata de al menos cinco reglamentos y directrices distintas. En efecto, algunos de los transitorios de la ley establecen un plazo de cuatro meses, y otros un plazo mayor; por lo que estamos realizando nuestro mayor esfuerzo para atender todas las disposiciones en el menor tiempo posible.

La ley ha establecido plazos muy reducidos para la emisión de reglamentación que requieren de un análisis técnico detallado por parte de cada uno de los entes emisores, así como la coordinación interinstitucional, lo cual convierte en un reto su emisión en el plazo tan corto. Adicionalmente, es importante destacar que la ley no brinda recursos humanos o financieros adicionales para su ejecución, de manera que el trabajo requerido se ha sumado al trabajo ordinario que realizan MOPT, Ministerio de Hacienda, Micitt y otras instituciones que forman parte integral de este proceso”, respondió el Micitt.

En el caso de los ayuntamientos, se hizo la consulta a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), sin embargo, en el sitio Web de La Gaceta, la búsqueda realizada este 7 de octubre, no arrojó ningún resultado sobre reglamentación municipal alguna relacionada con esta ley.

Aunque estas 2 instituciones anteriores mencionadas no están obligadas a emitir el material reglamentario, se les consultó en virtud de su papel de reunir al régimen municipal. La UNGL respondió que los transitorios son competencia del Micitt.

Por su parte, Micitt y la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, indicaron que todas las municipalidades y concejos de distrito del país fueron convocados el 6 y 8 de setiembre para dialogar con respecto a Ley 10216.

“La ley establece responsabilidades con relación a 4 temas fundamentales para el futuro del país: encomienda al Micitt la creación de un reglamento de disposiciones técnicas relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que pueda ser aplicado por las municipalidades a nivel nacional. Establece la obligatoriedad de considerar los ductos y canalizaciones como parte integral de los procesos de planificación de la red vial nacional.

Autoriza a las instituciones públicas para que estas permitan la instalación de los dispositivos que amplíen la cobertura de telecomunicaciones aprovechando los bienes de uso público existentes. Y reitera la responsabilidad de agilizar y simplificar los trámites relacionados con la construcción de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones”, resumió el mismo Micitt.

En efecto, la nueva legislación promueve -aunque no obliga- el uso de infraestructura compartida entre operadores, así como la utilización de edificios para colocar antenas menos invasivas que las radiobases, incluso se pueden fijar en edificios.

De igual manera, establece el silencio positivo para agilización de tiempos de respuesta institucional y ordena la colocación de ductería subterránea que aplica usualmente para tendidos de redes de fibra óptica y a su vez obliga a la coordinación entre entidades para que no se dupliquen procesos y quede claro el tema de la tramitología, tanto de permisos como de colocación de servicios públicos.

Disposiciones transitorias de la Ley 10216:

TRANSITORIO I- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como rector del sector Transporte e Infraestructura, a la cual pertenece la Red Vial Nacional y Ferroviaria, en conjunto con el rector del sector Telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), de acuerdo con las obligaciones del artículo 4 de esta ley, deberán emitir, en un plazo máximo de cuatro meses, las instrucciones y desarrollar los instrumentos internos requeridos para que en todos los diseños y la planificación de obra pública se contemplen las previsiones para el posible desarrollo de la red de telecomunicaciones, así como emitir lo necesario para la correcta operativa, relativa a la reglamentación de la gobernanza, para efectos del cumplimiento de lo indicado en la presente ley.

TRANSITORIO II- Todas las instituciones en el ámbito de aplicación de esta norma, que les corresponda generar certificaciones, trámites, permisos y cualquier otro para la planificación y desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones, deberán generar, en el plazo de cuatro meses, los reglamentos y las directrices necesarias para brindar la seguridad jurídica y simplificación de trámites según los objetivos de esta ley.

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