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Este proyecto, presentado en 2018, en medio de una serie de ciberataques sufrido por instituciones financieras, actualiza nuestra antigua normativa en materia de delitos informáticos, que respondía a la realidad del año 1993 y, como tal, dejaba fuera múltiples fenómenos tecnológicos que han debido sortear las organizaciones en la actualidad, aumentado su exposición a los riesgos cibernéticos.
Asimismo, esta iniciativa responde al compromiso asumido por Chile al adherirse al Convenio de Budapest -sobre Ciberdelincuencia- que, al día, es el gran acuerdo internacional para responder de manera uniforme ante los ciberdelitos, especialmente por las características propias que estos tienen, como, por ejemplo, la posibilidad de ser cometidos fuera de un determinado territorio y sin la necesidad de contar con altos conocimientos en informática.
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