Chile tiene nueva estrategia de ciberseguridad: causas y consecuencias

Chile tiene una nueva estrategia de ciberseguridad, que regirá hasta 2028. El documento, firmado recientemente por el presidente Gabriel Boric, ofrece continuidad y robustece las políticas locales en la materia. Plasma una suerte de repaso por la situación actual y necesidades más urgentes para luego trazar objetivos específicos para el próximo lustro, al entender que “la tecnología es intrínsecamente vulnerable”.

Michelle Bachelet lanzó en 2017 la primera Política Nacional de Ciberseguridad en Chile, que incluyó 41 medidas para el periodo 2018-2022. La política fue confirmada por Sebastián Bachelet pero “los desafíos se han diversificado y complejizado”, dice el texto en su introducción. Añade que su presentación es resultado de la participación de “numerosos actores del mundo público y privado”.

De acuerdo al diagnóstico esgrimido, Chile se encuentra en el lugar 74 en el Índice Mundial de Ciberseguridad y está séptimo en América, detrás de los países de América del Norte, México, Brasil, Uruguay y República Dominicana. Destaca por su avance en medidas legales, organizacionales y de cooperación; sin embargo, se queda atrás en el ámbito técnico. Según el ranking de ciberseguridad de Estonia, en tanto, Chile está sexto en la región.

Los principales problemas que tiene el país en la materia son: insuficiente resiliencia de organizaciones, falta de cultura de las empresas, falta de especialistas en ciberseguridad —el déficit es de “28 mil especialistas”— y un aumento de delitos en el ciberespacio. “Nuestro país se ve afectado por las tendencias globales pero además tiene problemas específicos”, añade el documento que propone como dimensiones transversales de la nueva política la equidad de género y protección a la infancia y adultos mayores.

Bajo esta realidad, se proponen los siguientes objetivos:

• Contar con infraestructura resiliente, preparada para resistir y recuperarse ante incidentes.
• Fortalecer los derechos de las personas, a través de una mejor institucionalidad y la generación, adopción y promoción de los mecanismos para que todas las personas puedan integrarse a la sociedad, desarrollarse y expresarse plenamente.
• Tener una cultura de ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas y responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales.
• Asegurar la cooperación nacional e internacional a través de todas las instancias posibles.
• Fomentar la industria y la investigación científica acorde a las necesidades del país.

Entre los retos también se mencionan algunos más específicos, como la capacitación de todos los funcionarios públicos en medidas de seguridad digital, la identificación y corrección de inequidades de acceso y uso del ciberespacio, la generación de programas de concientización, mejoras en los planes educativos y la promoción activa de la ciberdiplomacia, entre otros.

La política, ya en funcionamiento, tiene estrecha relación con la política de ciberdefensa (marzo de 2018), la política nacional de Inteligencia Artificial (diciembre de 2021) y la política nacional contra el cibercrimen organizado (diciembre de 2022). Además, el texto propone como relevante seguir el camino del proyecto de Ley Marco sobre Ciberseguridad que, de aprobarse, hará que Chile cuente “con un marco normativo y una autoridad nacional de ciberseguridad de vanguardia en la región y el mundo”, concluye.