Reforma Jorge F. Negrete P.
La historia se cuenta desde hace años y no termina de ser eso, prosa literaria que se convierte en discurso público, negocios privados, frustración cívica y oportunidad perdida. El tiempo desperdiciado.
Muchas ciudades reclaman en América Latina ese apelativo y, sin duda, destacan relevantes momentos de iniciativas únicas y originales, como el primer Registro Civil y de la Propiedad en Santiago de Chile hace 14 años. Los sistemas de inteligencia para seguridad pública de Medellín, el sistema de control del transporte público en Sao Paulo, los sistemas de iluminación inteligente de Río de Janeiro, la red de puntos de Internet de la Ciudad de México y los ahora comunes controles de multas cívicas y licencias on line para conducir que tienen las principales ciudades de América Latina.
Unas más rápido que otras, pero con algún esfuerzo y dedicación. Se ha dejado de hablar de e-gobierno, de informatización del gobierno, de gobierno digital y pasamos a conceptos más estructurados y transversales como estrategias digitales.
Tenemos algunos casos de ciudades que han promovido una revolución en la movilidad urbana como París, Barcelona, Boston, San Francisco y decenas más que han comprendido los distintos niveles de transporte y recorridos urbanos, los de cercanía, los de lejanía y micro viajes o de barrio. Otras ciudades conectan para destruir e inhibir la innovación, inversiones e imponen impuestos. Las ciudades hablan y gritan sus necesidades.
Las ciudades llamadas inteligentes son urbes que deben desplegar infraestructura de conectividad robusta para habilitar el ejercicio de derechos fundamentales en el universo digital, vía Internet, las TIC y las telecomunicaciones. En su conjunto, debemos hablar de política digital y servicios públicos digitales para las ciudades.
¿Las ciudades son inteligentes? No, las ciudades no son inteligentes y el concepto de Smart City empieza a ser chocante, fuera de realidad y proporción a nuestro contexto cultural y económico. Las ciudades conectadas deben recibir un despliegue robusto de infraestructura de telecomunicaciones para facilitar el uso de aplicaciones de software complejas. Se habilitan masivas cantidades de tecnología como el Internet de las Cosas, análisis de grandes datos, nube, baja latencia, cómputo y gestión de datos al borde.
Los servicios públicos, expresión directa y regulada por el derecho administrativo, se pueden ofrecer bajo una extraordinaria oferta tecnológica abierta, transparente, flexible y novedosa, generando en el ciudadano un nuevo estadio de bienestar que denomino “Bienestar Digital”. Derechos fundamentales habilitados en el mundo digital como la movilidad pública, el acceso a la salud, la educación, la seguridad pública y las libertades políticas pueden ser parte de una nueva generación de políticas como las ambientales, reciclamiento de residuos y tráfico vehicular.
Carlos Fuentes, escribió “La región más transparente”. El protagonista era la ciudad misma, sus verdades y mentiras, sus personajes tan triunfalistas como decadentes. A estas ciudades se enfrentan la tecnología y sus usos. Ciudades tan modernas como decadentes, tan visionarias como corruptas, miserables o justas.
La tecnología puede ser habilitadora de la transparencia en su dimensión de lucha contra la corrupción, en su dimensión de datos abiertos, generadora de nueva política pública en salud, tráfico, medio ambiente, educación e inversiones a tiempo real.
Hoy nos enfrentamos a visiones parceladas del mundo digital, distribuidas en secretarías, oficinas burocráticas y funcionarios menores que carecen de visión estratégica y una narrativa sólida que explique cómo la tecnología y la transformación digital mejora la vida de los ciudadanos, empresas y administración pública.
Primero se despliega infraestructura digital, se construye la política pública en la forma de una agenda digital y, al final, se compra la tecnología.
Presidente de Digital Pollicy & Law
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