Colombia | MinTIC: los tentáculos de firmas del escándalo en gobernaciones y alcaldías
Aún el país no conoce la dimensión ni los efectos del escándalo por el contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
El FBI ya está investigando si dineros públicos fueron sacados o no ilegalmente del país y movidos a través de su sistema financiero, mediante la empresa Nuovo Security LLC, afincada en Delaware, Florida.
Asesores jurídicos de institutos, gobernaciones, alcaldías e incluso organismos de control están evaluando si tienen que caducar o ceder los contratos suscritos con las empresas que conforman la UT.
Y la Fiscalía avanza en interrogatorios a varios de los implicados para tomar las primeras decisiones en torno a la aparición de garantías calificadas como falsas, por el Banco Itaú, que aparecen respaldando el contrato de conectividad por 1,07 billones de pesos.
Pero el caso ya empezó a tener otras consecuencias. No solo se está buscando una cantera de documentos falsos que estarían siendo usados en otras licitaciones y procesos públicos, como el que EL TIEMPO encontró en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), por 18 millones de dólares.
Asesores jurídicos de institutos, gobernaciones, alcaldías e incluso organismos de control están evaluando si tienen que caducar o ceder los contratos suscritos con las cuatro empresas que conforman la UT: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), ICM Ingenieros S. A. S., Intec de la Costa y Omega Building Constructora S. A. S
El invías ya le envió cartas a los consorcios para la cesión de parte de los contratos.Foto:
EL TIEMPO
El primero en enfrentar el tema fue el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Primero, congeló anticipos. Y ahora le dio plazo hasta el próximo 25 de agosto a cuatro consorcios para que cesen la participación que tienen ICM Ingenieros S. A. S. e Intec de la Costa en contratos que ascienden a 599.000 millones de pesos.
En entrevista con este diario, el director del Invías, Juan Esteban Gil, fue enfático en que los contratos se adjudicaron vía licitación. Y en que la ley 80 (en su artículo 9) no permite la caducidad sino la cesión de esas participaciones.
La aclaración se debe a afirmaciones del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, según el cual debía proceder la caducidad inmediata.
Invías asegura que las obras no se van a ver afectadas´con las cesiones de los porcentajes de ICM Ingenieros e Intec de la Costa.
“Los consorcios pondrán a consideración nuestra a quién cederle su participación. El Invías hará la evaluación jurídica y técnica para saber si cumplen los requisitos”, explicó.
Si no cumplen, se procede a su terminación.
Y no se trata de obras medianas. El primer contrato con el Invías en el que figura ICM, con un 50 por ciento, es el mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Transversal Quibdó – Medellín, sector 2.
Aparece como fecha de inicio el 29 de diciembre de 2017, y de terminación, el 31 de diciembre de 2022.
El monto es de 117.630 millones de pesos. En ese consorcio también figura Intec de la Costa S. A. S., con un 25 por ciento.
En el mismo lío están las obras en el corredor Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal, en Boyacá y Casanare.
El contratista es el Consorcio Corredores Viales, en donde ICM Ingenieros tiene un 30 por ciento. La fecha de inicio fue el 14 de julio de 2021, y el monto: 137.479 millones de pesos.
Finalmente, el Invías deberá probar la cesión de un cuarto contrato en el que también figura ICM, con un 45 por ciento: las obras de estabilización, mantenimiento y rehabilitación de la carretera Altamira-Florencia, en Huila y Caquetá.
El monto es de 44.533 millones de pesos.