Costa Rica | Proyecto para regular plataformas elevaría tarifas a usuarios, advierte Coprocom
CRHOY Pablo Rojas
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), emitió opinión respecto al proyecto de ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales, expediente N.º 23.736, presentado por el Poder Ejecutivo, que pretende modificar el marco regulatorio del transporte remunerado de personas en vehículos automotores, incluyendo el servicio en modalidad taxi y a través de plataformas digitales como Uber o DiDi.
Este proyecto elimina el servicio de taxi como un servicio público y lo convierte en un servicio económico de interés general. Además, elimina la regulación de tarifas, el pago de cánones y las restricciones por área geográfica establecidas en los títulos de concesión. A su vez, incorpora algunas de las herramientas propias de las plataformas de servicio en cuanto a la evaluación de los conductores y la geolocalización.
Por otra parte, el proyecto establece regulaciones para los conductores de las plataformas, que igualmente son declarados un servicio económico de interés genera, las cuales incluyen obligaciones tributarias, de seguridad social y de seguridad para los pasajeros.
A través de un comunicado de prensa, la comisión recordó que se ha pronunciado sobre las consideraciones en materia de competencia económica que deben tomarse en cuenta ante una eventual regulación de las plataformas digitales en el país; e incluso, en el año 2018, emitió un estudio de mercado sobre este tema.
“Al respecto, la autoridad de competencia ha señalado que cualquier regulación de las plataformas digitales de transporte debe velar por la seguridad de los conductores y los usuarios, sin establecer requisitos demasiado específicos que inhiban la aparición de nuevas empresas en el mercado o que provoquen la salida de las actuales.
En relación con el actual proyecto de ley, la Coprocom manifestó algunas preocupaciones desde la óptica de la política de competencia, entre ellas:
- El proyecto establece que el Poder Ejecutivo podría establecer medidas para eliminar la “ruinosidad” del servicio de transporte de personas, en relación con el número de conductores autorizados para la prestación de este. Ante este punto, la comisión solicitó eliminar del proyecto la facultad del Gobierno de fijar el número de oferentes del servicio.
- El proyecto establece que el Poder Ejecutivo, con la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) determinará mediante una fórmula una rentabilidad bruta mínima por kilómetro, de forma semestral, formalizada por medio de Decreto Ejecutivo. Sobre este punto, Coprocom dijo en su opinión que este margen de rentabilidad podría facilitar la colusión en el mercado, además de que la determinación del margen podría verse afectada por el problema de captura regulatoria, otorgando rentas supra normales a los oferentes del servicio en detrimento de los usuarios.
“Si bien este proyecto pareciera no establecer requisitos a las plataformas que van más allá de velar por la calidad y la seguridad de los usuarios y de su información personal, la Coprocom considera que podría limitar el número de oferentes y la competencia en precios, mediante el establecimiento de un número fijo de conductores y del margen de rentabilidad mínima”, indicó Viviana Blanco, presidenta a.i. de la comisión, en el comunicado.
En este sentido, preocupa a la comisión que, de aprobarse la regulación en los términos planteados, el usuario sea el más perjudicado, pues los conductores que prestan servicios a través de las plataformas y los taxistas podrían elevar las tarifas.
Aspectos generales del proyecto para regular plataformas:
- Vehículos (tanto de plataformas como de los taxistas) solo deberán acudir 1 vez al año a la Revisión Técnica Vehicular (RTV).
- Todos los conductores deberán estar inscritos ante la CCSS.
- Deberán contar obligatoriamente con seguro por riesgos de daños a terceros.
- Pagarán renta al Ministerio de Hacienda.
- Taxistas podrán afiliarse a plataformas para operar.
- Vehículos de plataforma circularán identificados, donde se identifican como tales.
- Antigüedad de taxis formales será de 14 años.
- Tarifas para pagar serían fijadas por libre mercado, pero se establecerá un monto de rentabilidad mínima para cada viaje.
- La propuesta ya está en manos de la Asamblea Legislativa para comenzar a ser discutida a través de una comisión.
En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.
En ausencia de una regulación específica, Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.