Conexis celebra que Brasil agravará penas por robo de cables
Conexis, entidad que representa a las principales operadoras de telecomunicaciones de Brasil, celebró la aprobación del Proyecto de Ley 4872/2024, que aumenta las penas por robo, hurto, receptación y vandalismo contra cables y equipos de telecomunicaciones y energía. El texto, que ya había sido aprobado por el Senado, fue avalado por la Cámara de Diputados el pasado 8 de julio y ahora sigue para sanción presidencial.
Para la entidad, la nueva legislación representa una victoria para los usuarios de servicios digitales y refuerza el combate a delitos que afectan a millones de brasileños. “El tratamiento legal adecuado que será promovido por la futura ley es esencial para enfrentar estas acciones delictivas que perjudican a millones de brasileños”, afirmó la asociación en un comunicado.
Datos presentados en la Cámara indican que, en São Paulo, los perjuicios alcanzaron los R$ 500 millones en 2023, y en el Distrito Federal se registró un aumento del 112 % en los casos en el primer semestre de 2025.
El proyecto de ley modifica el Código Penal para establecer sanciones más severas a los delitos contra la infraestructura de conectividad, con penas que pueden llegar hasta los 16 años de reclusión en casos de receptación (encubrimiento) calificada. La propuesta también tipifica la interrupción de servicios públicos esenciales, como Internet, telefonía y energía, cuando son provocadas por robo o sabotaje.
Algunas de las modificaciones quedaron así:
- de 2 a 8 años de prisión para el hurto (antes era de 1 a 4 años);
- de 6 a 12 años para el robo (antes de 4 a 10 años);
- de 2 a 16 años para la receptación, si es reiterada o calificada.
Según Conexis, el sector ha defendido una acción coordinada entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos los niveles de gobierno, para enfrentar el problema. La entidad también destaca que tales delitos ya no pueden ser considerados de bajo potencial ofensivo, dada su afectación directa al funcionamiento de servicios esenciales como salud, seguridad pública y educación.
El texto aprobado tuvo origen en el Senado y fue relatado por el senador Marcelo Castro (MDB-PI). En abril, ya había sido aprobado por esa Cámara con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, y regresó a Diputados tras cambios puntuales.