Hace varias semanas les conté aquí que la Fiscalia, a través de su unidad anticorrupción, tenía listo y concertado un preacuerdo con Emilio Tapia en el caso de Centros Poblados, un contrato irregular por más de un billón de pesos que provocó el desembolso de un anticipo de 70.000 millones de pesos.
El proceso de preacuerdo que, hasta la publicación, tenía el visto bueno del gobierno a través de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y del mismo Ministerio de las TIC, es bueno solamente para Tapia. En cambio resulta pésimo para los intereses públicos.
Consagraba que la sentencia de Tapia por su multimillonario acto de corrupción sería de apenas 55 meses de cárcel, con lo cual el año entrante estaría en detención domiciliaria y poco después libre como el viento.
También decía que el señor Tapia no tenía que entregar información, ni delatar a nadie. Y que iba a entregar una suma de dinero simbólica a manera de restauración.
La Fiscalía negó que el preacuerdo estuviera concertado y al día siguiente publiqué los primeros audios de Emilio Tapia contando de viva voz los términos del insólito convenio con el ente acusador.
En ese momento Tapia reaccionó culpando a la fiscal Angélica Monsalve de haberlo grabado y difundido.
Estaba equivocado y le conté que había tres grabaciones coincidentes que lo registran hablando del preacuerdo con diferentes interlocutores. Todos ellos funcionarios públicos.
No tiene sentido repetir lo que ya está dicho y plenamente probado sobre el alcance del preacuerdo.
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