Con la Ley Gigabit, las empresas de torres en Europa pasan a ser reguladas: ¿México qué tan lejos está?
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Infraestructura Gigabit (GIA, por sus siglas en inglés), Europa marca un antes y un después: las empresas de torres —que durante años operaron en un entorno desregulado y favorable— ahora serán tratadas como entidades sujetas a reglas claras, transparencia y supervisión. El mensaje desde Bruselas es contundente: no se puede construir el futuro digital dejando fuera del marco regulatorio a infraestructuras críticas como torres, mástiles o azoteas.
Durante mucho tiempo, las towercos europeas crecieron con modelos de negocio de alto margen y bajo riesgo, respaldadas por fondos que buscaban ingresos estables. Eso se acabó: a partir de ahora, deberán garantizar acceso abierto, condiciones no discriminatorias y precios razonables para los operadores de redes de fibra y 5G. El acceso ya no será un privilegio negociado en privado, sino un derecho regulado.
Renegociaciones y transparencia obligatoria
Este nuevo escenario abre la puerta a que muchos contratos existentes —firmados en contextos poco competitivos— sean renegociados. Cláusulas rígidas, precios elevados y acuerdos a largo plazo estarán bajo revisión. Además, todas las empresas de torres tendrán que registrar sus sitios, disponibilidad y tarifas de referencia en una plataforma pública digital. Lo que antes era información reservada, ahora será compartida con todo el ecosistema.
Inversionistas bajo presión
Uno de los cambios más sensibles está en el terreno financiero: muchos inversionistas apostaron por las towercos bajo el supuesto de ingresos crecientes y sin interferencias regulatorias. Pero con estas nuevas reglas, es probable que las valoraciones bajen y el apetito de inversión se modere. Lo que ayer era una apuesta segura, hoy se convierte en un sector expuesto a mayores riesgos regulatorios y contractuales.
Disputas más rápidas… pero más frecuentes
La GIA establece procedimientos acelerados para la resolución de conflictos —de uno a cuatro meses— con intervención directa de la autoridad competente. Es una medida necesaria para evitar que los litigios frenen la transición digital. Pero también existe un riesgo: un aumento de disputas a corto plazo, a medida que los operadores comiencen a ejercer los nuevos derechos que les otorga la ley.
También bajo la lupa los agregadores
La GIA extiende la obligación de negociar de buena fe a las empresas que actúan como agregadoras de terrenos —entidades que adquieren y gestionan derechos de uso de sitios para los operadores. También en este ámbito termina la era de la opacidad y los márgenes arbitrarios: la regulación alcanza ahora el corazón mismo de la cadena de valor.
¿Y en México, qué está pasando?
El cambio regulatorio que introduce la GIA ya empieza a resonar fuera de Europa. En México —un mercado digital en expansión, con más de 18,000 torres activas y un despliegue acelerado de redes 5G— el gobierno avanza en una dirección similar.
El Congreso de México aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones que contempla medidas clave: la compartición obligatoria de infraestructura, un mayor control estatal y la creación de un registro nacional de infraestructura, que obligará a los propietarios de torres a reportar periódicamente datos relevantes como ubicación, disponibilidad y condiciones de acceso.
Empresas como American Tower, Phoenix Tower International, Telesites y operadores locales podrían enfrentarse pronto a obligaciones similares a las europeas. Al igual que en la Unión Europea, avanzar hacia mayor transparencia y acceso equitativo podría poner en entredicho modelos tradicionales de precios y afectar valoraciones. Para los inversionistas, esto apunta a una tendencia global más amplia: el fin de las rentas no reguladas en el negocio de las torres, no sólo en Bruselas, también, potencialmente, en la Ciudad de México.
Un cambio necesario para no quedarse atrás
Mientras Estados Unidos y China invierten a gran escala en redes digitales de alta capacidad, Europa —y posiblemente México— buscan herramientas para cerrar la brecha. La GIA no es sólo una reforma técnica: es una apuesta por acelerar el despliegue, reducir costos y dar más poder a los operadores que verdaderamente conectan a los ciudadanos.
El futuro regulado de las torres: una oportunidad
Regular las torres no es frenar el desarrollo, es modernizarlo. Europa lo entendió: transformar una infraestructura silenciosa en un eje estratégico de política industrial. México puede tomar nota. Lo que está en juego no es sólo quién construye las torres, sino quién define las reglas para garantizar que la conectividad sea un derecho para todos —y no un privilegio comercial.