El ecosistema digital argentino tiene actores sólidos, infraestructura en crecimiento y talento exportable. Lo que falta es una política pública a la altura, que regule con inteligencia, invierta con visión y articule con los privados para no perder la oportunidad que la transformación digital pone sobre la mesa.

Este fue el consenso entre representantes de cámaras, asociaciones y organizaciones del sector digital que participaron en Argentina Digital Summit Latam 2026.

Nicolás Otero, vicepresidente de Comunicaciones de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra), destacó que Cicomra aloja socios relevantes del ecosistema, desde operadores de conectividad, fabricantes de dispositivos y desarrolladores de software, lo que le agrega valor, ya que entre todos buscan puntos de vista en común, lo cual se logra con un trabajo articulado.

La Cámara Argentina de Internet (Cabase) también incorpora cada vez más actores no tradicionales de la conectividad —del sector energético, de refrigeración y operadores de Data Centers, por ejemplo—, lo que amplía el ecosistema para enriquecer los debates, señaló Esteban Lescano, director de la Comisión de Legales y Políticas Públicas de Cabase.

Rubén Darío Chelini, presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), destacó que su misión es clara: representar a los pequeños ISPs y CPs y que lleguen a cada rincón del país. Señaló que hoy más que nunca es vital seguir unidos en ideas y acciones. Por eso celebran el camino de compartir infraestructura.

Qué le pide la industria al Estado

Pablo García de Castro, director para Cono Sur de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), sintetizó dos grandes consensos que emergieron del encuentro: que sin la infraestructura digital no hay promesa de desarrollo y de digitalización posible, y que se necesita un nuevo paradigma regulatorio con organismos que actúen como arquitectos que habiliten la innovación e inversión en el sector.

Aseveró que no hay que dejarse seducir por “la última novedad, el debate último que se abrió”, por el contrario, se deben solucionar problemas que el sector acarrea hace años; “aprender de lo que funciona, de lo que se está haciendo bien”.

Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, planteó tres demandas concretas: coordinar una mesa público-privada con objetivos de corto y mediano plazo, invertir en infraestructura digital ampliada, y acelerar la adopción de la Inteligencia Artificial por parte de pymes y profesionistas para eficientizar sus operaciones.

Por su parte, Mercedes Aramendía, directora ejecutiva de Alianza por la Infraestructura Digital e Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe, alertó sobre el riesgo de trasladar regulaciones específicas de un área hacia otras que son diferentes y no justifican esos cambios. “Si queremos más desarrollo, más innovación, más inclusión, hay que buscar una política pública que sea moderna, que refleje los nuevos desafíos y las nuevas necesidades”, planteó.

Y recordó que detrás de cada servicio digital “no hay sólo redes de telecomunicaciones”, sino una gran infraestructura —Data Centers, cables submarinos, CDNs y puntos de intercambio de tráfico— que trabaja de forma integrada y en capas.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), señaló cuatro ejes estratégicos para las cooperativas del sector: acompañamiento del ente regulador ante los cambios tecnológicos y culturales, crecimiento sin incremento de costos fijos, innovación en la experiencia de usuario apoyada en IA, y estrategia competitiva.

Federico Fornelli, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), pidió continuar con la agenda desregulatoria y derogar normativas obsoletas, aunque con prudencia, en alusión a las decenas de iniciativas legislativas que se están presentando para regular la IA. También señaló como desafío la reducción de la carga impositiva a nivel municipal y provincial, que aún obstaculiza el despliegue de infraestructura.

IA y fintech

Leandro Mora, director ejecutivo de Argencon, puso el foco en los servicios basados en el conocimiento y en el rol que deben asumir las asociaciones del sector: clarificar al resto del tejido productivo —industria, campo, minería, energía— la oportunidad que representa la IA para mejorar la productividad, y meterse de lleno en el debate sobre el empleo y la adaptación.

“La clave va a ser la adaptación en el marco de la IA, particularmente en materia educativa”, sostuvo Mora. Argencon trabaja actualmente en el desarrollo de un programa de adaptación social a la Inteligencia Artificial, con miras a que Argentina pueda duplicar sus exportaciones en la economía del conocimiento.

En tanto, Alejandro Tejero Vacas, director de Comunicación de la Cámara Argentina Fintech, destacó que Argentina es referente regional en el manejo de dinero digital y que el sector fintech es una de las mayores industrias en términos de creación de empleo en el país.

Enfatizó que el reto actual del sector privado es aportar las herramientas para que la formalización de la economía a través del sistema financiero permita crecer a todas las industrias y todas las personas.

El modelo tradicional telco dejó de existir, y ante la pregunta sobre cómo financiar la infraestructura digital del futuro, los acuerdos directos con hiperescaladores y proveedores de Inteligencia Artificial (IA) son señalados como el camino más viable para sostener el despliegue de redes.

Así lo aseguró Diego Santos, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, quien durante su participación en Argentina Digital Summit 2026 dijo que los operadores de telecomunicaciones exploran actualmente la negociación directa con estas empresas para el financiamiento de las nuevas infraestructuras.

Un ejemplo es el acuerdo entre Claro y Meta, en línea con el Fair Share. Santos afirmó que este tipo de negociaciones son la solución dentro de la regla del mercado y de la regulación que van a permitir el despliegue exitoso.

Hernán Colombo, gerente de Regulación y Negocio Mayorista de Personal, destacó que con la Inteligencia Artificial, ahora no sólo las personas demandan capacidad de red. “Demandan los agentes, demandan las máquinas, y las redes que soportan ese tráfico están bajo tensión y bajo una necesidad de crecimiento”, explicó.

Por ello, además del Fair Share y el aporte de hiperescaladores, mencionó el IoT y la monetización de activos digitales como nuevas vías de financiamiento.

Sin embargo, ante esta nueva configuración de la industria se suma un desafío más: el regulatorio. Colombo aseveró que no se puede enfrentar el futuro con reglas del pasado, por lo que la prioridad debe ser la simplificación, la desregulación; “necesitamos principios que trasciendan la coyuntura y que permitan acompañar este momento de cambio”.

Pedro Bentancourt, vicepresidente de Asuntos Externos, Económicos y Regulatorios de WAIKEN ILW, continuó con el discurso al señalar que si bien están mejorando las condiciones de conectividad en Argentina, ciertos sectores de la población aún no acceden a la Inteligencia Artificial debido a las altas cargas regulatorias.

“En la medida en que tengamos más posibilidad de trabajar sin las anclas de reglamentos pasados basados en un mundo que no existe más y que será más diferente en el futuro, podremos prestar más y mejores servicios y tener la sustentabilidad”, declaró.

Asimismo, recalcó la necesidad de habilitar a las personas que no tienen suficiente capacidad económica para que puedan entrar al proceso para lograr sociedades más prósperas.

En su turno, Luis Quinelli, presidente de SION, reconoció que la industria telco se encuentra bajo presión respecto a las inversiones, ya que está en un proceso de desmonetización. También destacó el reto que empresas como la suya tienen para llevar servicios de calidad al interior de Argentina, debido a su dispersión geográfica.

Quinelli indicó que SION impulsa las redes neutrales o redes compartidas, ya que permite que los modelos de negocios sean viables en esas localidades.

El riesgo del bypass: cuando los hiperescaladores construyen sus propias redes

Un riesgo más que enfrenta la industria telco en la era de la Inteligencia Artificial es la posibilidad de que los grandes hiperescaladores decidan construir sus propias redes y prescindir de los operadores tradicionales.

La IA requiere una gran demanda de energía y capacidad de red, y eso crea un incentivo real para que grandes proveedores como Meta o Google busquen controlar toda la cadena, desde la generación de datos hasta su entrega al usuario final. “Existe un riesgo muy grande de que los hiperescaladores hagan un bypass de las telcos para poder ofrecer IA y construir sus propias redes”, advirtió Carlos Islas, vicepresidente de Soluciones y Éxito al Cliente para las Américas de Ookla.

Enfatizó que los operadores no pueden tomar un papel pasivo de conectar Data Centers o brindar conectividad solamente. Por ello, dijo, “hay que trabajar de forma conjunta para que las telcos jueguen un papel más relevante”.

Como una oportunidad para la industria telco, Islas mencionó que deben comenzar a monetizar en aspectos como la latencia, ya que la Inteligencia Artificial requiere el menor retardo posible para alimentar y educar a los modelos en tiempo real.

Buenos Aires. Expertos en regulación e infraestructura digital coincidieron en que la incertidumbre y la sobrecarga normativa son los principales obstáculos para el desarrollo de la conectividad y el despegue de la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina.

Especialistas debatieron sobre las estrategias necesarias para impulsar la inversión, la competencia y la certeza jurídica en la región durante el Argentina Digital Summit 2026, organizado por DPL Group.

Cristhian Lizcano Ortiz, consultor de asuntos jurídicos regulatorios, señaló que la región padece una gran sobrecarga normativa para los operadores de redes de telecomunicaciones, por lo que la mejor forma de dinamizar el sector es la simplificación.

Para ello, Lizcano Ortiz propone la revisión de cargas, la aplicación de sandboxes regulatorios, y la reducción de cargas fiscales, impositivas y locales. Además, enfatizó la necesidad de una mejor gestión de los costos del espectro, vinculándolos a obligaciones de cobertura.

Juan Ignacio Crosta, director de BlueNote Management Consulting, analizó los modelos de financiamiento de infraestructura digital, destacando que el modelo privado ha sido el dominante y más exitoso.

Dijo que los catalizadores del modelo privado han sido la estimación de la demanda, un marco regulatorio estable en costos y un ecosistema definido. Respecto a la “autopista de IA”, sugirió que cuanto menos se intervenga en el marco regulatorio, mejor será, y descartó la aplicación directa del modelo híbrido (inversión pública-privada).

Enrique González, socio director de EFTS Group, afirmó que el verdadero problema no es la falta de capital, sino la falta de certidumbre.

El experto detectó una deficiencia de información, datos y evidencia empírica verificable que está fragmentada entre el sector privado, el oficial y la academia. Dijo que para mitigar la incertidumbre y atraer decisiones de inversión, considera esencial un gran esfuerzo regional en la integración de esta información para crear métricas confiables y actualizadas.

Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, usó a Chile como ejemplo de éxito en la región, donde la inversión privada alcanza 97% del total y el país tiene uno de los costos de GB más baratos.

Atribuyó este logro a una visión estratégica de largo plazo sostenida y, fundamentalmente, a la “certeza regulatoria,” que mantiene las garantías jurídicas y los tiempos de inversión.

Niccoló Comini, especialista senior en Desarrollo Digital del Banco Mundial, indicó que la “carretera de la IA” debe fundamentarse en conectividad asequible y marcos robustos de protección de datos y ciberseguridad.

Subrayó que el rol de los organismos multilaterales es reducir el riesgo para las inversiones, apoyar a los países en crear entornos habilitantes y facilitar la coordinación público-privada para que se invierta donde el sector privado no lo hacía.

Por su parte, Inmaculada Cava, analista política de la OCDE, se centró en Colombia, indicando que, si bien la conectividad es un claro habilitador de la IA, los resultados en el país siguen siendo insuficientes.

La especialista destacó la baja calidad de la conectividad móvil, sobre todo en zonas rurales, y señaló la concentración en el mercado móvil como un desafío estructural que limita la competencia, la innovación y potencialmente la inversión. Concluyó que se requieren marcos regulatorios más ágiles que promuevan la competencia.

Buenos Aires. Sergio Scarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), enfatizó en la necesidad de marcos normativos sólidos y confiables en la región, y aseveró que el organismo de las Naciones Unidas promueve que los países cuenten con una regulación que sea clara, independiente, objetiva, transparente y estable a lo largo del tiempo.

Durante el Argentina Digital Summit 2026, organizado por DPL Group, Scarabino destacó que el objetivo fundamental de estas directrices es apoyar aquellas medidas que redunden en el beneficio directo del usuario y del ciudadano, quienes hoy requieren la conectividad como una vía esencial para acceder a información, educación, trabajo, comercio y desarrollo humano a través de la banda ancha.

En el contexto de Argentina, Scarabino calificó como un “activo” la expansión del rol del Estado en iniciativas particulares de ARSAT, empresa estatal de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas que abarca el sector satelital, la fibra óptica y los Centros de Datos, independientemente de cómo los gobiernos aprovechen estos recursos.

Señaló que entre 2015 y 2019 se profundizó la convergencia tecnológica y la aspiración de darle una mayor participación al sector privado, y añadió que todos estos pasos están en línea con las directrices que la UIT promueve desde el simposio global de reguladores.

Respecto a los avances recientes, el representante de la UIT indicó que en los últimos dos años, en Argentina se ha progresado significativamente en el despliegue de 5G y se ha revisado la brecha de espectro mediante una resolución del Enacom y consultas públicas para su uso eficiente.

Scarabino agregó que la UIT está actualmente en conversaciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para llevar a cabo capacitaciones sobre el uso eficiente del espectro, con planes de cierre para julio o agosto.

Además de la regulación de infraestructura, Scarabino hizo referencia al trabajo de la UIT en Inteligencia Artificial (IA) a través de su iniciativa “AI for Good”, la cual es compartida por Naciones Unidas y cuenta con participación del sector privado.

Sergio Scarabino instó a Argentina a seguir con su desarrollo digital a pesar de los desafíos y “vaivenes”. Insistió en la vocación de que las autoridades se mantengan enfocadas en el ciudadano, buscando darle beneficios a toda la ciudadanía a lo largo y ancho del país.

“Quiero insistir en Argentina que ha seguido con su desarrollo digital a pesar de los vaivenes, insistir en la vocación de que se mantengan enfocados en el ciudadano, darle beneficios a toda la ciudadanía a lo largo y ancho del país y que intenten consensuar políticas públicas para que sean duraderas y sostenibles”, concluyó.

Buenos Aires. Con un enfoque en la desregulación y la generación de un entorno propicio para las inversiones, Argentina quiere ser una desarrolladora de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) para los sectores productivos y la sociedad, y no sólo adoptar lo que ya se hace en otros países.

Así lo manifestó este miércoles Darío Leandro Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del país sudamericano, durante el Argentina Digital Summit, un evento organizado por DPL Group.

Darío Genua y Martín Ozores, interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), coincidieron en que la próxima etapa de crecimiento para el país será crear aplicaciones locales de IA orientadas a sectores estratégicos como minería, petróleo, gas y agroindustria.

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Ozores explicó que el auge de verticales productivas como minería, oil & gas y agro abre una oportunidad singular para diseñar soluciones basadas en IA desde el conocimiento local.

En su visión, las regiones donde operan estas industrias —muchas veces alejadas de grandes centros urbanos— pueden convertirse en polos tecnológicos si cuentan con conectividad robusta.

La desregulación como política industrial

El otro eje central del mensaje argentino fue regulatorio. Darío Leandro Genua afirmó que el país avanza hacia un modelo donde el Estado funcione como facilitador y no como obstáculo.

“No vamos hacia un esquema de regulación, sino vamos hacia un esquema de desregulación, hacia un esquema donde el Estado no se transforma en algo que obstruye, sino algo que facilita y algo que permite que el desarrollo exista”.

Según Genua, el enfoque busca reducir fricciones para que los negocios crezcan, permitir el despliegue de infraestructura y fomentar la innovación privada. También sostuvo que Europa ha comenzado a reconocer los costos de una sobrerregulación que frenó la innovación en algunos segmentos tecnológicos.

En esa línea, el gobierno defendió que la regulación debe limitarse a lo estrictamente necesario y responder a una lógica “desarrollista”.

Infraestructura: condición previa para la IA

Los funcionarios coincidieron en que sin redes digitales no habrá un ecosistema de IA. Jorge Fernando Negrete P., presidente de DPL Group, advirtió que la región necesita crear incentivos para desplegar infraestructura, incluyendo menores costos de espectro y simplificación regulatoria a nivel local.

“Si no hay infraestructura, que son redes robustas de telecomunicaciones, si no existe muchísima fibra óptica, si no tenemos Data Centers, no vamos a poder tener Inteligencia Artificial pero tampoco innovación”, afirmó.

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Negrete subrayó que la política pública ha comenzado a vincular ciencia, tecnología, innovación e infraestructura digital como piezas inseparables del desarrollo económico.

Genua, por su parte, agregó que no existe posibilidad de crecimiento sin conectividad sólida, donde la fibra óptica y las comunicaciones satelitales cumplen funciones complementarias, especialmente en zonas donde desplegar redes terrestres resulta inviable económicamente.

El rol de provincias y municipios

El gobierno argentino también identificó a los niveles subnacionales como actores decisivos. Martín Ozores explicó que el Enacom trabaja con provincias y municipios para eliminar barreras que frenan inversiones.

“Hay muchos que ya se dieron cuenta y van a ser los primeros en recibir la inversión”, puntualizó.

Precisamente, uno de los mayores desafíos estructurales del mercado latinoamericano es eliminar las barreras locales. Aunque existan señales nacionales favorables, los permisos locales, tasas y trámites pueden retrasar el despliegue de redes, torres o Centros de Datos.

Panamá abrió esta semana la 48ª reunión del Comité Consultivo Permanente I (CCP.I) de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), un encuentro regional que colocó sobre la mesa algunos de los temas más importantes para la transformación digital del continente: el cierre de la brecha digital, acceso equitativo al espectro radioeléctrico, cooperación regulatoria, telemedicina y modernización de las telecomunicaciones.

La reunión, que se lleva a cabo del 20 al 24 de abril en ciudad de Panamá, reúne a autoridades, reguladores, empresas y especialistas de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En la inauguración, las autoridades panameñas destacaron que el país busca constituirse como un hub regional de conectividad y tecnología.

Inclusión digital es prioridad regional

Uno de los mensajes centrales del arranque fue que la expansión de infraestructura ya no es suficiente por sí sola: el reto ahora también es garantizar que la conectividad llegue con calidad y asequibilidad a toda la población, especialmente en zonas remotas o rurales.

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) de Panamá, Zelmar Rodríguez Crespo, señaló que el objetivo es ofrecer servicios más confiables sin importar la ubicación geográfica de los ciudadanos.

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Al respecto, América Latina avanza en la expansión de cobertura móvil y fibra óptica, pero aún mantiene brechas en adopción, habilidades digitales y acceso rural.

Por ello, representantes del gobierno panameño subrayaron que la cooperación entre países será clave para responder a este tipo de retos comunes en materia digital.

Espectro y regulación, ejes para la próxima etapa

Otro de los temas abordados en la apertura del encuentro fue el acceso equitativo al espectro radioeléctrico, considerado una pieza fundamental para ampliar redes móviles, habilitar nuevos servicios digitales y preparar el camino hacia tecnologías más avanzadas.

El espectro es un recurso esencial para la Citel, ya que impacta directamente el despliegue de 5G, la conectividad empresarial, Internet de las Cosas y futuros desarrollos hacia 6G.

Panamá planteó la necesidad de fortalecer marcos regulatorios y coordinación hemisférica, con el fin de asegurar que el espectro esté disponible de forma oportuna y adecuada.

Telemedicina en la agenda digital

Durante las actividades iniciales, los países también firmaron acuerdos vinculados con telemedicina y atención de emergencias médicas, lo que muestra que las redes son una infraestructura crítica para la salud pública, los servicios gubernamentales y la resiliencia nacional.

Panamá busca reforzar su rol regional

El gobierno panameño aprovechó el encuentro para reafirmar su posición geográfica y logística como punto estratégico del ecosistema digital regional. Además de la tradicional relevancia de su Canal y los cables submarinos, ahora el país aspira a atraer más inversión en infraestructura digital, Centros de Datos y servicios tecnológicos.

Durante los próximos días, las mesas de trabajo de Citel continuarán discutiendo temas de calidad de servicio, banda ancha, acceso universal, ciberseguridad, ciudades inteligentes y economía digital.

Por ahora, los países reunidos reconocen que el crecimiento económico y la inclusión social dependen cada vez más de decisiones tomadas hoy en el ámbito digital.

DigitalEs es una asociación empresarial que defiende los intereses de empresas líderes de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, claves para el desarrollo del sector en España. Cuenta con unos 60 socios y tiene casi 50 convenios con asociaciones que elevan su nivel de representación. Su objetivo es “promover y poner en valor el gran impacto que tiene la digitalización”.

En el marco de movimientos en el sector, consolidación y planteamientos sobre cómo sostener las inversiones necesarias para satisfacer la demanda, DPL News conversó mano a mano con Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalEs, para conocer sus metas de corto plazo, necesidades de la industria y futuro de una industria en transformación.

Nicolás Larocca: ¿Qué objetivos persigue DigitalEs en este contexto desafiante del sector?

Miguel Sánchez Galindo: Aprobamos la hoja de ruta para los próximos años, con un plan estratégico que propone seis objetivos:

• Impulsar la transformación digital de España como referente de Europa.
• Contribuir dentro de esta transformación a la mejora del sistema educativo e informático del sector, es decir, avanzar en materia de talento humano.
• Crear un sistema digital más amplio.
• Responder a las necesidades de la ciudadanía.
• Promover la digitalización como vector de la sostenibilidad.
• Impulsar el impacto social del sector.

Nicolás Larocca: ¿Cómo evalúa el panorama actual de la digitalización en España? ¿Qué desafíos son más urgentes?

Miguel Sánchez Galindo: Tenemos indicadores que miden el nivel de digitalización de Europa, y España está muy bien posicionada en distintas variables. Tenemos, por ejemplo, índices de cobertura de fibra y 5G arriba del 95%, muy por encima de la media. También se hizo un esfuerzo muy fuerte en el sector público y hubo avances concretos en cuestiones como Inteligencia Artificial (IA), Nube o Big Data. En talento, el objetivo es 10% de especialistas TIC sobre el total de la población ocupada para 2030 y estamos prácticamente en la mitad: hay necesidad de avanzar en este aspecto, porque será determinante para el desarrollo digital local.

Nicolás Larocca: ¿Qué rol juega la Inteligencia Artificial en el futuro de la industria digital? ¿Qué posición tiene España en esta carrera?

Miguel Sánchez Galindo: Es un segmento interesante y complejo. La gran parte de los modelos hoy están en Estados Unidos y China. Lo que sí podemos hacer es impulsar y liderar en la adopción de IA para ser más competitivos. España logró hacerlo en los últimos años de la mano también de fondos de la Comisión Europea o el Plan de Recuperación: estamos en el puesto 7 de adopción de IA por parte de las empresas en el mundo. En este sentido, diría que estamos en un buen camino.

Si la consulta es si España puede jugar un papel en el desarrollo de Inteligencia Artificial, diría que quizás no con grandes modelos pero sí con pequeños, sectoriales, los que requieren adaptación para funcionar de buena forma en determinadas industrias. Esa especificidad sí puede liderarla nuestro país.

Nicolás Larocca: ¿Esta cobertura líder en 5G ha logrado traducirse en ingresos para los operadores? ¿Cuáles son las inquietudes y oportunidades que se plantean en este aspecto?

Miguel Sánchez Galindo: La cobertura 5G en España está muy bien y es muy superior al resto de la Unión Europea y también en comparación con América Latina, pero es cierto que no es de alta calidad, no es standalone. Ahí hay una oportunidad y una diferencia con países como China y Estados Unidos, que tienen buena penetración también de 5G SA, mientras que aquí está en torno al 50%. Tenemos un buen recorrido, no obstante, para monetizar los desarrollos 5G hay que llegar a todo el territorio con la mejor prestación en atención a cada una de las industrias.

Nicolás Larocca: ¿Cómo observan los cambios en materia regulatoria que atañen al sector, como la nueva ley de Redes Digitales?

Miguel Sánchez Galindo: Hemos reflexionado mucho sobre esa ley pendiente de aprobación y también otras que tienen que ver con nuestra actividad. El sector de las telecomunicaciones está con cierta preocupación porque, aunque hay aspectos que defendíamos como tener mejores políticas de espectro o una regulación más estable que habilite el retorno sobre las inversiones, también hay elementos de geopolítica o estrategia que no convencen. Otro tema es la asimetría que tenemos en el sector, que entendemos que no se ha corregido aún mientras se avanza en otras reglas, que casi inmediatamente después de publicadas se decide simplificar.

Creo que en Europa regulamos de forma demasiado compleja para su contexto, porque luego las reglas generales también hay que adaptarlas a la normativa nacional. Todo ese contexto de piezas regulatorias complejiza mucho la realidad y el día a día de las empresas. En este sentido, defendemos la simplificación como una necesidad urgente.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sostuvo un encuentro de trabajo con gremios, asociaciones y operadores del ecosistema digital de Colombia, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el sector público y privado y promover iniciativas de modernización normativa.

Durante la jornada, la CRC presentó los proyectos regulatorios en desarrollo e invitó a la industria a participar activamente en su construcción. Por su parte, agremiaciones como Fenapi, CCIT, Una Colombia, Asotic, Piltron, Suma Móvil, ASIET, Andesco, ALAI, entre otros, aportaron sus visiones, propuestas y compromisos de articulación.

Gustavo Larrabure, director para Región Andina de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones ASIET, se refirió al encuentro como una “excelente iniciativa al realizar trimestralmente reuniones de coordinación y trabajo entre los distintos actores del ecosistema digital en Colombia. Un escenario de desregulación efectiva con un adecuado manejo de recursos e impulso a las inversiones tiene el potencial de generar aumentos del PBI, empleo y productividad”.

La Comisión destacó que este espacio reafirma su compromiso de “construir regulación con la industria, y que establezca las bases de una agenda de trabajo compartida, con propuestas y compromisos de articulación”.

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Al respecto, Larrabure enfatizó: “Es indudable aplicar una senda de desregulación que se traduce en un impacto macroeconómico altamente positivo, al liberar a los operadores de costos innecesarios y focalizar esos recursos en inversión y despliegue efectivo”.

Durante el evento, los participantes intercambiaron perspectivas sobre el futuro de la regulación, abordando temas relacionados con el fortalecimiento institucional, la adaptación normativa y la construcción de políticas públicas más dinámicas.

Coincidieron en la importancia de generar espacios colaborativos que permitan compartir experiencias y buenas prácticas, en línea con tendencias regionales de cooperación entre organismos reguladores.

“Se debe adoptar una regulación ágil y promover un entorno propicio para la inversión y despliegue de infraestructura de nueva generación”, aseguró el ejecutivo de ASIET.

Se espera que encuentros de este tipo se repitan cada tres meses con el fin de construir marcos regulatorios más flexibles y participativos para el sector.

Ante el reciente aumento en el índice de precios al consumidor (IPC) en el rubro de información y comunicaciones en Colombia, los principales operadores de telecomunicaciones negaron que se hayan dado incrementos atípicos en sus tarifas y atribuyeron el fenómeno a factores estructurales del sector.

El Ministerio TIC llevó a cabo mesas técnicas con Claro, Tigo, WOM y Movistar para analizar las dinámicas de precios del sector, los costos asociados y los retos para cerrar la brecha digital.

Durante estas conversaciones, los operadores por separado sostuvieron que no han aplicado aumentos extraordinarios en sus precios, pese a que el IPC de marzo reflejó un repunte significativo en este segmento.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, señaló que “no hemos realizado incrementos extraordinarios”, y cuestionó la forma en que se construyen algunas mediciones, pues puntualizó que estas pueden basarse en precios de oferta y no en lo que realmente paga el usuario final.

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Uno de los principales puntos de fricción identificados en las mesas técnicas es la divergencia entre la percepción de aumento de tarifas por parte de los consumidores y la facturación efectiva.

Según los operadores, esta brecha puede explicarse por la metodología del IPC, que no siempre captura con precisión los esquemas comerciales, promociones o empaquetamientos de servicios.

En esa línea, el Ministerio TIC también advirtió sobre posibles problemas de interpretación de los datos y la necesidad de mejorar la calidad de la información estadística del sector, para evitar conclusiones erróneas sobre supuestos incrementos desmedidos.

Presión de costos y crecimiento del consumo

Más allá de la discusión metodológica, los operadores alertaron sobre presiones económicas relevantes. El crecimiento acelerado del consumo de datos y las necesidades de inversión en redes han incrementado los costos operativos.

Carlos Blanco, director ejecutivo de Tigo, por ejemplo, destacó que el consumo de datos “ha crecido de manera exponencial”, mientras que los costos también han aumentado, lo que obliga a las empresas a buscar un equilibrio entre eficiencia y sostenibilidad.

Mariano Alonso, gerente de Movistar Colombia, subrayó la necesidad de mantener servicios accesibles sin comprometer la expansión de cobertura ni la calidad de las redes, en un entorno de demanda creciente.

Otro elemento relevante en las respuestas de los operadores es el papel de la competencia. Faihan Alfayez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM, aseguró que ha mantenido precios por debajo del mercado, pero, según su perspectiva, un entorno con concentración y costos al alza puede limitar la dinámica competitiva.

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Algunos operadores también sugirieron que parte del incremento reflejado en el IPC podría responder a ajustes ordinarios en los costos, vinculados a la inflación, más que a aumentos discrecionales.

Sin embargo, el comportamiento reciente ha llamado la atención del gobierno, ya que rompe con una tendencia de estabilidad e incluso reducción de precios en el sector.

Carina Murcia, ministra TIC, afirmó que “la prioridad es proteger el bolsillo de las y los colombianos, sin poner en riesgo la sostenibilidad del sector”.

La ministra dijo que el gobierno trabajará de la mano con los operadores para revisar las dinámicas de precios, mejorar la información que recibe la ciudadanía y los reguladores, y promover estrategias comerciales que respondan a las realidades de los hogares, especialmente los más vulnerables.

La reciente fusión de Tigo y Movistar crea un jugador de “peso completo” de las telecomunicaciones en Colombia y modifica sustancialmente el ring de la competencia.

Durante más de una década, el mercado móvil colombiano ha tenido un protagonista destacado en inversión y conectividad: Claro Colombia. Su tamaño, su músculo financiero y su despliegue de infraestructura llevaron a que el regulador lo declarara operador dominante en 2021, una decisión que marcó el rumbo de la regulación del sector.

Pero el tablero acaba de cambiar.

La integración entre Tigo y Movistar es un movimiento que reconfigura el entorno competitivo de las telecomunicaciones nacional y plantea una pregunta inevitable: ¿todavía tiene sentido mantener la declaratoria de dominancia sobre Claro? Más aún cuando el sector de las telecomunicaciones está evolucionando de servicios tradicionales de voz, datos y video a servicios de transformación digital.

Un nuevo peso pesado en el mercado

La integración Tigo-Movistar da lugar a un operador con aproximadamente 41.2 millones de líneas móviles, equivalente a cerca del 43 % del mercado, una cifra que lo coloca prácticamente a la par de Claro, que mantiene alrededor de 42.2 millones de líneas y 44% de participación, de acuerdo con el Boletín TIC del tercer trimestre de 2025 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En términos de conexiones, ambos operadores tendrán un tamaño similar.

Al considerar a Claro como dominante, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) concluyó que el operador contaba con ventajas estructurales difíciles de igualar: participaciones de mercado que superaban 60% en ingresos, economías de escala muy superiores y una capacidad de inversión que duplicaba a la de sus competidores.

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Para el regulador, ese desequilibrio justificó la imposición de medidas regulatorias asimétricas destinadas a nivelar el terreno de juego. Si bien el número de líneas móviles no es el único criterio que se debe tomar en cuenta para medir la dinámica del mercado, muestra que ese panorama hoy está desdibujado.

La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó que cualquier medida de regulación asimétrica sea temporal.

“Dominante vs. retadores”

Durante años, el sector funcionó bajo un esquema de “un operador dominante y varios competidores más pequeños”. Sin embargo, la nueva realidad con dos grandes operadores plantea un dilema regulatorio.

Mantener restricciones diseñadas para corregir una asimetría que se ha reducido sustancialmente podría generar distorsiones.

Si un operador de tamaño similar compite contra otro que sigue sujeto a obligaciones especiales (tarifas mayoristas reguladas o condiciones específicas de roaming, por ejemplo), la regulación podría terminar otorgando ventajas artificiales a uno de los jugadores.

Colombia necesita acelerar el despliegue de 5G y fibra óptica si quiere aumentar su competitividad digital. No obstante, si uno de los principales operadores del país compite con restricciones regulatorias adicionales, su capacidad de reacción frente a un rival fortalecido podría verse limitada, lo que desalienta la inversión y la innovación.

Además, es evidente que un operador consolidado y fortalecido no requiere de asimetrías ni favores regulatorios, sino de las condiciones que permitan la inversión y el despliegue de infraestructura. El enfoque cambia a competir por redes, calidad e innovación, ya no por cabildeo regulatorio ni precios predatorios del mercado.

La apuesta de Millicom

Detrás de la nueva estructura del mercado colombiano, está una agresiva estrategia corporativa de Millicom por ganar mercado en América Latina, aprovechando la retirada de Telefónica.

En febrero de 2026, Millicom cerró la compra del 67.5 % de Coltel, la empresa que operaba bajo la marca Movistar, por 214.4 millones de dólares, lo que marcó la salida de Telefónica del mercado colombiano tras dos décadas de presencia.

Al mismo tiempo, la compañía tomó el control total de su filial local, Tigo-UNE, tras adquirir la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por 571 millones de dólares. Con ello, eliminó un esquema de gobernanza compartida que durante años había ralentizado decisiones estratégicas.

Como resultado, ahora surge un bloque empresarial integrado que combina redes móviles, infraestructura fija y espectro de dos de los operadores históricos del país.

Además, el Estado colombiano (que conserva 32.5% restante de Coltel) tiene previsto vender su participación, una operación que Millicom también ha manifestado interés en adquirir.

Con estos movimientos, Millicom ha ganado escala para ser competitivo en un sector donde el despliegue de 5G y la expansión de fibra óptica requieren inversiones multimillonarias, pero el ARPU (ingreso promedio por usuario) sigue siendo bajo, en tanto que el precio del espectro radioeléctrico sigue como el segundo más oneroso de América Latina, detrás de México.

El infundado temor al duopolio

Sin embargo, el nuevo escenario también despierta preocupaciones.

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración en noviembre de 2025, lo hizo bajo condiciones estrictas para evitar que la concentración del mercado afecte a competidores más pequeños o a los usuarios.

Algunas de las medidas incluyen obligaciones de descuentos mayoristas, vigilancia especial en determinados municipios y salvaguardas para operadores móviles virtuales. Incluso, se prohibieron campañas comerciales dirigidas específicamente a captar clientes de operadores pequeños.

La autoridad también identificó 82 municipios donde Tigo-Movistar fortalecerá su posición, especialmente en servicios de Internet fijo, por lo que determinó medidas para evitar daños a la competencia y los usuarios.

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Estas condiciones muestran que la preocupación regulatoria de la SIC ya no se centra únicamente en Claro. Ahora, la lupa del regulador de competencia también está en evitar que dos gigantes controlen el mercado.

En este escenario, Colombia podría optar por avanzar hacia modelos de mayor estímulo a la inversión o regulación de poder sustancial, en lugar de la dominancia actual de Claro.

En ese esquema, lo que más conviene es que el regulador revoque las medidas asimétricas y se concentre en observar las nuevas dinámicas del mercado colombiano y corregir las fallas en caso de que se presenten, en lugar de imponer medidas ex ante.

CRC y el dilema de la dominancia

La pelota está ahora en la cancha de la CRC.

El regulador deberá decidir si mantiene un modelo orientado a proteger a los competidores ineficientes o si evoluciona hacia un esquema que priorice la inversión y la consolidación del mercado.

Si la CRC mantiene la dominancia de Claro intacta y las medidas asimétricas en un mercado que ha cambiado significativamente, corre el riesgo de volverse regulatoriamente anacrónica y pétrea.

La agenda regulatoria 2025-2026 contempla revisar el mercado relevante de servicios móviles. Se espera que en el segundo semestre de 2026 se analice el impacto de la fusión.

Ese estudio deberá responder preguntas clave 2.0 y no tradicionales: cómo evolucionan las inversiones, qué ocurre con la conectividad, cómo se comporta la calidad del servicio, la innovación y la transformación digital.

La fusión entre Tigo y Movistar pone a prueba la lógica de la regulación en Colombia. La dominancia de Claro fue, durante años, la brújula que orientó la regulación del sector. El mapa acaba de cambiar. ¿Cambiará también la mentalidad y los objetivos de la regulación?