Después de muchos años de que los usuarios no pudieran utilizar Uber o DiDi en Quintana Roo, el Congreso estatal aprobó este jueves una reforma a la Ley de Movilidad que permite la operación de las plataformas digitales de transporte en la entidad.
Ahora la ley contempla que las aplicaciones tecnológicas podrán funcionar en el estado contando con la autorización del Instituto de Movilidad, y los conductores también deberán tener un permiso para la prestación del servicio.
De acuerdo con el documento de decreto, el permiso sólo tendrá vigencia de un año, por lo que deberá renovarse de forma anual. Los vehículos también necesitarán cubrir ciertas especificaciones. Por ejemplo, contar con botones de pánico físicos o digitales, cámaras de video, grabación de voz, un código QR de identificación.
La reforma señala, además, que los prestadores de servicios privados a través de las plataformas digitales deberán ser dueños de los vehículos, y no podrán subarrendarlos a otras personas, pues, de lo contrario, serían acreedoras de sanciones.
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Por otro lado, también hubo ajustes en materia fiscal. El Congreso determinó que las empresas tecnológicas, que fungen como intermediarias entre conductores y pasajeros, estarán obligadas a pagar un impuesto del 1.5 por ciento del valor del servicio contratado, “en atención a las condiciones de movilidad y mercado de la zona donde se presta el servicio”.
Dicha contribución se realizará de manera mensual: el 1 por ciento se destinará al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, y el resto irá al Fondo de Movilidad. En caso de no cumplir con la disposición, las plataformas podrían perder el permiso para operar en la entidad.
El Congreso resaltó que las reformas brindan un esquema regulatorio igualitario respecto a las condiciones competitivas del mercado económico, pero respetando la naturaleza propia tanto del servicio público como del privado a través de un esquema normativo diferencial.
Con las reformas, el decreto destaca que se busca garantizar y promover el derecho humano a la movilidad, dado que las plataformas se han convertido en una opción importante para que la población pueda trasladarse en el espacio público.
Los cambios a la Ley de Movilidad de Quintana Roo se dan luego de varias disputas legales y de una dura oposición por parte del gremio taxista contra la operación de las aplicaciones tecnológicas. En enero de este año, un tribunal del Poder Judicial de la Federación en Cancún otorgó un amparo a Uber que le permitía estar activa en la entidad.
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Uber tuvo que recurrir al tribunal debido a las trabas que encontraba en los taxistas y en el propio gobierno. En su fallo, la corte reconoció que la legislación de transporte en ese entonces se encontraba desactualizada e incluso era inconstitucional.
Esta resolución del tribunal abrió la puerta a un debate más amplio sobre la operación de las aplicaciones de transporte en el estado, donde tanto locales como turistas se han quejado de que anteriormente no podían acceder a viajes por medio de plataformas.
Más tarde, en febrero de 2023, un grupo de diputados presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad. Esa versión ya contemplaba un impuesto sobre las plataformas digitales, aunque en ese momento incluso la aportación llegaba hasta el 2 por ciento, por encima de lo que se ha planteado en otras entidades (1.5%).