La falta de una regulación para las plataformas de transporte en Colombia ha generado un enfrentamiento legal entre autoridades y empresas, persecusión a los conductores, incertidumbre jurídica y barreras para la innovación en este segmento de la llamada economía colaborativa.
El Congreso de Colombia podría terminar el actual periodo legislativo el 16 de diciembre sin una ley para regular a las plataformas de movilidad, como Uber, DiDi y Cabify, luego de que en mayo se hundiera el proyecto para crear un marco normativo en la materia.
Quedará un segundo y último periodo, antes de que finalice el actual cuatrienio constitucional en el gobierno de Iván Duque, para que se discuta un nuevo proyecto de ley. De no ser así, será necesario buscar otros caminos que permitan el desarrollo de este modelo de negocios y un modo de movilidad que cada vez cobra mayor relevancia para la población.
Los expertos en competencia advierten que regular a las plataformas no debe seguir la lógica de resolver las problemáticas de algunos agentes económicos, pues deben competir por el mercado en condiciones equilibradas. En Colombia, como en otros países del mundo, los gremios taxistas han frenado la aprobación de un marco normativo, pues se oponen a la operación de las aplicaciones porque no cumplen con los mismos requisitos que el taxi.
Para el Presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Alberto Yohai, la regulación de las plataformas colaborativas debe ser moderna, innovadora y simplificada, y promover la libre competencia y la seguridad jurídica en beneficio de los usuarios.
Únicamente bajo esos principios se podrá garantizar un entorno atractivo para las inversiones en la economía digital y asegurar la continuidad de una importante fuente de ingresos para las personas en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19, destaca.
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Yohai puntualiza que la situación tampoco se debe reducir a una oposición entre plataformas de transporte compartido y taxis tradicionales, pues la irrupción de las aplicaciones ha propiciado que los taxis mejoren sus servicios y también las ha incentivado a adoptar tecnologías para ser más eficientes y rentables, por lo que las plataformas no son adversarias sino complementarias en las distintas modalidades de transporte y movilidad.
De acuerdo con la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, las plataformas digitales aportan alrededor de 0.23 por ciento del PIB en Colombia y ha contribuido a la expansión de otros sectores ―como las pymes a través del delivery―, además de que se han vuelto una alternativa de ingresos ante el aumento del desempleo.
Faltan coherencia y voluntad política
Sin embargo, por ahora el panorama es incierto para las plataformas, socios conductores y consumidores. En junio, la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) ordenó investigar y sancionar a las personas que prestan servicio de “transporte público en vehículos particulares”, incluyendo a los choferes de las aplicaciones.
El organismo regulador abrió la puerta para que las autoridades de ciudades capitales y municipios pudieran imponer multas por hasta 700 salarios mínimos mensuales (164 mil dólares) contra los conductores, por considerar que se trata de un servicio ilegal.
Para dar marcha atrás a esta medida, las plataformas de movilidad están en medio de un litigio contra Supertransporte. Alianza In, una asociación que agrupa a estas empresas en el país, interpuso una demanda que argumenta que la disposición daña la libre competencia y va en contra del interés general de la ciudadanía.
“Tiene que haber una coherencia entre querer ser un país moderno, competitivo, innovador y generar oportunidades de emprendimiento” y las acciones de política pública y regulatoria, expresa el presidente de la CCIT.
“Lo que las entidades del Estado efectivamente están demostrando con sus acciones muchas veces no es una mala intención (…); es precisamente porque falta el marco regulatorio y legal para que las entidades del Estado no tengan que generar todo tipo de acciones antipáticas con este segmento de la economía”.
Yohai considera que el principal obstáculo para llenar el vacío regulatorio actual es la falta de voluntad política y el desconocimiento sobre cómo funciona la economía colaborativa ―el intercambio de bienes y servicios a través de las plataformas digitales, y sus oportunidades y beneficios para el crecimiento económico.
Además, resalta la importancia de que se involucren en la tarea las autoridades como la Alta Consejería para la Innovación y la Transformación Digital, creada por el presidente Iván Duque en 2018 y el Ministerio TIC, y no sólo las autoridades sectoriales de transporte, debido al componente tecnológico de las plataformas de movilidad.
