Costa Rica | ICE declara confidencial informe usado para destituir a tres directivas

La Nación Juan Diego Córdoba

La vicepresidenta de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marianella Feoli, una de las tres directivas suspendidas de sus cargos por el Gobierno, afirmó que no ha tenido acceso al informe de auditoría que el presidente Rodrigo Chaves usó como base para removerlas del cargo. Se trata de un documento que les achaca incumplir los requisitos para el cargo, lo cual ellas niegan.

A su vez, por medio de su oficina de prensa, el ICE informó de que el informe de auditoría es de carácter confidencial, por lo cual no podía facilitar copia del documento. La empresa estatal también dijo que no se referiría a los cambios en su Junta Directiva, pues los nombramientos son competencia directa del Consejo de Gobierno.

Sobre la suspensión, Feoli dijo: “Nosotros nos enteramos por medios de comunicación. No tenemos ninguna copia ni recibimos nada de la auditoría para conocer ese informe, me imagino que lo habrá mandado directamente al Consejo (de Gobierno).

“Lo que sí sabíamos es que, en febrero, ella (la auditora interna) había solicitado a Casa Presidencial copia de los expedientes de todos los nombramientos de los últimos años. Entonces, de ahí a saber que se detectó algo…, pues nos enteramos por prensa y estamos buscando la forma de obtener la documentación para poder objetar o responder, porque nosotras sí cumplimos los requisitos”, afirmó Feoli.

Las directivas suspendidas sostienen que su salida y el nombramiento de sus reemplazos por parte del presidente, Rodrigo Chaves, son decisiones que “carecen de sustento legal”.

Requisitos legales

La Ley de Creación del ICE establece que el Consejo Directivo tiene siete directivos nombrados por el Poder Ejecutivo.

Sobre los requisitos, el artículo 10 dice: “Tres directores serán ingenieros, con especialidad o experiencia profesional en telecomunicaciones o electricidad; uno, licenciado en Ciencias Económicas con el grado de maestría en Administración; uno, licenciado en Informática, con especialidad en Telemática y otro, licenciado en Derecho, con especialidad o experiencia profesional en Derecho público; todos deberán estar incorporados a sus respectivos colegios profesionales, de conformidad con la ley.

“Los directores deberán contar con un mínimo de siete años de reconocida experiencia profesional, gerencial o empresarial en las áreas antes indicadas. Todos deberán ser costarricenses caracterizados por su honorabilidad. No podrán ser nombrados quienes, por un período de un año anterior al nombramiento, hayan realizado actividades que presenten un conflicto de intereses con el nuevo cargo; los directores serán elegidos por un concurso de antecedentes”.

Las tres directivas suspendidas, Marianella Feoli, Sandra Rojas y Carla Murillo, alegaron en un comunicado que cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por ley.

En el caso de la vicepresidenta, Feoli indicó que siguió un largo proceso de Recursos Humanos para su nombramiento, en el 2019, y que todo está debidamente documentado.

“Yo soy ingeniera industrial de la Universidad de Costa Rica, tengo formación adicional en Gestión Ambiental, Finanzas y Microfinanzas, pero además tengo experiencia de trabajo, más de 15 años, en proyectos donde se incluyen temas de energía sostenible, fuentes renovables, fuentes alternativas de energía, transformaciones necesarias para uso de fuente de energías, por ejemplo, a nivel de biomasa”, afirmó Feoli.

La directiva suspendida agregó que “por eso es que me sorprende mucho que se diga ahora eso, si cuando para poder participar en el concurso documenté todos los años de experiencia de trabajo, no solo en Costa Rica sino a nivel internacional en proyectos de energía renovable y sostenible de cooperación con otros países”.

Feoli es directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo Sostenible desde 2006, organización que, según la directiva, ofrece financiamiento para proyectos de eficiencia energética, desarrollo sostenible, adaptación al cambio climático, entre otros.

Además, fue coordinadora ambiental y consultora internacional de la organización CEGESTI y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre los años 1994 y 2006. En ese tiempo, Feoli lideró programas para mejorar la eficiencia energética en industrias.

Control del Consejo Directivo

El Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está conformado por el presidente ejecutivo y seis directivos más.

Los estatutos señalan que, cada año, se vence el nombramiento de uno de sus seis miembros directivos. Por lo tanto, el Consejo de Gobierno procede a realizar el nombramiento.

De acuerdo con Feoli, ese es un sistema de pesos y contrapesos que evita “lo que sucedía en el pasado, que hace que el Consejo era un ente que solo respondía al vaivén político de cada gobierno de turno. Eso asegura que haya diferentes perspectivas, visiones, contextos”.

Con los tres nuevos directivos, nombrados para reemplazar a las funcionarias suspendidas, el Gobierno tendría mayoría en el Consejo Directivo de la empresa pública.

El nombramiento de Feoli, por ejemplo, vencía en junio de 2023. Mientras que las designaciones de Sandra Rojas y Carla Murillo en los dos años siguientes.

Los sustitutos, nombrados por el Consejo de Gobierno, son Diana Valverde Bermúdez, Henry Gabriel Guevara e Ileana Murillo Masís.

Rodrigo Chaves incluso envió el expediente al Ministerio Público para investigar los supuestos nombramientos ilegales por parte de la administración de Carlos Alvarado.

Al principio del gobierno de Carlos Alvarado, el Consejo de Gobierno también sustituyó a seis directivos que fueron elegidos por la administración precedente: Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Mario Jara Castro.

Ellos fueron suspendidos el 29 de enero del 2019, como medida cautelar, en tanto se desarrollaba un procedimiento administrativo por parte de la Secretaría del Consejo de Gobierno por dos causas distintas: una relacionada con un eventual pago indebido de cesantía; y otra por aparentes actuaciones irregulares en torno a la figura de la gerencia general.

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