Por estos días, el Congreso se ha transformado en el epicentro de las conversaciones, propuestas y negociaciones que buscan avanzar en iniciativas y regulaciones transparentes que mejoren la calidad de vida de los chilenos en distintos ámbitos, incluidas las telecomunicaciones.
En Chile, tenemos esa dualidad donde no sólo existen más teléfonos que personas, sino que además tenemos un promedio de consumo per cápita de 10 Gigabyte por mes, que llegará a 15 Gb por mes al final del próximo año, siendo sólo superado por países como Finlandia, Estonia, Austria, Suiza y Corea.
Por otra parte, tenemos ciudadanos que viven en zonas alejadas, con cobertura precaria y que al desplazarse deben llevar consigo más de un teléfono móvil, o más de una simcard, haciendo verdaderas odiseas para lograr conectarse a alguna red móvil.
Somos “primer mundo” en contar con un tercio de la población que es la de los mejores conectados de la región, en contar con el Gigabyte más barato en todo el continente (US$1,87), en contar con los proveedores de Internet de banda ancha fija más rápidos de toda América Latina (58.08 Mb/s). Paralelamente, somos “tercer mundo”, la ruralidad sigue con los peores indicadores de conexión, un tercio de la población aún no disfruta de la promesa de la Sociedad de la Información y las desigualdades se perpetúan y reproducen en el ambiente digital.
En ese contexto, aparece como un gran avance el proyecto de ley presentado por la senadora Ximena Órdenes para dotar de roaming automático a zonas apartadas, alejadas, extremas, de difícil acceso y rutas distantes, teniendo por finalidad eliminar el problema de cobertura del servicio al pasar de una localidad a otra y garantizar la continuidad de servicio, permitiendo que las personas puedan comunicarse independiente de la compañía con que tengan contrato. Con esto serían cerca de 3 mil 300 localidades favorecidas y una población potencialmente beneficiada de 3.8 millones de ciudadanos. Una propuesta que se ajusta plenamente a las demandas sociales que se expresan exigiendo más oportunidades, no más abusos, más dignidad y priorizar a los que menos tienen.
Recordemos que en las bases de los concursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y aquellos para otorgar concesiones de servicio público de transmisión de voz y datos en las bandas de frecuencias, es el Estado el que define los bloques y las localidades obligatorias que deben ser atendidas por los adjudicatarios. Es decir, si en una zona apartada definida en este concurso hay un solo operador, fue porque el Estado definió ex ante que debía ser atendida de esa manera.
La propuesta de la legisladora de la región de Aysén va en la dirección de emparejar la cancha de acceso buscando equidad territorial e inclusión social, mejorando la conectividad en localidades alejadas, que no son atractivas para el mercado, con el propósito de avanzar en la labor de disminuir la desigualdad digital en todas sus expresiones: territorial, tecnológica, económica, de género y generacional.
El espíritu de esta iniciativa ha sido compartido por parlamentarios de diversos sectores, además de las propias empresas de telecomunicaciones durante la discusión legislativa, entendiendo que el espíritu del proyecto es un avance importante para facilitar el acceso a la tecnología de sectores alejados de nuestro país.
¿Cuál es el problema, entonces? En el marco de su tramitación, el Ejecutivo ha incorporado indicaciones que han transformado el texto en un proyecto confuso, donde los temas significativos del sector los interpreta desde la casuística y los coloca en el territorio de las excepciones. ¿Cómo se coloca la promoción de inversión y despliegue de redes como una excepción, cuando debiera ser el núcleo central de cualquier iniciativa regulatoria? Además, se aleja de su idea original, pues coloca propósitos contradictorios con objetivos cruzados, es inoportuno y pierde el foco sobre lo verdaderamente urgente y necesario para consolidar un ecosistema digital inclusivo.
Con la redacción actual del proyecto, se asume que en nuestro país no hay competencia en el mercado móvil (recordemos que Chile es uno de los mercados mas competitivos donde existen cinco operadores móviles con red: Claro, Entel, Movistar, VTR y Wom, más los Operadores Móviles Virtuales Telestar, Netline, GTD Móvil, Mobilink, Virgin, Falabella, OPS, Simple), con un número de actores que supera la media de toda la región.
No recurre a una definición para identificar a los Operadores Móviles Virtuales de los operadores de roaming o de los proveedores virtuales de red, de los revendedores de servicios, del OMV proveedor de servicios y del proveedor de servicios especializados. Además, recurre equivocadamente al concepto de “roaming obligatorio automático nacional” como una herramienta determinante para fomentar la competencia en redes y servicios, advirtiendo que será a discreción del regulador fijar y forzar las zonas obligadas y las no obligadas.
Tampoco aclara que quienes se dan roaming son sólo los operadores que tienen red propia, por lo tanto la competencia es exclusiva entre los cinco operadores de red y no se define qué y cuáles son las zonas y rutas aisladas, alejadas y de difícil acceso que debieran ser el objeto de este proyecto de ley. Tal como lo plantea el Ejecutivo, en la práctica significa que podría darse el absurdo donde un operador sin red o con muy pocas redes postule por espectro en una próxima licitación 5G y contrate servicio de roaming para el resto de sus operaciones para tener alcance nacional.
Recordemos que fue Chile el primer país de Suramérica donde se establecieron estos servicios móviles virtuales, destacando, al igual que en el Reino Unido, el modelo de acuerdos voluntarios de libre adopción entre OMV y operador de red, promoviendo un enfoque hacia nichos de mercado diferenciados, aportando un nivel de valor agregado a este tipo de servicios sin competir directamente por los mismos usuarios, creando un clima de buena relación y beneficio mutuo, en donde también sale beneficiado el usuario al que se le ofrece una mayor gama de servicios. Esto sin contemplar el cambio de tendencia y del negocio móvil, donde hoy predomina el dato y el acceso a Internet móvil por sobre la voz y la tendencia a contratar servicios pospago por sobre el prepago.
La redacción, tal como se presenta, es redundante sobre algo que ya está regulado y que está presente en la Ley de Telecomunicaciones, que es la opción de brindarse roaming entre las diferentes compañías con cobertura nacional mediante oferta de facilidades y/o reventa de planes sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminarorios. Asimismo, también está definido en las bases de los concursos públicos las condiciones y/o requisitos que incentivan la compartición de infraestructura.
Lo mismo ocurre para el caso de los Operadores Móviles Virtuales, que en vez de una ley necesitan de un marco regulatorio propicio que les permita disponer de condiciones de acceso mayorista e ingresar al mercado de los servicios móviles de voz y datos con valor agregado. Esto ya está definido en un reglamento que fue sometido a consulta pública en 2017 y que aún no se publica.
Por lo tanto, las indicaciones presentadas no abordan ningún nuevo propósito. En cambio, son redundantes sobre algo que ya está regulado y no mejoran las condiciones de acceso a la red por parte de los ciudadanos que viven en zonas apartadas. En cambio, sí se interpreta como una clara señal por no incentivar el despliegue de infraestructura.
¿Es esta la forma de incentivar la inversión de cara a los desafíos que tenemos por delante? Evidentemente, no. Lo que hace es desincentivar el despliegue de redes, condicionando su expansión a una nueva sobrerregulación del sector, en vez de plantearlo como una herramienta para facilitar el acceso, mejorar la calidad de servicio y una mejor experiencia del usuario.
Una mala redacción de este proyecto y un reglamento sesgado pueden inmovilizar, petrificar y estancar al sector, desincentivando la inversión y el despliegue de infraestructura. Si en la banda 700 MHz se necesita 1 radiobase para 12 km; en la banda de 2.6 GHz se necesitan 16 radiobases para 3 km. Mientras que sobre la frecuencia de 3 GHz se requiere instalar una red de small cells distribuidas por las ciudades cada 100 metros. Con este proyecto se pone en duda si podemos avanzar hacia allá.
En Chile, actualmente existen cerca de 25 mil sitios (torres, antenas, sistemas radiantes). Actualmente, las redes de mayor velocidad y capacidad están concentradas sólo en 23 por ciento de las ciudades. La cobertura de fibra óptica es de 6.7 por ciento vs. 21.2 por ciento de los países de la OCDE (OCDE, Diciembre 2016).
Paralelamente, a los 3 mil 066 km de fibra óptica entre Arica y Puerto Montt tenemos que promover que se incorporen otros 20 mil kilómetros de fibra óptica y entre 5 mil y 6 mil nuevas radiobases por año. Hacia 2030, Chile por lo menos debe incorporar 80 mil radiobases adicionales a las que existen a fines de 2019, esto es tres veces más el parque actual, de las cuales 40 mil serán celdas pequeñas.
Esto sólo considerando las zonas urbanas y el patrón de despliegue de las operadoras móviles tradicionales. A esto habrá que agregar la propia estrategia de despliegue de los operadores de infraestructura, la tendencia de los modelos de negocios maduros y lo que hagan los distintos jugadores de nicho en los negocios verticales desplegando sus propias redes.
Todos concuerdan en que, sin el despliegue oportuno de la infraestructura adecuada, quedaremos rezagados en la ruta digital. En los próximos cinco años debemos triplicar la inversión en infraestructura y aumentar por diez la capacidad de soportar dispositivos conectados. Si a esto le sumamos los incipientes usos industriales y de Internet de las Cosas que estamos empezando a observar, y que van a verse impulsados especialmente con el despliegue de redes 5G, tendremos un panorama desde la demanda bastante desafiante para acompañar en términos de infraestructura y, por supuesto, de las decisiones de inversiones que se proyectan en el tiempo.
Estamos en una industria que presenta una tendencia de menores ingresos y a la vez se le exigen mayores inversiones. Tenemos que invertir en los próximos tres años lo que hemos invertido en los últimos siete años. Para eso no necesitamos proyectos confusos e inoportunos, necesitamos una agenda pro inversión de infraestructura digital que estimule la expansión del mercado y que potencie la inversión por parte del sector privado. Cómo hacemos para invertir los 24 mil 800 millones de dólares que necesitamos para redes de nueva generación, mantener el esfuerzo para absorber la demanda de datos, asegurar la calidad y los niveles de servicio y cerrar la brecha digital en el país.
Sin embargo, tal como está el proyecto, éste cambia las reglas del juego de un día para otro, sin ninguna justificación objetiva, optando por una dirección contraria a la que avanza la industria de telecomunicaciones a nivel mundial.
Parte del futuro de nuestro país se juega en el desarrollo digital y debe crear las condiciones para incentivar y multiplicar las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones; promover la transformación digital, productividad y crecimiento; comprender la nueva generación 5G como una tecnología país y nervio central de la arquitectura de la economía digital, y a Internet de las Cosas como factor diferenciador en la transformación productiva. Debemos tener claridad en la hoja de ruta de asignación de espectro y mostrar robustez en la calidad de políticas públicas, disminuyendo cualquier incerteza regulatoria y jurídica.
La industria de telecomunicaciones cambió. Hoy habitan actores diversos en el ecosistema digital nacional y el regulador debe ser un facilitador y no enclaustrarse y obsesionarse por más normas y más sanciones. El mercado nacional no resiste más sobrerregulaciones. Debe abrirse, dialogar y trabajar de la mano con todos, poniendo en el centro a los ciudadanos, comprender la lógica de un mercado dinámico, competitivo, sano y garantizar la certeza de la arquitectura regulatoria.
No tenemos margen para equivocarnos ni enredarnos. Estamos a tiempo de volver al espíritu original del proyecto de ley. Si se siguen confundiendo objetivos, estaríamos sembrando más dudas sobre la ruta que quiere seguir el país en su camino digital.