Por unanimidad, el Congreso Nacional de Chile aprobó la normativa que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en referencia al tendido de cables aéreos. La normativa instaura que los operadores de telecomunicaciones serán responsables de la correcta instalación, identificación, modificación, manutención, ordenamiento, traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos y sus elementos asociados.
Si los cables se encuentran en desuso, serán calificados como desechos, conforme a los criterios de la normativa reglamentaria que dictará la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), y deberán ser retirados por el operador dentro de los plazos que establece el reglamento, en los cuales no podrá superar los cinco meses a partir del momento en que se catalogó como desecho, salvo en casos urgentes.
Si el operador no procede al retiro dentro del plazo establecido, los municipios podrán retirar estos elementos de acuerdo con el procedimiento que se establezca. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con una multa a beneficio municipal de casi 50 millones de pesos chilenos.
En esta línea, la entidad propietaria del poste o ducto donde se encuentre el cable en desuso brindará a la concesionaria o permisionaria el apoyo técnico y operacional necesario para un retiro seguro y sin afectar a los servicios de los usuarios. La Secretaria de Estado añadió que la ley forma parte de la política impulsada por el Ministerio para generar espacios públicos acogedores, que puedan ser utilizados por las personas y embellecer las ciudades.
Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, resaltó que “limpiar las ciudades de escombros aéreos es una de las misiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Chile”. El ordenamiento y retiro de líneas aéreas o subterráneas en desuso permitirá que los habitantes de las distintas comunas del país se vean beneficiados.
En marzo de este año, 647 kilómetros de cables aéreos en desuso fueron retirados y ordenados a lo largo del territorio nacional; sin embargo, aún quedan muchos por quitar y para ello deberán trabajar arduamente las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, municipios y empresas antes de que concluya el año.