El gobierno de Costa Rica emitió el 31 de agosto un decreto presidencial con efecto inmediato que tiene como objetivo salvaguardar la ciberseguridad de las tecnologías 5G y superiores.[1]
El reglamento establece una serie de requisitos para los operadores de telecomunicaciones, incluido el uso de ciertos estándares de ciberseguridad y la implementación de medidas de mitigación de riesgos.
Sin embargo, el documento no fue puesto a consideración de la industria en un proceso de consulta pública y coincide con la visita del presidente Rodrigo Chaves a Estados Unidos para reunirse con su contraparte Joe Biden, quien ha mantenido una geopolítica de restricción a empresas chinas de telecomunicaciones y tecnología.
Qué dice el decreto
El documento declara la ciberseguridad de las tecnologías 5G y superiores como “una cuestión de interés público”, lo cual permite tomar medidas para proteger la ciberseguridad de 5G.
Aborda la operación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones, como la próxima licitación de espectro y la adquisición de equipos para la red de quinta generación.
También exige requisitos relacionados con los riesgos potenciales y mecanismos para identificar factores de riesgo, como si el proveedor está obligado a proporcionar datos del cliente o si el país de origen del desarrollador no ha adoptado el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, refiriéndose a China.
El decreto ha suscitado reacciones encontradas. Algunos han elogiado el decreto por su enfoque en la ciberseguridad, mientras que otros lo han cuestionado por ser restrictivo y dañar potencialmente la industria de las telecomunicaciones en Costa Rica. ¿Qué hay detrás de la medida?
La oportunidad de 5G
La tecnología 5G es una de las tendencias más importantes y disruptivas en el ámbito de las telecomunicaciones. Ofrece una serie de beneficios como mayor velocidad, menor latencia, mayor capacidad y mejor conectividad para los usuarios, las empresas y la sociedad en general.
Sin embargo, como cualquier red digital, su implementación también implica una serie de desafíos en materia de ciberseguridad, que requieren de una adecuada gestión y mitigación, lo cual es un compromiso compartido.
En este contexto, el gobierno de Costa Rica ha tomado una decisión unilateral, polémica y controvertida: prohibir la participación de empresas chinas en el desarrollo de la red 5G en el país.
Según el presidente Rodrigo Chaves, esta medida se basa en razones de seguridad nacional y en la alineación con los intereses de Estados Unidos.
No obstante, la decisión tiene implicaciones negativas para Costa Rica, su ecosistema digital, la industria, los operadores de telecomunicaciones y los consumidores.
Al excluir a empresas chinas o de cualquier otra nacionalidad del ecosistema digital y las redes 5G en Costa Rica, se reduce la oferta y la diversidad de soluciones disponibles para el mercado costarricense. La decisión afecta negativamente la calidad, el precio y el despliegue de la red 5G en el país, así como la capacidad de innovación y la adaptación a las necesidades locales.
Una de las principales preocupaciones sobre el decreto es que podría llevar a la exclusión de ciertos proveedores de equipos de telecomunicaciones por razones de guerra comercial y geopolítica.
Al discriminar a empresas chinas por su origen o por supuestas amenazas a la seguridad nacional, se violan los principios de neutralidad tecnológica, no discriminación y libre competencia que rigen el sector de las telecomunicaciones en el país centroamericano.
Asimismo, se incumplen los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en materia de comercio, inversión y cooperación, por razones geopolíticas.
Restricciones en ciberseguridad
El decreto exige el uso de ciertos estándares de ciberseguridad, como el SCS 9001, que no es ampliamente adoptado por los proveedores de telecomunicaciones, en comparación con el más ampliamente adoptado NESAS, liderado por GSMA. Esto podría dificultar que los operadores encuentren equipos que cumplan con los lineamientos innecesariamente técnicos del decreto.
Otra preocupación es que el reglamento podría retrasar el despliegue de 5G en Costa Rica. El documento exige que los operadores realicen un análisis de riesgos e implementen medidas de mitigación de riesgos antes de que puedan utilizar ciertos equipos. Lo anterior implicaría una cantidad de tiempo significativa, lo que podría retrasar el despliegue de redes 5G.
Los operadores de telecomunicaciones ya tienen experiencia en implementar medidas de seguridad y ciberseguridad en sus redes, lo cual las hace extremadamente confiables para sus clientes y consumidores, sin que el gobierno tenga que definir estándares o medidas de mitigación adicionales.
El decreto es restrictivo: prohíbe el uso de equipos de proveedores considerados de alto riesgo, como aquellos que están sujetos a presiones gubernamentales o que no cumplen con ciertos estándares de ciberseguridad. Esta restricción podría dificultar que los operadores encuentren equipos que satisfagan sus necesidades, todo ello por suposiciones de ciberseguridad sin evidencia empírica o planteamientos de índole política.
En general, las implicaciones del decreto presidencial sobre la ciberseguridad de las tecnologías 5G y superiores en Costa Rica aún no están claras en términos de afectaciones, costos adicionales y retraso tecnológico.
El decreto tiene el potencial de mejorar la ciberseguridad, pero también podría dañar la industria de telecomunicaciones y retrasar el lanzamiento de 5G en el país centroamericano.
Ecosistema colaborativo y abierto
Ante este escenario restrictivo y geopolítico, se propone una alternativa más favorable para Costa Rica: promover un ecosistema abierto, colaborativo y confiable para el desarrollo de la red 5G en el país.
Esto implica permitir la participación de todos los proveedores que cumplan con los requisitos técnicos, legales y regulatorios establecidos por las autoridades competentes, sin importar su origen o nacionalidad.
Fomentar la cooperación entre los diferentes actores del sector público y privado, tanto nacionales como internacionales, para compartir buenas prácticas, experiencias y conocimientos en materia de ciberseguridad y despliegues de 5G.
Adoptar un enfoque colaborativo y basado en la evidencia para evaluar y mitigar las amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar la red 5G, sin caer en prejuicios o presiones políticas.
Aplicar medidas proporcionales y efectivas para garantizar la seguridad, la privacidad y los derechos humanos de los usuarios, las empresas y la sociedad en general.
De esta manera, Costa Rica podrá aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la tecnología 5G para impulsar su desarrollo económico, social y ambiental, sin comprometer su soberanía ni su seguridad nacional.
Costos de prohibir proveedores
De lo contrario, una prohibición en 5G en un mercado centroamericano significa un costo económico y tecnológico para Costa Rica y el atraso del país respecto de los potenciales beneficios que ofrece la tecnología.
Cualquier prohibición genera un impacto económico y social negativo. Al impedir el acceso a la tecnología 5G, se pierden las oportunidades de desarrollo que ofrece en sectores clave como la educación, la salud, la agricultura, la industria, el comercio y el turismo, fortalezas económicas de Costa Rica.
El decreto podría generar precios más altos para los operadores, los servicios de telecomunicaciones y las instituciones públicas que compren equipos tecnológicos. Si hay menos proveedores compitiendo en el mercado, podrán cobrar precios más altos y afectar el entorno competitivo. El reglamento potencialmente promueve y favorece la participación de más empresas estadounidenses y europeas.
Si el reglamento sólo se centra en determinados proveedores, podría crear un vacío de seguridad para otros proveedores que no están sujetos a los mismos requisitos; o bien, actualizar cláusulas de inconstitucionalidad por discriminar a ciertos proveedores y beneficiar a otros.
El decreto por sí mismo daña la reputación de Costa Rica como país favorable a los negocios y las inversiones extranjeras. Los inversionistas pueden dudar en invertir en Costa Rica si creen que el gobierno es demasiado restrictivo con las empresas, pero por razones políticas.
Según un estudio de la GSMA, 5G podría aportar un incremento de 2.2 por ciento del PIB de América Latina para 2034, lo que equivale a unos 313 mil millones de dólares. Además, 5G podría generar unos 2.3 millones de empleos directos e indirectos en la región.
Por el contrario, una prohibición en 5G provocaría una pérdida de competitividad y productividad para Costa Rica, así como una brecha digital, de conectividad e industrial con respecto a otros países que sí cuenten con esta tecnología como Brasil, Chile o México.
También se retrasa el avance tecnológico y la transformación digital en el país. Al limitar el acceso a la tecnología 5G, se dificulta la adopción de soluciones innovadoras basadas en la Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), Big Data, Nube y Centros de Datos, Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV), entre otras.
Estas soluciones permiten mejorar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de los procesos productivos y los servicios, así como crear nuevas experiencias y oportunidades para los usuarios.
Según un informe de Ericsson, 5G podría habilitar unos 1,300 millones de conexiones IoT en América Latina para 2026. Sin embargo, una prohibición en 5G podría retrasar el avance tecnológico y la transformación digital de Costa Rica, así como limitar su capacidad de adaptación y resiliencia ante los desafíos actuales y futuros.
Riesgosos enfoques geopolíticos para 5G
Los enfoques geopolíticos -como el que adoptó Costa Rica y otros países como Reino Unido- pueden generar conflictos y tensiones entre los países involucrados, y afectar negativamente la estabilidad, la paz y la cooperación regional e internacional.
Además, crean una situación de desconfianza y hostilidad entre los diferentes actores del sector de las telecomunicaciones, dificultando el diálogo, el consenso y la colaboración para el desarrollo de la red 5G en Costa Rica.
Los enfoques geopolíticos están basados en intereses particulares o ideológicos que no necesariamente reflejan las necesidades, las expectativas y los derechos de los usuarios, las empresas y la sociedad en general.
Además, están influenciados por presiones o manipulaciones externas, que pueden distorsionar la realidad o generar falsas acusaciones o amenazas sobre la seguridad nacional o la ciberseguridad.
Por el contrario, los enfoques de industria y competitivos favorecen el desarrollo de un mercado dinámico, diverso e innovador, que ofrezca soluciones de calidad, accesibles y asequibles para el acceso a la tecnología 5G.
Los planteamientos colaborativos impulsan el crecimiento económico, social y ambiental de Costa Rica, al aprovechar las oportunidades que ofrece 5G para mejorar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad de los sectores clave del país.
Los enfoques de industria acatan las normas locales y están basados en criterios técnicos, legales y regulatorios que garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales de ciberseguridad, así como el respeto a los principios de neutralidad tecnológica, no discriminación, libre competencia y salvaguarda de los derechos fundamentales.
Además, pueden estar orientados a satisfacer las demandas, las preferencias y los derechos de los usuarios, las empresas y la sociedad en general.
La prohibición no es la cura para afrontar los retos de ciberseguridad y el despliegue de 5G. El decreto conducirá a más desafíos potenciales en lugar de resolver los aspectos de ciberseguridad. Las medidas ordenadas por el Ejecutivo están más relacionadas con la geopolítica que con factores técnicos basados en el principio de neutralidad tecnológica.
Es paradójico que un país con una vocación pacifista y hub tecnológico como Costa Rica, haya abierto un frente de tensión y conflicto geopolítico y digital.
[1] El decreto se denomina Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores. Disponible en: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/08/31/ALCA166_31_08_2023.pdf