Durante la presidencia de Donald Trump, a partir de 2017, en Estados Unidos se agudizó el debate sobre los posibles daños a la competencia y al consumidor por la participación de las grandes compañías de tecnología en el mercado, conocidas comúnmente como Big Tech. Aunque una posible investigación sobre el poder que estas compañías tienen en el mercado ha atraído el interés bipartita, los desacuerdos se mantienen sobre determinar el monto del daño y sus posibles soluciones.
Durante la edición virtual del CES 2021, se trató el tema ¿Lo grande es realmente malo? Qué hacer con Big Tech, durante el cual los panelistas estuvieron de acuerdo en que el tamaño de las empresas no es propiamente el problema, por lo que las autoridades deberían enfocar su investigación en las prácticas y actividades de estas grandes compañías, especialmente cuando pudieran dañar la innovación o la libertad de expresión.
Al respecto, Rachel Bovard, directora senior de política en el Instituto de Asociación Conservadora, señaló que “lo grande no es inherentemente malo”. Sin embargo, consideró que sí hay ciertas prácticas de estas compañías que podrían afectar el libre mercado y su autorregulación.
“Existen dos cuestiones. La primera es la idea sobre la concentración de poder corporativo más allá del sector tecnológico, al ser éste intersectorial. Y la otra son las prácticas de los participantes directamente en el mercado que las autoridades han pasado por alto”, señaló.
Por su parte, Robert Atkinson, presidente de la fundación de Tecnologías de la Información e Innovación, consideró que este debate no es particularmente nuevo, ya que a lo largo de la historia del país otras compañías han sido cuestionadas también por su tamaño, tales como empresas de petróleo y acero, luego AT&T, después IBM y ahora las Big Tech.
“En general, la grandeza es una virtud, no un pecado. Estados Unidos siempre ha tenido una visión mixta sobre la grandeza, disfrutamos con la idea de que la república fue fundada por pequeños granjeros, pero EU es la nación más grande del mundo porque creamos grandes empresas industriales a finales del siglo XIX. Europa nunca hizo eso; Japón lo intentó y fracasó”, indicó.
En ese sentido, explicó que el debate se ha encendido recientemente en la izquierda de la política estadounidense por un resurgimiento de una corriente que llamó NeoBrandeisian, llamada así por el Juez de la Suprema Corte, Louis Brandeis.
“Él rechazaba las economías a escala y el alcance de estas compañías, por lo que la narrativa era que lograban su tamaño a través de hacer trampa. Estaba equivocado, las grandes compañías proveen enormes beneficios y, en particular las Big Tech, invierten más en I+D que casi toda la economía de la Gran Bretaña”, puntualizó.
Usualmente, las investigaciones antimonopólicas o por prácticas anticompetitivas se basan en determinar el daño a los consumidores, donde el precio juega un papel relevante. Sin embargo, en el nuevo mercado tecnológico donde los servicios se ofrecen gratis o a precios muy competitivos, las autoridades tienen dificultades para defender sus casos y llevarlos a juicio.
En ese sentido, Bovard indicó que las autoridades deberían observar con más detalle las prácticas de estas compañías en temas como privacidad y libertad de expresión, así como su efecto sobre la innovación y el ingreso de nuevas compañías al mercado.
“La cuestión no es sobre castigar a estas empresas, pero sí quién establece los términos. Todas las soluciones de política estarán dirigidas a ese fin. ¿Debería haber más transparencia, mayor rendición de cuentas o se debería empoderar más a los usuarios?”, agregó.
Atkinson coincidió en que se debe diferenciar entre estructura y conducta. “La estructura es que la compañía es grande y la conducta es sobre lo que hace. Nos debemos enfocar en eso, si lo que hacen es justo o no”.
En ese sentido, coincidió con Bovard, en que muchos casos probablemente no se trate sobre temas antimonopolio, sino de otras cuestiones que requieren de otras herramientas. “Se requiere también de una ley de privacidad, una reforma a la Sección 230 (de la Ley de Decencia de las Comunicaciones), y una ley sobre elecciones y plataformas”.
Sin embargo, también advirtió que una posible investigación antimonopolio y sus soluciones deben ser cuidadosas de no dañar la competitividad mundial de las empresas como sucedió anteriormente en los casos de Western Electric, Xerox o RCA.