Si la palabra clave para las redes 5G es “inversión”, entonces el desafío normativo y regulatorio debe adecuarse a esta acción que es fundamental en América Latina y en Colombia.
Así lo afirmó Ramiro Tovar Landa, especialista y consultor independiente, quien aseguró que tras la pandemia de Covid-19, las economías regionales, y en particular, la de Colombia, se han contraído, por lo que es necesario que las autoridades ofrezcan incentivos de inversión.
“Inversión parece ser la palabra clave, lo suficiente y necesario para cobertura, penetración y cambio tecnológico hacia 5G, pero también hay que tener contemplado que la inversión se realiza si hay incentivos y estos están en función del retorno.
“En el caso de Colombia, tenemos a raíz de la pandemia una economía que se ha contraído, el tamaño del mercado e ingresos se han reducido casi 7 por ciento. Si tenemos un mercado en contracción, las oportunidades de entrada de nuevos competidores disminuyen, porque el retorno hacia el futuro es más riesgoso y hay un incentivo en aplazar inversiones”, comentó Tovar Landa durante su participación en el evento Colombia 5G organizado por DPL Live.
El especialista dijo que las inversiones en telecomunicaciones son de alto riesgo, por lo que es necesario cuidar el entorno macroeconómico y que las instituciones a cargo mantengan los incentivos para que las fluctuaciones económicas no contaminen o no frenen esos incentivos que se dan en el mercado.

Pablo Márquez, consultor de la OCDE, aseguró que tras la pandemia ya es posible argumentar que los flujos económicos quedaron muy afectados. Y es que afirmó que las familias quedaron muy afectadas en su economía y con ello hubo disminución en el consumo.
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“Económicamente ahí tenemos buenos elementos para demostrar que permanecimos en un escenario donde los flujos quedaron muy afectados. Generó un impacto importante en la estructura de ingresos de las familias en Colombia y eso desestimula el presupuesto que tienen las personas. Y esa disminución en la propensión a consumir probablemente impacta los planes de nuevos entrantes, lo que afecta en el largo plazo algún tipo de expectativa de crecimiento de corto plazo en el sector”, aseveró Márquez.
Edwin Fernando Rojas, asistente Senior de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), comentó que en America Latina existe una heterogeneidad en términos de conectividad, lo que impacta en el desarrollo de las políticas públicas.
Aseguró que las redes 5G en Colombia y la región presentan retraso respecto a otros países a nivel mundial, lo que tendrá impacto en la innovación y el desarrollo del sector productivo.
Sol Marina de la Rosa, consultora legal en Derecho Público, Comercial, Regulación, Energía y Comunicaciones, aseveró que algunas de las normas tomadas en Colombia durante la pandemia le parecieron graves, ya que afectaron a la competencia.
“Me preocupó que la abogacía de la competencia se suspende en las épocas de emergencia y también los criterios de publicidad de los procedimientos y de las normas regulatorias, lo que sin duda afecta a los operadores menores que no tienen el acceso que podrían tener a los organismos de regulación y control.
“Me parece grave porque se podrían extremar los términos, ya que algunas de las normas expedidas tuvieron un impacto en la competencia, sobre todo en los pequeños operadores, aquellos que establecieron obligaciones y afectaron en mayor medida a operadores pequeños”, comentó.
Alfonso Miranda, director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia (Cedec), comentó que la regulación que se ha centrado en tener mayor acceso puede pasmar la inversión de aquellos operadores que realmente invierten en el mercado.
“Se puede ver cómo los operadores, si no están haciendo un esfuerzo de inversión en las redes, los servicios van a seguir siendo insuficientes. Colombia no tiene una infraestructura totalmente desarrollada, la llamada es a que el regulador no elimine los incentivos para que haya una mayor red. Muchas veces los operadores tienen mayor participación porque han invertido más y porque tienen una mayor y mejor cobertura. La regulación debe generar apertura para nuevos entrantes, pero que no sea desincentivo para inversión en infraestructura”, dijo Miranda.