Diario Financiero
En octubre de 2021, la Compañía Telefónica Rural (CTR) interpuso una demanda arbitral contra su socio comercial, Inversiones Río Hurtado, frente al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM). Las sociedades participaron en conjunto para adjudicarse el subsidio por US$ 100 millones del cable submarino Fibra Óptica Austral (FOA), proyecto impulsado por la exPresidenta de la República, Michelle Bachelet, para mejorar la calidad de internet de las zonas entre Puerto Montt y Magallanes, y así dejar de depender de Argentina.
¿El problema? Según CTR, la promesa acordada entre las partes hace cinco años es “ineficaz”, porque no contiene un plazo o condición que fije la celebración del contrato. Para efecto práctico, la firma ligada al empresario José Cox pidió al juez arbitral de la causa, Rodrigo Guzmán, que se declare nulo el pacto con Inversiones Río Hurtado, de la cual es dueño Cristián Rojas.
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