Colombia quiere implementar identificación biométrica en compra de tarjetas SIM para frenar delitos
En el Congreso de la República de Colombia avanza un proyecto de ley que busca implementar la identificación biométrica para vender tarjetas SIM y otras tecnologías similares para disminuir la cifras de extorsión desde centros penitenciarios.
El Congreso de Colombia presentó el proyecto de ley 381 de 2024, que busca implementar la identificación biométrica obligatoria para la adquisición de tarjetas SIM en el país, con el objetivo de frenar delitos relacionados con el uso indebido de líneas móviles, tales como la suplantación de identidad y la extorsión telefónica.
De acuerdo con cifras presentadas en el documento, durante 2023 se registraron 4 mil 766 casos de extorsión a través de llamadas telefónicas, lo que representa 43.02 por ciento de los casos en total, seguido por la extorsión directa con 26.92 por ciento (2 mil 982 casos) y a través de redes sociales con 13.45 por ciento (mil 490 casos).
Para atender la creciente cifra de llamadas de extorsión en el país, el proyecto de ley (PL) propone dos estrategias: el registro de identificación biométrico cuando alguien compra una SIM, e identificación y alertas de llamadas provenientes de centros penitenciarios.
Registro obligatorio de datos biométricos
El proyecto de ley 381 de 2024 establece que todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales (OMV), estarán obligados a registrar datos completos de los usuarios al momento de la compra de una tarjeta SIM.
Estos datos incluirán el nombre completo, número de identificación, tipo de documento (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, NIT o tarjeta de identidad), número de móvil, código IMEI del dispositivo, correo electrónico y, especialmente, datos biométricos para verificar la identidad de los usuarios y prevenir posibles casos de suplantación o uso fraudulento de dispositivos móviles.
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El documento hace un especial énfasis en el rol de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y los OMV, dado que “son quienes tienen un papel esencial en la lucha contra el delito, pero que a pesar de las regulaciones y acceso a la información que deben proveer a la fuerza pública, no existen medidas para controlar la venta y acceso a tarjetas SIM o tecnologías similares en Colombia”.
De ser aprobado, el proyecto propone que si se incumplen estas medidas por parte de los operadores sería “considerado una infracción al régimen de telecomunicaciones, lo que resultará en sanciones, de acuerdo con la Ley 1341 de 2009, que regula el sector de las TIC en Colombia”.
Identificación de llamadas desde centros penitenciarios
Según estadísticas del Ministerio de Defensa, el primer semestre de 2024 ha sido el periodo con más denuncias de extorsión telefónica en los últimos tres años, registrando un incremento del 275 por ciento en comparación con el mismo semestre de 2023. Gran parte de estas extorsiones provienen de centros penitenciarios, donde los internos utilizan teléfonos móviles y tarjetas SIM ingresadas de manera ilegal.
Al respecto, el PL busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC y el Ministerio de Justicia, desarrollen una estrategia que permita identificar de manera tecnológica las llamadas que se originan desde los centros penitenciarios y carcelarios.
“Esta medida no sólo alertará a los usuarios cuando reciban una llamada desde una prisión, sino que también facilitará la labor de las autoridades para rastrear y neutralizar las redes de extorsión que operan desde dentro de estos establecimientos”, detalla el documento.
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El proyecto de ley cita cifras de la GSMA, que en 2016 reportó que 160 países han implementado algún tipo de registro obligatorio para la compra de tarjetas SIM, y más de 30 exigen la recopilación de datos biométricos, como huellas dactilares o escaneos faciales.
Y ahora, ¿qué sigue?
Aunque la propuesta propone estrategias y soluciones puntuales por parte de los operadores móviles y de otros actores del sector como el Ministerio TIC, aún no es muy claro cuál será el rol de las autoridades penitenciarias y otras instituciones encargadas de controlar directamente lo que sucede dentro de los centros de reclusión.
Si bien los operadores de telecomunicaciones pueden ayudar a identificar y bloquear llamadas sospechosas o proveer datos cuando se requiere, la responsabilidad principal de impedir que los internos tengan acceso a teléfonos móviles y SIMs ilegales recae en las autoridades penitenciarias.
Sin un control estricto al interior de las cárceles, los mecanismos tecnológicos y las normativas impuestas a las telecomunicaciones pueden ser insuficientes.
Esto podría ser uno de los puntos a agregar en los debates sobre este proyecto que iniciarán en los próximos días.