Siempre será desafortunado precipitarse a legislar sobre nuevas herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA); nos aleja de su desarrollo y de su aplicación práctica. Colombia necesita estimular esta industria, así como su apropiación por la mayor parte de nuestra sociedad para ser competitivos en el contexto internacional.
En los últimos seis meses en el Congreso, se han presentado cuatro proyectos que buscan legislar sobre la IA.
Los matices son varios: van desde aproximaciones generales frente a su desarrollo, uso e implementación, hasta las más específicas que hablan sobre la necesidad de armonizarla con el derecho al trabajo y mitigar una posible pérdida masiva de empleos.
En paralelo, los ministerios de TIC y de Ciencia anunciaron el lanzamiento de un CONPES y una hoja de ruta para garantizar la adopción ética y sostenible de la IA en Colombia, además de la presentación de un quinto proyecto de ley que han llamado “Ética en la Inteligencia Artificial”.
Los mitos que se han construido alrededor de este concepto han llevado a que exista una falsa idea de que si la IA no se reglamenta, puede ocasionar conflictos bélicos entre máquinas y humanos, filtraciones masivas de información confidencial y pérdidas incontrolables de puestos de trabajo.
La desinformación ha impedido que todos entendamos con claridad porque surgió, cómo ha evolucionado, los beneficios que ha traído y los que continuará generando si se fomenta su desarrollo y uso responsable e, incluso, los riesgos reales que puede ocasionar
La IA es una tecnología informática dedicada a imitar las funciones cognitivas de los humanos. Se conceptualizó y probó a finales de la década del 50 y avanza rápidamente a medida que aumenta la capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento de datos y la encontramos todos los días en muchos software que utilizamos (Netflix, Rappi, Tinder, Uber, etc.).
Con ella se ha logrado automatizar procesos, reducir tiempos y errores humanos, predecir con mayor precisión y aumentar eficiencia en un sinnúmero de sectores.
A raíz de las decisiones tomadas recientemente sobre esta materia en Estados Unidos y la Unión Europea y la abultada regulación que existe en China, en noviembre de 2023 el tema fue discutido en el Safety Summit de Inteligencia Artificial de Londres.
Si bien hubo consenso acerca de la necesidad de cooperar para asegurar que se desarrolle y utilice de forma segura, aún no se consolida una receta perfecta de cómo regular esta tecnología para fomentar la innovación y el crecimiento, mientras se garantiza la protección de los derechos de los usuarios y se promueve una competencia sana y no restrictiva.
Antes de sumarnos a la proliferación de normas que controlen o limiten el desarrollo de la IA, debemos tener en cuenta las realidades de nuestro mercado y que su desarrollo ha dependido, en gran medida, del financiamiento público para la investigación y promoción de la formación en ciencias informáticas y exactas.
Hoy en día, los países líderes son aquellos cuyos gobiernos destinaron recursos para apoyar la academia y las empresas a invertir en investigación y desarrollo (i+D).
Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, Colombia tiene el gasto gubernamental en IA más bajo de la región y existe un déficit en capital humano avanzado y requerido para i+D de alto impacto y en mercado local de IA.
De acuerdo con el mismo índice, tenemos un puntaje de 100/100 en materia de regulación, además de normas completas y estrictas en materia de competencia, protección y tratamiento de datos personales, un sistema penal que tipifica muchas conductas de ciberdelitos y un derecho laboral garantista que disipa muchas preocupaciones frente a los usos de la IA.
Además, nuestro mercado digital no es comparable con los de Estados Unidos, China y la UE; ni siquiera con los de Brasil y Australia, como para justificar legislar sobre la IA desordenadamente.
La estrategia no debe estar enfocada en límites, restricciones e imposición de cargas a quienes desarrollan la tecnología, sino orientarse al fomento, generar incentivos y la adopción de políticas públicas que promuevan un verdadero ecosistema digital.
Más inteligente sería alinear el país con lo que se discute en los escenarios internacionales y adoptar aquellas recomendaciones o instrumentos normativos allí consensuados.
El Foro Económico Mundial recientemente publicó el Global Risks Report 2024, en el cual se identifican y explican algunos de los riesgos que sí puede representar el uso irresponsable y malicioso de la IA: desinformación y la mala información, sofisticación del cibercrimen y amenaza a la privacidad de los datos.
Si la necesidad es “legislar” y mostrar algún tipo de resultado, actualicemos entonces nuestras normas sobre habeas data a las nuevas formas de uso y tratamiento de información pública e información confidencial y aprobemos urgentemente nuestro proyecto de ley que crea la agencia de seguridad digital.
El afán de establecer reglas a los desarrolladores de tecnologías en el mundo ha llevado a un estancamiento de su propio crecimiento. Tomar ese camino afectaría nuestra incipiente industria.
Legislemos para promover el desarrollo de tecnologías que hagan más eficientes los procesos productivos, para que en nuestro sistema educativo exista una formación en habilidades digitales, en inglés, pues el planeta ya lo eligió como el idioma global (no al suajili), y en la eliminación de barreras para la expansión de redes TIC.
Si así lo hacemos, al cabo de poco tiempo, construiremos una verdadera sociedad digital.