Costa Rica | Impulsan nuevo proyecto contra el roblo de cable telefónico
CRHOY Bharley Quiros
La diputada de Nueva República Gloria Navas presentó a la corriente legislativa un nuevo proyecto de ley para evitar el robo de cable telefónico y otros materiales del demanio público.
El expediente 23.748 se suma a cuatro proyectos más que están en la corriente legislativa que persiguen fines similares.
Según Navas los proyectos presentados hasta ahora imponen sanciones más fuertes a los infractores, pero parte de la cadena delictiva en la sustracción de materiales queda sin sanción. Además, que la reincidencia no se sanciona.
Por ello este nuevo proyecto establece sanciones de carácter administrativo, toda vez que la legislación que se encuentra en la corriente busca perseguir al infractor menor, y aquí se propone también perseguir la comercialización y el lucro de los bienes destinados al servicio público, por parte de exportadores de cobre, metal, aluminio y otros metales.
También busca dotar a los centros de investigación de la fe pública para que los funcionarios acreditados por las instituciones que tiene un departamento de investigación como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), puedan dar plena prueba a las actas que levantan así como establecer de una manera más expedita el proceso penal correspondiente.
Penas
El proyecto establece:
- Será reprimido con prisión de seis meses a seis años al que, trasportara cualquier componente que forme o formara parte de la infraestructura de redes terrestres, subterráneas, aéreas o subacuáticas, utilizadas en el suministro y uso de servicios públicos que, de acuerdo con las circunstancias, debía presumir provienen de un delito.
- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, recibiera cosas o bienes que, de acuerdo con las circunstancias, debía presumir provenientes de un delito.
Además, se declara como bien de dominio público para satisfacer el servicio del interés público; y, por lo tanto, fuera del comercio: el cable telefónico; la vía férrea; señalización vial tanto horizontal como vertical, así definida en la Ley de Tránsito; los oleoductos y los sistemas de servicio de agua potable.
Como resultado, se prohíbe su comercialización y la acción del Estado para recuperarlos es de mera constatación administrativa, sin que medie un proceso judicial.
complementando así el marco jurídico dispositivo con normas administrativas para atacar de prima facie, la posesión y comercialización de estos materiales.
Del 2011 al 2021 se denunciaron 4.298 robos de cable, los que afectaron a 46 cantones y a más de 17.000 clientes.
El ICE reportó pérdidas por más de 13 mil millones de colones en los dos últimos años. Incluso, se dio el caso de la afectación del Hospital Blanco Cervantes que estuvo incomunicado por 5 días.