CRHoy Erick Murillo
Aunque parezca increíble, más de 13 años después de promulgada la Ley General de Telecomunicaciones, 7 municipalidades no cuentan con un reglamento específico para colocación de radiobases de telefonía.
Así se desprende del Informe Valoración de Reglamentos Municipales para Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones 2021.
De acuerdo con dicho índice, las municipalidades al corte del año pasado que carecen de reglamentación para torres de telecomunicación son: Dota, El Guarco, León Cortés, Limón, Matina, Oreamuno y Puntarenas.
“En el caso de estas 7 municipalidades, al igual que en la evaluación realizada en el 2019, se les asignó una puntuación de 0 puntos, debido a que no fue posible localizar el reglamento vigente en el sitio web del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), y se desconoce la norma que aplican.
Cabe resaltar que previo a la evaluación, a cada uno de estos cantones se les consultó vía oficio “¿Cuál es el reglamento, o norma, actualmente utilizada en su municipalidad para tramitar las solicitudes de construcción de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones?” sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de estos”, señala el informe de revisión de reglamentos.
En su defecto, aplican el Reglamento de Construcciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). Pero incluso aquellos municipios que cuentan con dicha reglamentación, no se salvan de cuestionamientos.
“Al comparar los resultados obtenidos en la primera evaluación (2019) con los de la segunda (2021), se observa que 7 municipalidades modificaron su reglamento entre ambas fechas: Alajuela, Belén, Cartago, Escazú, Moravia, Orotina y Turrialba… para estos cantones se realizó la revisión por parte de 3 profesionales en telecomunicaciones y se obtuvo que la mayoría de estos mejoraron la calificación obtenida.
No obstante, persisten aspectos en los reglamentos que no se apegan a las buenas prácticas y que podrían limitar el despliegue de infraestructura“, resalta el estudio.
Cuando se comparan los resultados de las 2 evaluaciones realizadas, 13 municipalidades ahora forman parte del grupo que derogaron su reglamento y actualmente aplican el de Construcciones del INVU.
El asunto toma relevancia en momentos en que se discute el atraso que sufre el país por no contar con una red 5G, que puede llegar a requerir hasta 10 veces más cantidad de torres que los actuales sistemas de cuarta generación.
Se estima que esa densidad de antenas será necesaria para aplicaciones de carros sin conductor, por ejemplo, aunque la cifra depende de los servicios que brinden las operadoras en un sistema de quinta generación.
“Todo depende de que para qué va a ser 5G, es un tema transversal a la industria; el día de mañana cuando tengamos vehículos autónomos se va a requerir mayor infraestructura que la actual porque al operar en bandas más altas, requiere mayor tipo de soporte.
El core de 5G son los servicios industriales, agricultura 4.0, Internet de las Cosas, pero para servicios básicos para usuarios finales no se requeriría tanta cantidad de radiobases, pero si es para servicios masivos, dependiendo de las frecuencias que salgan a licitación, así va a ser la cantidad de dispositivos requeridos”, explica Andrés Oviedo, gerente de Regulación e Interconexión de Claro Costa Rica.
¿Cómo han lidiado las operadoras?
Toda esta situación representa un obstáculo para los proveedores telecomunicaciones, que tienen que lidiar con más de 70 reglamentos en virtud de la autonomía del régimen municipal.
Expertos coinciden en que la forma más sencilla de llegar a las zonas alejadas es a través de tecnologías inalámbricas, pese a los obstáculos que ponen algunos ayuntamientos.
“Es importante recalcar que, si estas municipalidades no contribuyen, no habrá desarrollo ni conectividad en estas regiones, con la consecuente afectación para sus habitantes”, manifestó José Gutiérrez, Senior Director Legal & Regulatory en Cabletica-Movistar.
“El país tiene un reto en la materia y de cara a 5G, debe potenciar una red de transmisión robusta en fibra óptica para lo cual se debe habilitar la construcción de ductería y demás infraestructura necesaria en vías nacionales y municipales; búsqueda de sinergia en las obras civiles para mejora de servicios municipales y posibilidad de soterramiento progresivo de las redes aéreas actuales; contar con agilidad en la gestión de permisos a nivel de SETENA y SINAC y claridad en los reglamentos municipales”, recalca Gutiérrez sobre la forma en que enfrentan el reto ante los gobiernos locales.
“Lo que hemos hecho es ir a sentarnos con los gobiernos municipales donde podemos tener inconvenientes y decirles: quieren cobertura, tenemos que colocar esto (torres). Hemos tenido buena recepción de estas municipalidades, sería mejor contar con una reglamentación clara.
Al inicio fueron experiencias traumáticas, pero la situación ha mejorado, hay más apertura de las autoridades para conversar con los funcionarios, es más sencillo. Esto ha sido una historia de aprendizaje”, manifiesta por su parte Oviedo.
Además, agrega que hay sentencias de la Sala Constitucional que han determinado que al ser estos servicios tan relevantes para la población, la autonomía cede ante el interés general.
