Costa Rica | Procuraduría cuestiona proyecto que reforma ley de datos personales

CRHOY Bharley Quiros

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un criterio no vinculante sobre el expediente legislativo 23.097, una iniciativa del Partido Liberal Progresista (PLP) para reformar de forma integral la “Ley de Protección de Datos Personales”.

La iniciativa ya fue dictaminada en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación en febrero pasado.

El criterio tiene fecha del pasado 2 de marzo del 2023.

En el documento elaborado por la procuradora Silvia Patiño Cruz, donde se hace un análisis de los artículos del texto que generan dudas al “abogado del Estado”, dentro de los hechos principales están.

Se cuestiona por parte de la PGR, en el apartado de las definiciones, algunas frases como: “sin esfuerzos o plazos desproporcionados” o “plazos o actividades desproporcionadas”.

Según la PGR esto podría generar en la práctica problemas de interpretación o de aplicación de la ley, dada la amplitud de esos conceptos y la discrecionalidad que genera su interpretación, lo cual es especialmente sensible tratándose de la definición de datos personales.

Recomienda valorar la pertinencia de realizar una “lista taxativa” de las “fuentes de acceso público”, pues podría excluir a otras ya existentes o que se creen en el futuro.

“Se recomienda valorar la inclusión de la definición de ‘oficial de protección de datos’, pues es una figura novedosa que se introduce con el presente proyecto de ley y que debería estar definida en este apartado”, indica el criterio.

Confusión

En el capítulo 7 de las excepciones se detalla en el texto:

No se podrá limitar el derecho a la protección de datos personales mediante ley, salvo de manera excepcional, cuando existan razones que justifiquen su necesidad, sean adecuadas y proporcionales en una sociedad democrática, y respeten los derechos y las libertades fundamentales de los Titulares.

Al respecto dice la PGR: “La redacción del inciso anterior es confusa, pues parece justificar que, bajo ciertos supuestos, el derecho no sea protegido. Sin embargo, la ley no señala cuáles son esos supuestos que se consideran necesarios y proporcionales, dejando un amplio ámbito de discrecionalidad”.

Cuestiona la Procuraduría que en la redacción pareciera que se pretende impedir al legislador futuro, emitir leyes en esta materia como regla general, lo cual, no tiene ningún efecto práctico.

El mismo punto se señala sobre el inciso tres di dicho articulado, pues según la PGR, se establece una serie de requisitos al legislador futuro sobre cómo deben ser las leyes que se emitan en esta materia.

“Debe recordarse, además, que para la limitación de cualquier derecho fundamental opera el principio de reserva legal, por lo que más bien es la ley el mecanismo idóneo para regular esta materia y los límites al legislador solo pueden ser de rango constitucional por un tema de jerarquía normativa”, enfatiza el criterio.

Luego se señala el artículo 25 del proyecto que exige a los responsables notificar a los titulares de los datos en caso de una violación de seguridad ocurrida en cualquier fase del tratamiento.

Pero la PGR dice que este artículo no aclara si dicha notificación debe ser personal o no, o si existen otros medios de notificación que podrían utilizarse, especialmente cuando se trata de bases de datos masivos.

Otra duda es sobre el artículo 28 que refiere al ejercicio de los derechos y señala que “los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 15 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley.”

No aclara si, en el caso de los menores de edad mayores de quince años y menores de dieciocho, los derechos solo pueden ser ejercidos por estos o si los padres podrán asumir también su representación en ejercicio de la patria potestad

Actividades electorales

Otro cuestionamiento de la PGR es sobre el artículo 57, donde se establece la “utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales”, el cual dice:

“El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.”

Para la Procuraduría no existe claridad en la intención de excluir la propaganda electoral como comunicación comercial, por lo que se recomienda valorar la pertinencia de esta disposición.

“Especialmente, tomando en consideración que existe la posibilidad de pagar publicidad y propaganda en redes sociales y medios electrónicos, lo cual, hace que su naturaleza sea comercial”, agregan.

Además, se señala que este artículo establece que “se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.”, pero no se explica cuál es el mecanismo ni quién lo va a establecer, con lo cual podría someterse a las personas a la obligación de soportar envíos masivos de propaganda de tipo electoral por parte de los partidos políticos sin posibilidad de rechazo.

Por último el proyecto hace referencia a que la Agencia de Protección de Datos Personales, será un órgano con desconcentración del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con idoneidad especial y técnica e independencia operativa y potestad reglamentaria.

“Con ello, deben aclararse los alcances de la desconcentración que se reconoce a la Agencia y valorar si cuenta o no con personalidad jurídica instrumental para manejar su propio presupuesto, aclarando cuál será la injerencia que se autoriza al Ministro de cartera”, señala la PGR.

La PGR recuerda además que dado que la presente ley tiene relación con el derecho fundamental protegido en el numeral 24 de la Constitución Política, debe ser aprobado por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.

Este proyecto no ha sido convocado por el Gobierno por lo que no ha podido avanzar en el actual periodo de sesiones extraordinarias.

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