Las sombras de varios condenados por el saqueo a Bogotá, a través del llamado ‘carrusel de la contratación’, rondan el escándalo del contrato firmado entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), por 1,07 billones de pesos.
De hecho, esa es una de las líneas de investigación que se sigue, al igual que la de la ‘cantera’ de garantías presuntamente falsas que se usaron para ganar esa licitación y otros contratos en varias entidades públicas.
Pero hasta ahora, la única pista de la participación de fichas del ‘carrusel’ en este escándalo es la presencia en la UT de ICM Ingenieros, ligada en el pasado al condenado exgobernador Álvaro Cruz.
Y Juan José Laverde, subgerente de Rave Agencia de Seguros –quien sirvió de puente para conseguir las garantías–, le admitió a EL TIEMPO que conocía a Emilio Tapia, el señalado cerebro del ‘carrusel’: “Es un conocido de vida”.
Y aunque admitió que Tapia ha aparecido en un par de reuniones de negocios con sus clientes, Laverde negó cualquier nexo de este con el caso, incluidas las garantías –calificadas de falsas por el Banco Itaú– por las que instauró denuncia ante la Fiscalía.
Pero un preacuerdo que se cocina con uno de los involucrados y un correo electrónico que EL TIEMPO tiene en su poder dejarían en evidencia nexos entre ambos escándalos.
En efecto, este diario estableció que Inocencio Meléndez, el primer condenado por el ‘carrusel de la contratación’, recibió documentos y datos claves sobre el caso de Centros Poblados.
La justicia encontró que Meléndez, exsubdirector técnico del IDU, solicitó y aceptó prebendas para modificar pliegos de condiciones y beneficiar a un grupo de contratistas, incluido Tapia. Tras pagar una pena de 7 años y luego de firmar un acuerdo con la Fiscalía, recuperó su libertad en 2015.
¿Cómo encaja ahora?
El 28 de junio pasado, tres días después de que el Banco Itaú calificó de falsas las garantías usadas para respaldar el contrato de conectividad, Centros Poblados instauró una denuncia ante la Fiscalía. Además, envió una serie de soportes al ente de investigador.
EL TIEMPO tiene evidencia de que el mismo correo le llegó con copia oculta a Inocencio Meléndez. En efecto, el mensaje, enviado a las 4:44 de la tarde, le fue remitido a “Inocencioconsultor, coordinadorjuridico@grupoirmabogados.com y a Litigacionydefensas@grupoirmabogados.com
EL TIEMPO estableció que Meléndez hace parte del equipo legal del Grupo IRM Consultoría Contractual S. A. S.
El correo lo firma Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados. Pero la cuenta de origen del mensaje es la oficina de abogados donde ahora trabaja Meléndez.
“Yo le pedí el favor de que me ayudara con el tema de la radicación de la denuncia porque es un tema nuevo para mí. Yo soy cartagenero y lo conozco hace tiempo”
Cuando EL TIEMPO le preguntó a Duque Torres qué rol cumplía Meléndez dentro del caso, dijo: “Inocencio no tiene ningún papel dentro de la defensa”.
Pero cuando se le mencionó el correo, explicó: “Yo le pedí el favor de que me ayudara con el tema de la radicación de la denuncia porque es un tema nuevo para mí. Yo soy cartagenero y lo conozco hace tiempo”.
Agregó, además, que Meléndez está atento a cualquier cosa que él pueda necesitar, pero insistió en que fue un favor: “Si él hizo algo, ya pagó por ello. Hoy está ejerciendo su profesión”.
Duque también le confirmó a EL TIEMPO que su abogado es el exvicefiscal Ricardo González, quien tuvo en sus manos, entre otros, el expediente del ‘carrusel de la contratación’.
Incluso, en octubre de 2012, lo relevaron del caso, en momentos en que, según él, estaba recibiendo colaboración clave de Emilio Tapia.
Aunque Duque le aseguró a EL TIEMPO que González era su abogado en lo penal, el exvicefiscal le dijo a este diario que aún no había tomado una decisión, aunque cree que sí asumirá esa defensa.
EL TIEMPO también estableció que se le pidió al exfiscal general Mario Iguarán que asesore a la UT en el tema penal. En las próximas horas se definirá si asume o no el caso.
También hay un exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional apoyándolos en las tutelas. Y el exconsejero de Estado Enrique Gil Botero les emitió un concepto sobre la legalidad de declarar la caducidad en contratos como el que se firmó con el Mintic.El preacuerdo
De manera paralela, este diario estableció que uno de los implicados en el caso ya avanza en un principio de oportunidad con la Fiscalía. Es más, los investigadores creen poder tener acceso a nombres, fechas, chats y otra evidencia que dejaría al descubierto quiénes están detrás del tema de las garantías calificadas de falsas por el Itaú.
Centros Poblados insiste en que acudió a Juan José Laverde y al empresario Jorge Alfonso Molina García-Mayorga. Pero este último le dijo a EL TIEMPO que lo que se está diciendo no es la realidad de lo ocurrido.
Este es el concepto del exconsejero Enrique Gil Botero sobre el contrato entre Centros Poblados y Mintic.Foto:
EL TIEMPO
Por ahora, se confirman reuniones y mensajes en los que los implicados les estarían ofreciendo prebendas a terceros para que asuman responsabilidades.
Además, se rastrean documentos, certificaciones y aprobación de millonarios cupos bancarios, usados en licitaciones públicas, que no serían auténticos.
Adicional al caso revelado por EL TIEMPO en la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), se indagan otros contratos con esos mismos documentos en Cali y en un viejo contrato de cárceles con Fonade.
