Alberto Jara – Consultor regulatorio en telecomunicaciones

En telecomunicaciones solemos hablar de espectro, 5G, fibra óptica, Data Centers, Inteligencia Artificial y transformación digital. Son conceptos que dominan la agenda pública y que, con razón, concentran buena parte de la discusión sectorial. 

Sin embargo, bajo nuestras calles y aceras existe una infraestructura mucho menos visible, pero igual de decisiva para el futuro digital del país: los ductos, canalizaciones y cámaras subterráneas por donde se despliegan las redes de fibra óptica.

Allí se encuentra una de las principales deudas regulatorias pendientes del sector chileno de telecomunicaciones.

El problema puede resumirse de manera simple. En muchos barrios, zonas urbanas y sectores empresariales, la infraestructura subterránea disponible se encuentra en manos de un único operador. Ese operador llegó primero, construyó la canalización y, desde entonces, controla el acceso físico a un insumo esencial para que otros puedan competir. 

Quien llega después no sólo debe desplegar su red; antes debe pedir permiso para ingresar al ducto, aceptar las condiciones comerciales del titular o, en su defecto, construir nuevamente infraestructura bajo la vía pública.

El resultado es conocido: barreras de entrada, rentas elevadas, duplicación ineficiente de obras civiles y, en ciertos territorios, verdaderos monopolios locales de facto. 

No necesariamente monopolios derivados de una mejor tecnología, una mayor eficiencia o una mejor oferta comercial, sino del control histórico de una infraestructura pasiva que otros operadores necesitan para llegar al usuario final.

Lo paradójico es que Chile ya resolvió problemas similares en otros segmentos del mercado.

En el mercado móvil, la Ley de Antenas de 2012 terminó con la lógica del uso exclusivo de torres y estructuras de soporte, promoviendo la colocalización. Hoy resulta razonable, e incluso evidente, que distintos operadores puedan instalar sus antenas en una misma torre, bajo determinadas condiciones técnicas, urbanísticas y económicas.

En el mercado doméstico, la Ley de Ductos de 2015 avanzó en una dirección semejante. Su objetivo fue proteger la libre elección de los usuarios al interior de edificios y condominios, evitando que contratos de exclusividad entre inmobiliarias y operadores terminaran bloqueando el ingreso de competidores. 

La lógica fue clara: si la infraestructura interior de un edificio permite llegar al usuario, no debe transformarse en una herramienta para impedir la competencia.

Sin embargo, entre la torre móvil y el edificio residencial quedó un vacío. La planta externa subterránea —esto es, las redes que corren bajo calles, aceras, caminos y espacios públicos— sigue operando bajo una lógica más cercana a la competencia por redes que a la competencia por servicios. En otras palabras, quien controla el ducto controla, muchas veces, la posibilidad real de competir.

Esa lógica pudo haber tenido sentido en una etapa inicial de despliegue de infraestructura, cuando el desafío principal era construir redes desde cero. 

Pero en una economía digital madura, donde la fibra óptica es condición habilitante para hogares, empresas, ciudades inteligentes, industria 4.0, Inteligencia Artificial, computación en la Nube y servicios públicos digitales, la duplicación innecesaria de zanjas, ductos y cámaras deja de ser una señal de competencia y pasa a ser una ineficiencia regulatoria.

La experiencia comparada muestra que este no es un problema nuevo. En Europa, desde hace años, se ha avanzado hacia modelos de acceso obligatorio a infraestructuras físicas existentes. 

La idea es sencilla: si ya existe una canalización, una cámara, una zanja o una infraestructura civil apta para soportar redes de comunicaciones electrónicas, no tiene sentido económico, urbano ni ambiental duplicarla sin necesidad. Lo razonable es permitir su uso compartido bajo condiciones transparentes, objetivas, razonables y no discriminatorias.

Además, la discusión europea no se limita a la infraestructura de telecomunicaciones. Incluye también infraestructuras de otros sectores: energía, transporte, saneamiento, ferrocarriles, metro, carreteras y obras públicas. 

El principio es transversal: las infraestructuras civiles existentes deben ser utilizadas de manera eficiente cuando puedan servir al despliegue de redes digitales.

Chile ha comenzado a caminar en esa dirección, pero todavía de manera incompleta.

Un avance relevante se encuentra en el Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 176 de 2023 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y publicado en 2025. 

Este instrumento incorpora obligaciones de coordinación entre empresas y exige verificar la existencia de infraestructura física disponible antes de iniciar nuevas obras. Si existe capacidad, el titular debe permitir el acceso en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, salvo razones técnicas fundadas.

El problema es que ese avance sigue siendo insuficiente. La obligación de permitir acceso pierde eficacia si no existen criterios claros sobre precio, compensaciones, procedimiento, plazos, estándares técnicos y mecanismos de solución de controversias. 

Una obligación formal de compartir puede volverse irrelevante si el titular de la infraestructura cobra una renta tan elevada que, en los hechos, impide el ingreso del competidor.

Ahí está el núcleo del problema: Chile no necesita sólo declaraciones generales de apertura. Necesita reglas operativas.

La buena noticia es que la Ley N° 21.678, que reconoció el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones, abrió una oportunidad regulatoria concreta. 

Al modificar la Ley General de Telecomunicaciones, incorporó el principio de uso compartido de infraestructura física y, además, fortaleció la figura de la servidumbre legal sobre infraestructuras asociadas a concesiones de servicio público, concesiones de obra pública y bienes fiscales.

Esto no es menor. El artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones permite que los titulares de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones puedan tender cables aéreos o subterráneos y desplegar infraestructura sobre bienes vinculados a concesiones de servicios públicos u obras públicas. 

El acceso debe otorgarse bajo condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación. Y cuando recae sobre determinada infraestructura concesionada, la ley reconoce la existencia de una servidumbre legal.

Dicho en simple: no estamos frente a una mera aspiración de política pública. Existe una base legal para avanzar.

Lo que falta es reglamentar.

Un reglamento de servidumbres legales permitiría transformar una norma general en una herramienta efectiva. 

Debería establecer, al menos, el procedimiento para solicitar acceso; los antecedentes técnicos exigibles; los plazos de respuesta; las causales objetivas de denegación; los criterios para determinar compensaciones económicas; las obligaciones de información sobre capacidad disponible, y los mecanismos para resolver controversias cuando no exista acuerdo entre las partes.

No se trata de expropiar infraestructura ni de castigar al operador que invirtió primero. Tampoco de desincentivar nuevos despliegues. Se trata de ordenar el acceso a un insumo físico esencial bajo reglas razonables, previsibles y no discriminatorias. 

La infraestructura debe seguir teniendo valor económico, pero no puede transformarse en una barrera infranqueable para la competencia.

El punto es especialmente relevante porque la conectividad fija de alta capacidad será cada vez más determinante. El debate sobre 5G, satélites, Inteligencia Artificial o Data Centers termina, tarde o temprano, descansando sobre redes de transporte, enlaces de fibra, capacidad de backhaul y capilaridad territorial. Sin fibra óptica suficiente, robusta y competitiva, buena parte de la transformación digital se queda en el discurso.

Por eso, la discusión sobre ductos subterráneos no es un asunto menor ni una disputa técnica entre operadores. Es una cuestión de política pública digital. Afecta la competencia, los precios, la calidad de servicio, la resiliencia de las redes, la expansión de cobertura y la posibilidad de que Chile consolide su posición como hub digital regional.

La infraestructura pasiva tiene una característica particular: suele ser invisible para el usuario, pero decisiva para que exista competencia. 

El usuario no ve el ducto, la cámara ni la canalización. Sólo percibe si tiene alternativas reales de proveedor, si el precio baja, si la fibra llega a su barrio, si la velocidad mejora o si la red funciona con estabilidad. 

La regulación, en cambio, sí debe mirar esa infraestructura invisible, precisamente porque allí se juega parte importante del funcionamiento competitivo del mercado.

Chile ya demostró, con la colocalización móvil y la Ley de Ductos, que la compartición de infraestructura física puede ser una herramienta eficiente para ordenar mercados, reducir barreras de entrada y ampliar la libertad de elección de los usuarios. 

Lo que falta ahora es llevar esa misma lógica a la planta externa subterránea.

La solución no exige necesariamente una nueva reforma legal. La base normativa ya existe. 

Lo que se requiere es voluntad regulatoria para dictar un reglamento que haga operativa la servidumbre legal, entregue certeza jurídica a los operadores y evite que los ductos subterráneos sigan funcionando como cuellos de botella de la competencia.

En tiempos en que Chile aspira a liderar la economía digital regional, no basta con mirar hacia los satélites, los cables submarinos o los Data Centers. También hay que mirar hacia abajo: hacia esa infraestructura enterrada bajo nuestras calles y aceras, donde se define silenciosamente quién puede competir, quién puede desplegar y quién puede acceder al usuario final.

Porque el futuro digital del país no depende sólo de construir más redes. Depende también de usar mejor la infraestructura que ya existe.

Héctor Fernando González – Especialista en política digital, infraestructura tecnológica y asuntos públicos

El pasado 12 de mayo, en una reunión que pasó casi inadvertida fuera del circuito especializado, un grupo de relatoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) avanzó en el borrador de unas directrices con nombre largo y consecuencias todavía más largas. El documento aborda los llamados mecanismos de contribución de costos entre proveedores de servicios digitales y operadores de redes de telecomunicaciones.

En castellano simple y llano, la discusión consiste en definir si plataformas como Netflix, Google o Meta deben pagarles a los operadores por el tráfico que sus servicios generan en las redes.

El debate no es nuevo. Lleva años circulando bajo la etiqueta de fair share y ahora parece empezar a reciclarse bajo otro nombre, como “equidad de red”. 

En 2026, pareciera que el tema ha vuelto a tomar velocidad en varias capitales de América Latina, empujado por una preocupación real: ¿cómo financiar redes cada vez más robustas, más costosas e indispensables para la economía digital?

Para explicarlo, casi todos, a favor y en contra, recurren a la misma metáfora: la carretera o la autopista.

La versión de los operadores es atractiva y merece presentarse con justicia. Las redes son las carreteras de la economía digital. Construirlas, ampliarlas y mantenerlas cuesta mucho. Y por esas carreteras circulan unos cuantos tráileres enormes. Según datos de GSMA Intelligence citados en el propio borrador, tres compañías concentran alrededor de 70% del tráfico de datos en la región. Si los vehículos más pesados son los que más desgastan el asfalto, parece razonable pedirles que paguen caseta.

Cualquier mexicano que haya manejado por una autopista de cuota entiende el argumento en tres segundos.

La metáfora es buena, pero precisamente por eso conviene tomarla en serio y recorrerla hasta el final, porque es en los últimos kilómetros donde empiezan a aparecer los baches.

El primer bache es evidente. En esta carretera, cada viaje ya está pagado.

Los usuarios pagamos un plan de datos. Y, en términos generales, quien consume más, paga más. La metáfora suele omitir un detalle central. El tráiler no entra solo a la autopista. Lo llamamos nosotros. Cada vez que alguien oprime play, abre una videollamada, descarga un archivo o usa una aplicación, es el usuario quien solicita ese tráfico. El viaje ocurre porque alguien lo pidió y porque su tarifa ya cubre el acceso a la red.

Cobrarle además al “tráiler” una caseta adicional por un trayecto que el conductor ya pagó se parece menos a un peaje y más a cobrar dos veces por el mismo camino.

El segundo bache también importa. Toda autopista de cuota tiene, al menos en teoría, una carretera libre.

En México convivimos con esa dualidad. Si no quieres pagar caseta, puedes tomar la libre y asumir el costo en tiempo, comodidad o seguridad. Un cargo obligatorio por tráfico, en cambio, no ofrece ruta alterna. Aplicaría sobre toda la red, sin posibilidad real de esquivarlo.

Y aquí conviene recordar algo básico. Los peajes rara vez se quedan donde se cobran. La experiencia cotidiana sugiere que esos costos tienden a trasladarse, muchas veces de manera opaca, a otros eslabones de la cadena. Lo vemos con el flete, con los alimentos y con cualquier cadena de valor donde un costo intermedio termina incorporado al precio final. 

En este caso, la evidencia comparada disponible apunta a que una parte relevante de esos cargos podría terminar recayendo en los usuarios finales y en las pequeñas empresas digitales que dependen de esas mismas redes para vender, cobrar, operar y competir.

El tercer bache es quizá el más notable y peligroso. El modelo de caseta que se propone instalar no existe todavía, al menos no como modelo probado, en ningún lugar del mundo.

No lo digo yo. Lo reconoce el propio borrador de la UIT con una franqueza poco común en documentos de esta naturaleza. El texto admite que no hay consenso entre los Estados miembros sobre la pertinencia de estos mecanismos. También reconoce que varios reguladores que han estudiado el tema han concluido que los pagos compensatorios no se justifican. Y añade un punto todavía más relevante, que vale la pena subrayar: no existe un caso real de aplicación que permita extraer mejores prácticas.

En otras palabras, se discute una caseta sin experiencia operativa que la respalde.

A eso se suma una advertencia adicional. Un mecanismo de este tipo podría rozar principios de neutralidad de la red que, en varios países, México incluido, tienen anclaje legal importante en el nuevo marco jurídico mexicano. 

No es un detalle menor. La neutralidad de la red no es una consigna abstracta. Es una regla que busca evitar que el acceso a Internet se fragmente según quién paga, quién negocia o quién tiene más capacidad de presión.

Visto así, la metáfora de la carretera ilumina, sí, pero también puede engañar.

Es cierto que las redes son infraestructura habilitadora. También es cierto que requieren inversión sostenida. Pero no es igualmente cierto que un peaje obligatorio a ciertos servicios digitales sea la mejor manera de financiar esa infraestructura. 

La imagen del tráiler pesado funciona porque es intuitiva. Pero falla porque oculta que el viaje fue solicitado por el usuario, que el acceso ya fue pagado y que el costo adicional probablemente no se quedaría en quien lo recibe primero.

Hay, además, un punto incómodo para América Latina. La región ya tiene su modelo de “fideicomiso carretero” digital.

Desde hace décadas existen fondos de servicio o cobertura universal creados precisamente para llevar conectividad donde el mercado no llega. La evidencia documentada por organismos regionales y bancos de desarrollo, así como por auditorías nacionales en distintos países, muestra patrones recurrentes de subejercicio, uso de recursos para fines ajenos a la conectividad y poca evaluación de impacto.

Antes de instalar una caseta nueva, habría que explicar por qué el dinero de la caseta vieja no llegó al asfalto.

Ese punto no es menor. Ampliar la recaudación sin reformar la gobernanza de lo que ya se recauda no necesariamente cierra brechas. En muchos casos, puede ampliarlas. Si el problema es de inversión, la pregunta no puede limitarse a quién debe pagar más por uso. También debe incluir quién administra, con qué reglas, con qué transparencia y con qué resultados.

Nada de esto significa que la preocupación de los operadores sea inventada. No lo es.

Financiar el despliegue de redes de alta capacidad es un problema real. Descalificarlo sería tan tramposo como exagerarlo. México y América Latina necesitan más fibra, más cobertura, más resiliencia, más competencia y mejores condiciones para desplegar infraestructura. Pero reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier solución.

Existen instrumentos menos riesgosos y mejor documentados. Entre ellos están los esquemas de coinversión público-privada, incentivos fiscales calibrados, simplificación de permisos y políticas públicas enfocadas en cerrar brechas concretas.

La discusión productiva no debería reducirse a “caseta sí” o “caseta no”. Esa es una falsa salida. La pregunta correcta es qué instrumento financia más conectividad por cada peso invertido, con menos distorsiones para usuarios, empresas y competencia.

Ahí está, me parece, la verdadera decisión de 2026 para América Latina.

No se trata de elegir entre regular o no regular. Toda infraestructura estratégica requiere ciertas reglas. La decisión es si vamos a copiar un plano de casetas diseñado para otras geografías o si vamos a trazar un mapa propio, calibrado a nuestra estructura económica, a nuestra capacidad institucional y a nuestras prioridades de crecimiento.

El modelo europeo, el coreano o el chino responden a contextos distintos. Importarlos en automático no es prudencia regulatoria. Los experimentos en política pública suelen salir caros y casi siempre el usuario termina pagando los costos.

El propio documento de la UIT recuerda que la adopción de cualquier mecanismo será decisión soberana de cada Estado. Ojalá que lo sea de verdad, que se tome con evidencia propia, evaluación de impactos, transparencia y secuencia correcta. No por presión retórica. No por moda regulatoria. No por una metáfora que funciona bien en el discurso pero que podría descarrilarse en una política pública.

Porque la caseta más cara no es la que cobra de más, sino la que se construye sin saber a dónde lleva el camino.

Rafael Garza – Director General de inDrive en México

La Inteligencia Artificial atraviesa uno de los momentos de mayor entusiasmo de su historia. Sin embargo, mientras la conversación pública suele enfocarse en asistentes virtuales, modelos de lenguaje o aprendizaje automático, existe una pregunta mucho más relevante para quienes desarrollamos soluciones utilizadas por millones de personas todos los días: ¿cómo hacer que la tecnología funcione mejor para las personas?

La respuesta parece sencilla, pero la verdadera prueba de cualquier innovación ocurre cuando debe hacer frente a situaciones dinámicas, en tiempo real y a gran escala. El valor de la Inteligencia Artificial no está únicamente en procesar información o automatizar tareas, sino en ayudar a resolver problemas diarios de manera eficiente y casi imperceptible para el usuario.

Una de las industrias donde este desafío es evidente es en la movilidad. Cada viaje ocurre en un entorno que cambia constantemente: el tráfico se mueve minuto a minuto, las rutas disponibles evolucionan, los puntos de encuentro pueden ser complejos y las necesidades de las personas pueden transformarse.

Por eso, una buena experiencia no consiste únicamente en conectar a un usuario con un conductor. También implica ofrecer información confiable, calcular tiempos estimados de llegada con precisión, sugerir rutas eficientes, facilitar el ascenso y descenso en ubicaciones complicadas y generar seguridad antes, durante y después de cada recorrido.

La complejidad de estos entornos ha demostrado que los sistemas basados únicamente en reglas fijas tienen limitaciones. Lo que funciona en una ciudad no necesariamente se puede traducir linealmente a otra. La movilidad exige herramientas capaces de adaptarse al contexto y responder a condiciones cambiantes.

Ahí es donde la Inteligencia Artificial aporta valor. No sólo permite interpretar grandes volúmenes de información en tiempo real, también identificar patrones, comprender dinámicas específicas de cada ciudad y ayudar a ofrecer experiencias más precisas para usuarios y conductores.

México es un buen ejemplo de ello. Tan sólo en inDrive se completaron más de 200 millones de viajes durante 2025. Detrás de cada uno de esos trayectos existieron miles de decisiones invisibles relacionadas con ubicaciones, tiempos estimados de llegada, rutas y herramientas de seguridad que deben funcionar de manera coordinada en cuestión de segundos.

A simple vista, mejorar algunos puntos porcentuales la precisión de una predicción puede parecer un cambio menor. Sin embargo, dada la escala de operación de una plataforma digital, esto representa una enorme cantidad de viajes optimizados a diario, lo que para millones de personas puede significar una experiencia mucho más fluida.

Uno de los ejemplos más claros ocurre en zonas de alta densidad como aeropuertos, terminales de transporte, estadios o centros comerciales. En estos espacios, una diferencia de pocos metros en la ubicación puede traducirse en varios minutos de espera, dificultades para localizar un punto de encuentro o incluso la cancelación de un viaje. Así, la confiabilidad (con tiempos de llegada precisos y puntos de ascenso/descenso optimizados) es el factor individual más poderoso para la satisfacción y la lealtad de los usuarios. 

La Inteligencia Artificial permite interpretar mejor estos contextos y reducir parte de esa incertidumbre. Lo importante no es que el usuario perciba la tecnología detrás de cada decisión, sino que pueda encontrar a su conductor con mayor facilidad, recibir información más precisa y completar su trayecto sin contratiempos.

Y ese es quizás el aspecto más importante de la conversación actual sobre Inteligencia Artificial. Su éxito no debería medirse por la complejidad de los modelos que la hacen posible, sino por su capacidad para resolver problemas reales y mejorar experiencias cotidianas.

La próxima gran evolución de la Inteligencia Artificial probablemente no será la que más sorprenda a las personas, sino la que les permita tomar mejores decisiones, ahorrar tiempo y moverse con mayor confianza sin siquiera pensar en la tecnología que existe detrás. Como ejemplos, tenemos que actualmente más de 60% de los ingenieros de estas plataformas utilizan asistentes de programación. 

Porque al final, la mejor innovación es aquella que deja de llamar la atención sobre sí misma para concentrarse en lo verdaderamente importante: que la vida de las personas sea más simple, más confiable y más humana.

DPL News Spotlight Política Digital edición semanal. Lo que debes saber sobre la política y la regulación digitales. Una guía indispensable para conocer y entender las acciones clave de política y regulación tecnológica en la región.

 Semáforo regulatorio

🔴 Alerta: cambios legislativos y/o regulatorios con posibles riesgos.

🟡 Prevención: iniciativas con implicaciones significativas que requieren monitoreo.

🟢 Correcto: avances positivos en política y regulación digital.

Semana del 15-21 de junio de 2026

🔴 Apple abre el iPhone en Brasil a tiendas de apps y pagos alternativos

Apple habilitó en Brasil la instalación de aplicaciones y el procesamiento de pagos a través de plataformas de terceros en dispositivos iPhone. Los cambios, que entraron en vigor esta semana, son consecuencia directa de la presión regulatoria de las autoridades brasileñas sobre el ecosistema cerrado de la compañía.

Brasil se convierte en el primer mercado de América Latina donde el modelo histórico de la App Store cede terreno ante la regulación de competencia. DPL News

🔴 Lula en el G7: el Sur global exige su lugar en la gobernanza digital

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aprovechó la cumbre del G7 en Francia para plantear la necesidad de una gobernanza internacional de la Inteligencia Artificial que no reproduzca las desigualdades digitales entre países ricos y pobres. 

Su postura coloca a Brasil como vocero del Sur global en un debate donde las reglas las escriben, por ahora, las economías más avanzadas. La intervención de Lula coincide con el momento en que la IA concentra la mayor parte de la agenda regulatoria global y los países en desarrollo aún carecen de capacidad para influir en los estándares que terminarán aplicando. DPL News

🔴 Reino Unido prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

El primer ministro británico Keir Starmer anunció que el gobierno prohibirá el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. 

La medida convierte al Reino Unido en uno de los países más restrictivos en materia de protección digital infantil y anticipa un debate regulatorio que ya resuena en varios países de la región. La propuesta sigue el camino que Australia trazó meses atrás y refuerza la tendencia global de trasladar la responsabilidad de proteger a los menores a las plataformas. DPL News

🔴 Perú bloqueará 360,000 celulares no registrados en Renteseg

Durante junio, Perú procederá al bloqueo de 360,000 dispositivos móviles que no completaron su registro en la plataforma Renteseg, la lista blanca de equipos autorizados. La medida es parte de una política antipiratería y antisuplantación que busca sanear el mercado de terminales en el país.

El impacto recae sobre usuarios que adquirieron equipos de segunda mano o importados sin pasar por los canales formales. La iniciativa muestra que los registros obligatorios de IMEI siguen generando fricciones con consumidores que desconocen las reglas o que operan en mercados informales. DPL News

🔴 Paraguay: fracasa la licitación de TV digital terrestre y quedan al descubierto sus grietas

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Paraguay declaró desierta la Licitación Pública GR Nº 03/2025 para otorgar una licencia de televisión digital terrestre, luego de que no se presentara ningún oferente.

La prensa paraguaya apuntó que el fracaso de la licitación desbarató lo que algunos calificaban como una “farsa mediática”. Para Conatel, el episodio obliga a revisar las bases del proceso y a reconstruir confianza con los operadores antes de volver a intentarlo. DPL News

🟡 Argentina aprueba la fusión Telecom-Telefónica con condiciones

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina emitió el dictamen que habilita la absorción de Telefónica por parte de Telecom, con condicionamientos. La operación transformará radicalmente el mercado de telecomunicaciones del país y concentrará en una sola empresa una porción significativa de la infraestructura fija y móvil.

Para concretar la fusión, Telecom deberá ceder activos y encontrar compradores para ellos, precisó el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. El proceso abre una carrera inédita para definir quién y en qué términos ingresará al mercado como nuevo actor a partir de lo que Telecom tenga que desinvertir. DPL News / DPL News

🟡 México: la CRT fija fecha para su primera licitación de espectro industrial

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México abrió una consulta pública sobre las bases de licitación de la banda 2.3 GHz, con plazo hasta el 15 de julio. Es la primera subasta de espectro que convoca el regulador desde su creación y marca el inicio formal de la política espectral del nuevo gobierno.

La banda 2.3 GHz es apta para servicios de banda ancha móvil y tiene potencial para ampliar la competencia en el mercado. La consulta permitirá a los operadores e interesados comentar las condiciones antes de que se formalice el proceso. DPL News

🟡 Guatemala: el Congreso cuestiona la adjudicación de frecuencias 5G

Diputados del bloque Cabal en el Congreso de Guatemala solicitaron declarar lesiva la adjudicación de frecuencias para servicios 5G, al considerar que el proceso no garantizó condiciones de libre competencia en la distribución del espectro. La iniciativa escala la presión política sobre la autoridad de telecomunicaciones del país.

Detrás del cuestionamiento está el debate sobre quién y bajo qué condiciones accede al espectro disponible para la siguiente generación de redes móviles en Guatemala. El episodio se suma a una serie de tensiones regionales donde las licitaciones de 5G terminan en disputas legales o políticas. DPL News

🟡 Colombia: 12 solicitudes pasan el filtro para espectro en 900 MHz

El MinTIC de Colombia publicó el informe preliminar del proceso de selección objetiva para la asignación de espectro en la banda de 900 MHz. Doce solicitudes superaron los requisitos iniciales, lo que da forma a un proceso competido que podría ampliar la cobertura móvil en zonas rurales y de difícil acceso.

La banda de 900 MHz es valorada por su capacidad de propagación en exteriores y terrenos complejos, lo que la convierte en clave para la conectividad rural. El siguiente paso será la evaluación técnica y jurídica de los solicitantes que avanzaron en esta primera etapa. DPL News

🟡 Brasil da 60 días a plataformas para adaptarse a nuevas reglas de responsabilidad

El Supremo Tribunal Federal de Brasil finalizó la redacción de la tesis que definirá cómo se aplicará la responsabilidad civil a las plataformas digitales por contenidos de terceros. Las empresas tendrán 60 días para ajustar sus políticas y mecanismos de moderación.

La decisión del STF llega en un momento en que Brasil avanza en legislación específica para regular las redes sociales. DPL News

🟡 Colombia actualiza reglas mayoristas de fibra óptica para abrir la competencia

La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia actualizó la regulación de redes FTTH mayoristas con el objetivo de estimular la competencia en el mercado de internet fijo. El cambio busca que más operadores puedan acceder a la infraestructura existente sin necesidad de desplegar redes propias.

La medida apunta a romper la concentración en el segmento mayorista, donde pocos actores dominan la infraestructura de fibra y condicionan la capacidad de entrada de nuevos competidores. DPL News

🟡 Costa Rica cierra su agencia espacial antes de que despegue

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes, anunció que impulsará un proyecto de ley para derogar la Agencia Espacial Costarricense, creada hace varios años pero que nunca logró operar de manera efectiva.

La agencia espacial costarricense fue concebida como un símbolo del potencial científico del país, pero nunca encontró el presupuesto, la misión ni la estructura para funcionar. DPL News

🟡 La OIT establece el primer marco global para el trabajo decente en plataformas

La Organización Internacional del Trabajo aprobó un nuevo marco normativo que establece obligaciones en materia de seguridad social, remuneraciones, uso de algoritmos, protección de datos y clasificación laboral para los trabajadores de plataformas digitales.

El marco de la OIT llega en un momento en que millones de trabajadores en América Latina dependen de plataformas para generar ingresos. Su implementación dependerá de que los países ratifiquen los estándares y los incorporen en sus legislaciones nacionales, un proceso que suele tomar años. DPL News

🟡 La UE avanza en su Década Digital pero los objetivos de 2030 están en riesgo

La Comisión Europea presentó su cuarto informe sobre el estado de la Década Digital, que muestra progresos en conectividad y habilidades digitales, pero advierte que persisten brechas estructurales que amenazan el cumplimiento de los objetivos fijados para 2030. El diagnóstico es de avance insuficiente en el tiempo que queda.

El informe es relevante más allá de Europa porque los objetivos de la Década Digital sirven como referencia para las agendas de transformación digital de varios países latinoamericanos. DPL News

🟡 España obliga a operadores a mantener cobertura móvil durante apagones

El gobierno español prepara una nueva norma que exigirá a los operadores móviles contar con baterías de respaldo suficientes para garantizar 75% de la cobertura en caso de cortes eléctricos. La medida es consecuencia directa del gran apagón que afectó al país en abril de 2025 y que expuso la vulnerabilidad de las redes de telecomunicaciones ante emergencias.

La regulación impone una carga de inversión significativa sobre las operadoras y pone sobre la mesa el debate sobre resiliencia de infraestructuras críticas. DPL News

🟢 Colombia multa a Telecall por incumplir el 5G

El MinTIC de Colombia sancionó a la operadora Telecall con una multa superior a los 2 millones de dólares por no cumplir con las obligaciones de cobertura y despliegue adquiridas en el proceso de asignación de espectro 5G. Es una señal de que el regulador colombiano está dispuesto a hacer valer los compromisos de los operadores.

La sanción ocurre en un contexto en que varios países de la región enfrentan dificultades para que 5G asignado se traduzca en cobertura real. El caso Telecall establece un precedente que podría acelerar el cumplimiento de obligaciones en procesos similares en Colombia y servir de referencia para otros reguladores. DPL News

🟢 México elimina 1,711 trámites federales 

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, informó que el gobierno mexicano ha alcanzado un avance de 60% en su programa de simplificación administrativa. Entre los resultados concretos destacan la eliminación de 1,711 trámites federales y una reducción de 66% en los requisitos exigidos a los ciudadanos.

La simplificación administrativa es una de las apuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum para mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos a través de medios digitales. DPL News

🟢 Anatel abre consulta pública sobre agenda regulatoria 2027-2028

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil aprobó abrir una consulta pública sobre su Agenda Regulatoria para el bienio 2027-2028, que incluye 32 iniciativas regulatorias. El proceso permite que la industria, la academia y la sociedad civil incidan en las prioridades del regulador antes de que se formalicen.

La agenda de Anatel abarca temas que van desde la gestión del espectro hasta la regulación de plataformas y la convergencia tecnológica. DPL News

🟢 Chile retira miles de cables aéreos en desuso en Coquimbo

La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) inició en la región de Coquimbo la intervención de 2,848 puntos para retirar cables aéreos en desuso. La acción es parte de una estrategia nacional para despejar el espacio urbano de infraestructura obsoleta que representa riesgos visuales y de seguridad. DPL News

🟢 La UIT propone regular probando: experimentar antes de normar

La Unión Internacional de Telecomunicaciones lanzó una propuesta para que los gobiernos adopten la experimentación como herramienta permanente de política regulatoria, en lugar de esperar a que la tecnología madure para regularla. El enfoque apunta directamente a los retos que plantean la IA, 5G y otras tecnologías emergentes.

La UIT argumenta que el ritmo de innovación supera la capacidad legislativa tradicional y que los marcos de sandboxes regulatorios, pruebas piloto y regulación adaptativa son la respuesta más efectiva. DPL News

🟢 España quiere ser el hub europeo de gigafactorías de IA

España anunció una nueva inversión para posicionarse como sede de gigafactorías de Inteligencia Artificial en el marco de la estrategia industrial de la Unión Europea. Las gigafactorías de IA son grandes Centros de Datos especializados en el entrenamiento e inferencia de modelos de Inteligencia Artificial a escala industrial.

La apuesta española combina disponibilidad de energía, infraestructura y posicionamiento geopolítico dentro de la UE para atraer inversión en un sector que definirá la competitividad tecnológica de los próximos años. DPL News

🟢 Banxico publica guías para unificar la experiencia en transferencias electrónicas

El Banco de México publicó las guías que deberán seguir las instituciones financieras para homologar la experiencia de usuario en las transferencias electrónicas de fondos. La iniciativa busca que las operaciones digitales sean más intuitivas y consistentes sin importar qué banco o aplicación utilice el usuario.

Las guías de Banxico llegan en un contexto en que el uso de transferencias electrónicas creció de forma sostenida en México y la fragmentación de experiencias entre instituciones genera confusión y errores entre los usuarios. La estandarización es un paso hacia un ecosistema de pagos más maduro y accesible. DPL News

🟢 Brasil contratará Inteligencia Artificial para el sistema público de salud

El gobierno de Brasil prepara las primeras contrataciones de IA para el sistema público de salud, en el marco del programa SUS Digital. El objetivo es incorporar herramientas de Inteligencia Artificial en procesos del Sistema Único de Salud, el mayor sistema de cobertura universal de América Latina.

El gobierno espera avanzar con las primeras contrataciones antes de que concluya el año, aunque reconoce la incertidumbre que genera el ciclo electoral. DPL News

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Argentina: condicionan fusión Telecom-Telefónica al desprendimiento de activos y otras obligaciones

El Tribunal de Defensa de la Competencia emitió el informe con las condiciones que deberá cumplir Telecom para quedarse con Telefónica en Argentina: el operador tendrá 60 días para presentar interesados —uno independiente para telefonía móvil y uno o más para Internet fijo— en quedarse con los activos de los que se debe desprender.

Estos remedios, que atañen a servicios fijos, móviles, corporativos, acceso mayorista e infraestructura, buscan “prevenir una concentración excesiva del mercado y resguardar la competencia efectiva”, dijo la autoridad. Para Telecom, en tanto, las condiciones son “excesivas” y “no reflejan la evolución de la industria”.

Así las cosas, Telecom tendrá que encontrar comprador para sus distintos segmentos, desprenderse de espectro y cumplir una extensa lista de obligaciones que también abarcan precios, acceso a infraestructura y calidad de servicio. El verdadero desafío está en lograr que funcione el objetivo oficial de preservar un mercado móvil maduro con tres prestadores en condiciones de bajo crecimiento y altos requerimientos de inversión. ¿Habrá pronto un nuevo operador móvil dispuesto a enfrentar este desafío?

Ya hay fecha para la primera licitación de espectro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México sometió a consulta pública las bases de la licitación de la banda de 2.3 GHz enfocada a uso industrial, en donde se establece el 19 de noviembre de 2026 como el día en que los interesados realicen sus ofertas.

La CRT busca otorgar títulos de concesión comercial por un plazo de 10 años para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias que servirán para desplegar infraestructura tecnológica enfocada en la competitividad y la transformación digital de los sectores productivos.

El recurso radioeléctrico que se pondrá a disposición del mercado se ubica en su totalidad dentro de la banda 2.3 GHz, abarcando específicamente el segmento que va de los 2,300 a los 2,400 MHz. La consulta pública estará abierta del 18 de junio al 15 de julio.

IA transformará la evolución de las redes móviles: Ericsson

Con más de 3,000 millones de suscripciones 5G hasta junio de este año, el más reciente Ericsson Mobility Report advierte que la tecnología de quinta generación está entrando en una nueva etapa marcada por la integración de la Inteligencia Artificial (IA) como habilitador para redes más inteligentes, eficientes y automatizadas.

De acuerdo con el informe, la combinación de 5G avanzado e IA permitirá a los operadores optimizar el desempeño de sus infraestructuras, anticipar demandas de tráfico y ofrecer servicios con mayor nivel de personalización y confiabilidad. El documento plantea que el valor futuro de 5G estará en su capacidad para convertirse en una plataforma dinámica que impulse aplicaciones industriales, empresariales y nuevos modelos digitales basados en datos.

MinTIC sanciona a Telecall por incumplimientos en obligaciones 5G

El Ministerio TIC de Colombia impuso una sanción administrativa de 7,422,157,961 pesos colombianos, unos 2,165,746 dólares, a Telecall por incumplir oportunamente con el pago inicial de la contraprestación económica derivada de la asignación de espectro en la banda de 3,500 MHz que adquirió durante la subasta 5G del 2023 y por no constituir dentro del plazo establecido las garantías exigidas para la ejecución del permiso.

A Telecall se le probaron dos cargos: el incumplimiento de la contraprestación económica, por el que tendrá que pagar 4,286,784,801 pesos colombianos (1,250,861 dólares), y la presentación extemporánea de las garantías, por el que pagará 3,135,373,160 pesos (914,885 dólares).

La decisión del MinTIC puede ser objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de apelación ante el Viceministerio de Conectividad.

Milei defiende las corporaciones de IA: “Los escenarios distópicos son contraproducentes”

El interés de Javier Milei por la Inteligencia Artificial es tal que casi cada semana hay un pronunciamiento del presidente de Argentina sobre el tema.  Esta vez, el mandatario respondió al pensador Noah Harari, que días atrás presentó sus dudas por el proyecto que el gobierno local envío al Congreso para dar personería jurídica a las corporaciones no humanas.

Todo el intercambio tuvo lugar en idioma inglés. Comenzó con la publicación de una columna de Milei en Financial Times y siguió con la respuesta de Harari a través de sus redes sociales; también se pronunciaron a favor de la iniciativa funcionarios y personalidades afines a la actual administración mientras que representantes de la oposición criticaron el alcance del proyecto.

“Milei anunció una nueva categoría legal para corporaciones no humanas: empresas dirigidas por AI o robots. Al igual que las corporaciones tradicionales, se les otorgaría personería jurídica. Esto podría traer riqueza pero también entregaría a las IAs una llave universal que otorga acceso a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos”, había disparado también historiador y autor de bestsellers.

HPE introduce soluciones para redes autodirigibles preparadas para la IA

En el marco del evento HPE Discover, Antonio Neri, CEO de HPE, presentó su estrategia basada en tres pilares: IA, networking, y Nube. La compañía considera al networking como el cimiento crítico del éxito de la Inteligencia Artificial: “IA para las redes” y “redes para la IA”.

Tras la compra de Juniper Networks, la compañía se ha enfocado en la formación de un portafolio enfocado en la transición hacia la IA, que resuelva algunos de los grandes retos como la creciente complejidad de las redes, escalar la infraestructura y mantener los costos bajo control.

Para optimizar costos empresariales, HPE expandió la capacidad de sus soluciones en Nube privada como GreenLake, que procesa datos a un costo 30 veces menor. En infraestructura física, lanzaron los switches QFX5252 —diseñados para AMD Helios y capaces de conectar 72 GPUs en un solo rack con baja latencia— y el QFX5250, que destaca por ser la primera completamente refrigerada por líquido.

Finalmente, la firma blindó su arquitectura con enfoque Zero Trust mediante el firewall HPE Juniper SRX4700 con protección cuántica, e introdujo el almacenamiento Alletra Storage MP X10000 para acelerar la disponibilidad de datos. Finalmente, HPE busca consolidarse como la alternativa definitiva para la virtualización, con soluciones que reducen costos operativos hasta en un 90%.

Foro Regional de Desarrollo para las Américas 2026: de la cobertura a la conectividad significativa

Esta semana se llevó a cabo el Foro Regional de Desarrollo para las Américas 2026 (RDF-AMS), organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Cartagena (Colombia), donde representantes de reguladores, organismos internacionales, gobiernos e industria se reunieron para brindar un perspectiva de sus países en términos de transformación digital y avances en conectividad, así como los retos de cada territorio y los que comparte América Latina para lograr el cierre de la brecha digital y garantizar conectividad significativa en los territorios.

En el evento se destacó que ya no basta únicamente con ampliar la cobertura. La conectividad debe traducirse en conectividad significativa a través de acceso efectivo, calidad, seguridad, confianza y oportunidades en educación, salud, agricultura y productividad.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México sometió a consulta pública las bases de la licitación de la banda de 2.3 GHz enfocada a uso industrial, en donde se establece el 19 de noviembre de 2026 como el día en que los interesados realicen sus ofertas.

La CRT busca otorgar títulos de concesión comercial por un plazo de 10 años para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias que servirán para desplegar infraestructura tecnológica enfocada en la competitividad y la transformación digital de los sectores productivos.

El recurso radioeléctrico que se pondrá a disposición del mercado se ubica en su totalidad dentro de la banda 2.3 GHz, abarcando específicamente el segmento que va de los 2,300 a los 2,400 MHz. La consulta pública estará abierta del 18 de junio al 15 de julio.

Se trata de la primera licitación de espectro que realizará la Comisión Reguladora de telecomunicaciones.

De acuerdo con lo que se propone en las bases diseñadas por la Dirección General de Licitaciones de Espectro, el Procedimiento de Presentación de Ofertas (PPO) estará estructurado por una Etapa de Adjudicación dividida en dos fases y una posterior Etapa de Asignación de frecuencias específicas.

Durante la Fase 1 se concursarán 240 bloques de 10 MHz con cobertura en 60 Regiones Industriales a nivel nacional mediante un mecanismo de subasta ascendente de rondas de reloj.

La Fase 2 se activará únicamente si queda espectro remanente y consistirá en la adjudicación de bloques por Polígonos específicos menores a 200 kilómetros cuadrados, ya sea propuestos por los interesados o predefinidos en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, revolviéndose mediante ofertas en sobre cerrado.

La CRT aseguró que para resguardar la libre concurrencia, ningún participante evaluado como Grupo de Interés Económico podrá rebasar el 20% del espectro nacional en bandas similares, ni el 40% de la tenencia dentro de una misma Región Industrial o Polígono.

El cronograma establecido por la Comisión fija un camino claro que iniciará del 3 al 7 de agosto de 2026 con la recepción de las Manifestaciones de Interés, la asignación de Folios Únicos y el periodo para formular preguntas sobre las bases de la licitación. 

Posteriormente, del 10 al 14 de agosto se abrirá el plazo para requerir la Opinión en Materia de Competencia Económica ante la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), mientras que la entrega de propuestas para la delimitación de Polígonos se agendó del 13 al 19 de agosto, lo que permitirá publicar el listado definitivo de áreas geográficas autorizadas el 14 de septiembre. 

Asimismo, la entrega de documentos para acreditar las capacidades jurídicas, administrativas, técnicas y económicas se programó del 15 al 21 de septiembre.

La recta final del concurso comenzará formalmente a más tardar el 6 de noviembre de 2026, fecha límite para que el Pleno de la Comisión emita el acuerdo sobre el otorgamiento de las Constancias de Participación.

Quienes resulten aprobados asistirán del 16 al 18 de noviembre al cotejo presencial de su documentación y a la entrega física de su Garantía de Seriedad.

De esta manera, el 19 de noviembre de 2026 iniciará formalmente el Procedimiento de Presentación de Ofertas (PPO) a través de la plataforma electrónica, previendo que las Actas de Fallo definitivas se emitan dentro de los 20 días hábiles posteriores a la publicación de los resultados finales.

El interés de Javier Milei por la Inteligencia Artificial (IA) es tal que casi cada semana hay un pronunciamiento del presidente de Argentina sobre el tema. Esta vez, el mandatario respondió al pensador Noah Harari, quien días atrás presentó sus dudas por el proyecto que el gobierno local envió al Congreso para dar personería jurídica a las corporaciones no humanas.

Todo el intercambio tuvo lugar en idioma inglés. Comenzó con la publicación de una columna de Milei en Financial Times y siguió con la respuesta de Harari a través de sus redes sociales; también se pronunciaron a favor de la iniciativa funcionarios y personalidades afines a la actual administración, mientras que representantes de la oposición criticaron el alcance del proyecto.

“Milei anunció una nueva categoría legal para corporaciones no humanas: empresas dirigidas por AI o robots. Al igual que las corporaciones tradicionales, se les otorgaría personería jurídica. Esto podría traer riqueza pero también entregaría a las IAs una llave universal que otorga acceso a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos”, había disparado el también historiador y autor de bestsellers.

Para el presidente de Argentina, la preocupación de su interlocutor resulta “cuanto menos, inesperada”, porque “dotar a las empresas gestionadas por IA de un marco legal parece ser una característica necesaria”, además de que, en palabras del mandatario, “Harari ha elogiado la responsabilidad limitada”. Además, considera que la idea de que las empresas de IA conllevan mayores riesgos que las otras es un argumento que, lejos de debilitar, funciona a favor de la legislación planteada.

“También me preocupan sus inquietudes sobre la supuesta habilidad de IA para encontrar lagunas legales o hacer trampas”, siguió para luego preguntarse si acaso los humanos no hacen lo mismo. A continuación propuso que “los escenarios distópicos son contraproducentes” porque, además, “el registro histórico ofrece una guía diferente”.

Al cierre, Milei señaló: “Otorgar personalidad jurídica a una empresa de IA no es como lanzar el Día del Juicio Final de Terminator, es como proporcionar el refugio que James Watt necesitaba hace 200 años, permitiendo que la imaginación se desarrolle y crezca libremente. Aun así, eso no significa que no vaya a haber ajustes en el camino”. El texto fue publicado por la Oficina del Presidente.

En una entrevista reciente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, valoró el proyecto y ahondó sobre los objetivos de la administración actual en la materia: “Lo nuestro es una apuesta, que puede salir o no. Tiene poco costo probarla. Irlanda generó un marco fiscal, impositivo y de derecho de propiedad que lo hizo muy atractivo para la inversión dirigida a Europa. Entonces, por qué no hacemos lo mismo con IA: promover que (estas empresas) se incorporen en Argentina, que da un marco jurídico amigable. Europa está sobrerregulada y en Estados Unidos tampoco tiene un marco amigable jurídicamente. En este contexto, Argentina ofrece esto. Tenemos todo para ganar”.

El proyecto

El proyecto del gobierno es reemplazar la ley General de Sociedades para reducir la burocracia estatal y modernizar el esquema normativo actual. Prevé, entre otros puntos, la creación de una nueva categoría societaria que abarcará a empresas “operadas por Agentes de IA o robots”, las cuales deberán “responder con su patrimonio frente a terceros por datos causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o Agentes de IA”. También se prevé que este tipo de firmas se beneficien de una baja tasa impositiva y que sus accionistas puedan escoger el régimen de gobierno corporativo que prefieran.

Menos herramientas dispersas, más integración. Menos reacción, más prevención. Menos fricción operativa, más eficiencia medible. Mejor defensa tecnológica con Inteligencia Artificial dentro de la operación diaria, esa es la propuesta de Kaseya.

Mateo Bolívar, Sales Director para Latam de Kaseya, afirmó que la Inteligencia Artificial y las plataformas unificadas son claves para que los proveedores de servicios administrados (Managed Service Providers, MSP) y las áreas de TI reduzcan fallas, aceleren respuestas y mantengan la continuidad del negocio.

Kaseya empuja un cambio de fondo en la gestión tecnológica de las empresas. La compañía no vende servicios de TI, sino licencias y herramientas que usan los prestadores de servicios administrados (MSP) para atender compañías pequeñas, medianas y también organizaciones grandes con equipos internos de tecnología. 

En ese modelo de negocio, el valor está en resolver incidentes, pero sobre todo en hacer más ágil y más predecible la operación diaria.

Bolívar describió Kaseya como una plataforma con más de 43 soluciones que trabajan entre sí y se concentran en cinco frentes: protección del endpoint, protección del usuario, defensa de la red, ciberresiliencia y operaciones. 

La fragmentación tecnológica hace perder tiempo, mientras que una sola plataforma unificada permite concentrar información, reducir tiempos de respuesta y coordinar mejor la reacción ante un ciberataque, un ransomware o una caída de sistemas.

Kaseya ha integrado IA en sus herramientas para lograr lecturas más claras, detección más rápida y acciones más proactivas. Puso como ejemplo una solución de protección de correo electrónico que actúa como un filtro permanente contra el phishing y revisa enlaces, palabras y contextos sospechosos antes de que el mensaje llegue al usuario. Para Bolívar, la IA no busca desplazar al técnico, quiere potenciarlo.

El directivo defendió que la tecnología debe pasar de un modelo reactivo, el clásico “break fix”, a un modelo proactivo. El viejo esquema de apagar incendios ya no basta para empresas que necesitan operar sin interrupciones. Una plataforma unificada permite automatizar la resolución de tickets repetitivos, conectar antivirus y tomar acciones automáticas cuando se detecta una amenaza.

Bolívar insistió en que la ciberseguridad debe dejar de verse como un costo y asumirse como una inversión. Un ataque, una caída de servidor o una interrupción del servicio puede generar pérdidas mucho más altas que la adopción preventiva de herramientas de protección. En continuidad de negocio, la diferencia entre contar o no con una solución de recuperación inmediata puede traducirse en una reducción de entre 80 y 90% de los costos de pérdida.

Kaseya ve a los MSP como socios de largo plazo y no como revendedores. Para acompañarlos, la compañía ofrece account management, capacitaciones, demostraciones, ingenieros de apoyo y Kaseya University, su plataforma de formación y certificación. 

A más capacidad del socio, más alcance del ecosistema. Por eso la empresa promueve la verticalización, es decir, que cada MSP se especialice en un sector, como educación, manufactura o salud, para replicar procesos y crecer con eficiencia.

Bolívar fue cuidadoso al hablar del impacto de la automatización sobre el talento de TI. Aseguró que el área de TI no desaparecerá, porque la tecnología de la información sigue requiriendo soporte presencial, instalaciones, reparaciones y gestión humana. En cambio, la IA y la integración de plataformas pueden liberar tiempo, ordenar procesos y evitar el desgaste de las nóminas técnicas. En otras palabras, la tecnología no sustituye al especialista, pero sí puede volverlo más productivo y menos reactivo.

El Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) de Argentina publicó el detalle de los condicionamientos que corren para que Telecom se quede con Telefónica: el operador tendrá 60 días para presentar interesados —uno independiente para telefonía móvil y uno o más para Internet fijo— en quedarse con los activos de los que se debe desprender.

La imposición de remedios se sostiene, según la autoridad, en la necesidad de neutralizar los potenciales efectos anticompetitivos de la operación en los segmentos de Internet residencial, servicios corporativos y acceso mayorista, al tiempo de “preservar la existencia de tres operadores móviles competitivos a nivel nacional”.

Para Telecom, las condiciones estipuladas son “excesivas” y “no reflejan la evolución de la industria”.

Servicios móviles

El informe da cuenta de que la fusión reduce de tres a dos los operadores de red móvil independientes del país, lo que “crearía un duopolio” en el segmento. Claro (América Móvil) mantendrá su share en 41.8%, en tanto que Personal (33.8%) sumaría la base de Telefónica (24.4%). El operador móvil virtual (OMV) Imowi tiene 34,000 líneas, equivalente al 0.05% del share.

Por ello, a fin de preservar la estructura del mercado de tres competidores, se le exige a Telecom Argentina transferir a “un adquirente independiente” una base de 6 millones de clientes activos, de los cuales 4 millones deben corresponder al Área Metropolitana de Buenos Aires y los otros en el resto del país. La transferencia incluye contratos, numeración e historial.

“La composición de la base de clientes a transferir deberá instrumentarse teniendo en cuenta un mix adecuado de clientes de modo de impedir prácticas de selección adversa que puedan desnaturalizar el alcance competitivo de la desinversión”, señala el documento y agrega que el nuevo entrante también tendrá acceso a acuerdos de compartición de red por un plazo mínimo de tres años renovables, hasta que cuente con red propia operativa. Hasta entonces, Telecom también deberá garantizarle acceso a sus sistemas de gestión comercial.

Además de la transferencia de clientes, el operador tendrá que ceder el espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio debidamente. Con la fusión, Telecom excedería el cap máximo autorizado en su totalidad. Este excedente alcanza 130 MHz en 139 jurisdicciones; 110 MHz en 25; 90 MHz en 227; 70 MHz en 281 y 50 MHz en las restantes 2,854. “Simultáneamente, Claro opera ya en el máximo permitido en el 90% de las jurisdicciones. Ningún nuevo entrante podría acceder a una tenencia espectral equivalente”, dice el dictamen.

Telecom también tendrá que firmar acuerdos con el comprador sobre RAN Sharing (compartir el acceso móvil para que el nuevo operador pueda prestar servicios usando la infraestructura del vendedor), roaming nacional, roaming internacional y co-ubicación (permitiendo que el comprador instale equipos en torres y sitios de Telecom).  Además, el dictamen detalla que Telecom Argentina no podrá volver a comprar clientes, redes, espectro y otros activos durante cinco años.

Servicios fijos

“La operación importa superposición de redes de acceso a Internet residencial (de distintas tecnologías) en numerosas ciudades del país”, por lo que el Tribunal ordena la desinversión de la cartera de abonados de Movistar en 28 localidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro. La obligación comprende 211,400 abonados (148,200 en centros urbanos, 53,800 en el Corredor sur del conurbano bonaerense y el resto en el corredor oeste del conurbano bonaerense).

En este caso, la cartera y activos de red (opcional según las necesidades de la contraparte) podrán transferirse a un único comprador o varios, teniendo en cuenta la dimensión geográfica de los bloques de localidades identificadas. El Tribunal habilita un mismo comprador para los activos del segmento fijo y móvil, al punto de que señala que “podrá evaluar positivamente propuestas que integren ambos paquetes”.

Servicios corporativos y acceso mayorista

En tanto, los remedios para servicios corporativos tienen por objeto preservar condiciones de competencia efectiva en el mercado de provisión de conectividad dedicada y servicios de telecomunicaciones a clientes empresariales. Aquí las partes asumirán compromisos de conducta para preservar condiciones de competencia efectiva sin transferencia de clientes ni desinversión asociados.

La resultante deberá mantener contratos mayoristas existentes y ofrecer la renovación a las contrapartes por un periodo no inferior a la original y en condiciones competitivas. No podrán resolver unilateralmente contratos mayoristas vigentes y deberán mantener su permanencia en los Puntos de Intercambio de Tráfico administrados por la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

La desinversión: plazos y obligaciones

Las partes serán responsables de identificar y proponer el o los adquirentes —también detallar el plan de negocios— para cada paquete, los cuales deberán contar con requisitos tales como independencia, capacidad financiera y técnica y “vocación de competencia”. Esta propuesta tendrá que presentarse en hasta 60 días, plazo que podrá prorrogarse de forma excepcional.

Recibida la propuesta, el Tribunal solicitará al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) una opinión técnica respecto de la capacidad de los interesados, tras lo cual optará por aprobar, rechazar o solicitar información adicional.

Telecom deberá además proponer un agente de monitoreo independiente, que monitoreará y supervisará el proceso y verificará medidas contractuales, entre otras funciones.

Las partes dispondrán de un primer periodo de desinversión de 18 meses calendario aunque este plazo podrá extenderse.

Así las cosas, Telecom, que ya presentaba en sus resultados las cifras de Telefónica, deberá poner manos a la obra y encontrar comprador para sus distintos segmentos, desprenderse de espectro y cumplir una extensa lista de obligaciones que también abarcan precios, acceso a infraestructura y calidad de servicio. El verdadero desafío está en lograr que funcione el objetivo oficial de preservar un mercado móvil maduro con tres operadores con condiciones de bajo crecimiento y altos requerimientos de inversión. ¿Habrá pronto un nuevo operador móvil dispuesto a enfrentar este desafío?

David Adissi – Director General de NTechnology

Me encontré en LinkedIn un post que se volvió a circular con fuerza: “The TechCo is dead”. El autor, un directivo con paso por Google y Ericsson, enterraba el concepto de TechCo en un cementerio de buzzwords —Telco 2.0, Telco Cloud, Servco y compañía— y remataba con una idea provocadora: las telecomunicaciones no tienen nada en común con las grandes tecnológicas más que la letra “T”. 

Telecom invierte 1% en I+D; tech invierte 15% o más. Telecom no desarrolla su propia tecnología; depende de un puñado de proveedores. Telecom carga con fierro pesado que se deprecia lento. Conclusión: dejen de pretender ser Google.

Lo leí dos veces. Y me hizo reflexionar, porque tiene razón. Parcialmente.

Tiene razón en la superficie. Es verdad que las telcos nunca desarrollaron tecnología propia, y es verdad que TechCo fue un disfraz que nunca les quedó. Pero su conclusión —resígnense a ser tubos— me parece un error de perspectiva, no de fondo. Está describiendo bien el síntoma y diagnosticando mal la enfermedad.

Porque el problema nunca fue que las telcos quisieran ser tecnológicas. El problema fue cómo se relacionaron con quienes sí lo eran.

El modelo que dejó a la telco siempre del lado vulnerable

Déjenme contar el ciclo como lo he visto repetirse, en infraestructura de red y también en TI y software.

Las grandes tecnológicas entendieron temprano algo que las telcos subvaloraron de sí mismas: su captación de mercado. Su alcance. Llegaron no a construir un negocio conjunto, sino a entregar producto para que la telco lo revendiera por sus canales. La telco ponía la base instalada, la relación con el cliente, la marca y el balance. El proveedor ponía la factura. Una factura alta, por cierto.

Y aquí está la parte incómoda: no había sociedad. Había una venta. El proveedor cobraba por adelantado, hacía su cashout y se iba. No se quedaba a construir el go-to-market. No adaptaba el producto al mercado local. No compartía el riesgo del retorno. Ese trabajo —el difícil, el que sí define si el negocio funciona— quedaba del lado de la telco, sola, persiguiendo un ROI que el proveedor ya había cobrado.

No lo digo como reproche moral. Cada quien optimiza su modelo, y el del proveedor era racional. Lo digo como diagnóstico: el operador no perdió el valor por falta de ambición. Se lo extrajeron, sistemáticamente, con un modelo de relación diseñado para que ellos cargaran el peso y otros se llevaran la renta.

Por eso la lectura de “resígnense a ser tubos” me parece corta. No es que las telcos no puedan capturar valor. Es que nunca las dejaron quedarse con la parte que construían.

Por qué la IA amenaza con repetir el guion y por qué esta vez es peor

Lo preocupante es que el guion se está volviendo a montar, ahora con la IA, y a una escala mayor.

Si las telcos tratan la Inteligencia Artificial como un detonador más de tráfico —más datos, más banda, más fierro— van a repetir exactamente lo que las dejó mal paradas en la primera ola digital. El tráfico crecerá, la presión de inversión seguirá altísima y las capas rentables —el modelo, la orquestación, la relación con el cliente— se las quedará, otra vez, quien controla el software.

Pero hay un agravante nuevo, y la semana pasada nos lo mostró en vivo.

El 13 de junio, el gobierno de Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender el acceso a sus modelos más avanzados —Fable 5 y Mythos 5— para todo extranjero, dentro o fuera del país, por motivos de seguridad nacional. 

La medida fue tan tajante que dejó fuera incluso a los propios empleados extranjeros de la empresa. Es la misma lógica de control de exportaciones con la que ya se restringieron los chips de Nvidia y AMD, aplicada ahora a la inteligencia misma.

Léanlo despacio, desde aquí. La inteligencia de la que muchos están empezando a depender dejó de ser un servicio y se volvió un switch que controla alguien más, afuera, y que puede apagarse de un día para otro por razones que no tienen nada que ver con nosotros.

Para América Latina eso no es una hipótesis regulatoria. Es nuestra posición de partida: quedamos del lado equivocado de la línea. Y en ese momento, la proximidad, la soberanía del dato y la capilaridad física dejaron de ser nostalgia telco para convertirse en los activos más valiosos del nuevo mapa.

Y hay que nombrar lo que esto significa en competitividad, porque es serio: nos frenaron antes de empezar. Antes siquiera de poder usar esta tecnología como palanca de desarrollo —para hacer más productivas nuestras fábricas, más eficientes nuestros servicios, más competitivas nuestras cadenas productivas— ya nos pusieron del otro lado de una restricción que no negociamos ni provocamos. El rezago no se mide en el acceso a un modelo. Se mide en los años de competitividad que se nos van mientras otros sí lo usan.

No se trata de ser Silicon Valley

Quiero ser claro con algo, porque se presta a malentendidos. La respuesta a esto no es soñar con construir nuestro propio Silicon Valley, ni con parir de la nada una industria tecnológica que compita de tú a tú con la de Estados Unidos o China. Esa aspiración, además de irreal para nuestra realidad de capital, es otra vez el mismo error con otro nombre: querer ser Google.

La respuesta es más pragmática y, en mi opinión, más poderosa. Se trata de impulsar lo nuestro: usar la tecnología que sí podamos desplegar de manera local y soberana para madurar y volver más competente la industria que de verdad sostiene nuestras economías. 

Manufactura, logística, energía, salud, servicios públicos. No para presumir un ecosistema tech, sino para seguir teniendo juego en la cancha mundial con aquello que ya nos da de comer.

Ese puente —entre la tecnología que tenemos a la mano y la economía real que urge volver competitiva— es justo el lugar donde una telco se puede parar. Si decide hacerlo.

Los dos nombres del juego

El juego de la IA y del nuevo software se va a definir, a mi juicio, por dos cosas: personalización y eficiencia de costos. Quien entregue ambas, gana.

Y resulta que las telcos están mejor paradas que nadie para entregarlas —si dejan de mirar hacia donde no deben.

Personalización, porque la telco tiene algo que el hyperscaler no tiene y que cada vez le cuesta más exportar: el dato operacional y de consumo de sus clientes, sobre todo los empresariales. Ahí vive la posibilidad de construir soluciones de verdad, no genéricas.

Eficiencia y cercanía, porque la inteligencia útil va a vivir cada vez más cerca de donde se usa —en el edge, en sitios locales, en infraestructura distribuida de inferencia— y eso ya lo tienen montado. Tienen la huella. Tienen la fibra. Tienen la confianza local y la experiencia regulatoria.

Aquí hago un paréntesis crítico. En la carrera por la movilidad, muchas telcos están descuidando el valor de su red fija y de todo lo adyacente que cuelga de ella. Y justo ahí —en la fija, en el edge, en los sitios que ya operan— está la materia prima de la próxima década. La están subutilizando mientras corren detrás del siguiente plan de datos.

La realidad latinoamericana: no gana el mejor, gana el que llega

Y ahora la parte que casi nadie quiere decir en voz alta cuando habla de IA desde la región.

No vamos a competir construyendo lo que construye Norteamérica. No tenemos —ni necesitamos— la intensidad de capital de los Centros de Datos de hiperescala. Querer copiar ese modelo aquí es, otra vez, querer ser Google. El mismo error, con factura más cara.

Lo que sí podemos hacer es aprovechar lo que ya existe y reconvertirlo. Repurposing. Tomar sitios, capacidad y Centros de Datos locales que ya están desplegados y volverlos infraestructura de inferencia distribuida. Muchos ya lo están haciendo y es el camino correcto para nuestra realidad de consumo y de inversión.

Porque en nuestro mercado, el modelo más sofisticado no es el que gana. Gana el que llega más rápido y más barato al mercado masivo. Lo he dicho en cada mesa donde me dejan: hoy no gana quien tiene el mejor servicio, sino quien tiene el mayor alcance. Y el alcance es, precisamente, la última capa de valor: la que toca al cliente final. Lo único de toda la cadena que las telcos nunca han tenido que pedir prestado.

La pieza que falta: cambiar de proveedor a socio de riesgo

Entonces, ¿cómo capturan esta vez el valor que se les ha escapado siempre?

No comprando y revendiendo otra vez. Ese camino ya lo conocemos y ya sabemos cómo termina: con la telco sola, persiguiendo el retorno de una factura que alguien más ya cobró.

Tampoco solas. La honestidad obliga a decirlo: las telcos no tienen, ni les conviene desarrollar de cero, el músculo tecnológico para hacer esto por dentro. Lo que necesitan son aliados nativos digitales, con la capacidad técnica real, pero bajo un modelo de relación distinto al que las lastimó.

Un modelo de riesgo compartido. Una lógica de fábrica de soluciones, donde el aliado no llega a venderles una licencia y desaparecer, sino a construir con ellas el go-to-market, a adaptar al mercado local y a poner su propio resultado en juego junto con el de la telco. Donde se comparte el riesgo y se comparte el retorno, no donde uno carga el peso y el otro emite la factura.

Esa es la diferencia de fondo. No es tecnológica. Es de arquitectura de relación. Es quién carga el riesgo.

La decisión

El paradigma está cambiando y el lugar del valor se mueve con él. Los vendors se diluyen. Y aquí está el giro que más me importa: el poder dejó de estar en quien controla el software. El software se volvió abundante y, como acabamos de ver, hasta apagable desde afuera. 

El poder está en quien controla la última capa de valor —la del servicio, el delivery y la infraestructura por la que la inteligencia llega, segura y cercana, hasta quien la usa. Esa capa no se apaga por decreto de otro país.

Ese terreno es de las telcos. Siempre lo fue. La pregunta no es si pueden jugarlo, sino si esta vez van a quedarse con su parte.

Y aquí termino donde, en realidad, debería empezar la conversación.

Lo escribo desde adentro: dirijo una empresa que desarrolla IA en la región. Desde ahí veo una oportunidad que se está dejando pasar, la de construir y capitalizar esta etapa junto a los operadores, no a costa de ellos.

Porque de soberanía tecnológica se habla mucho, pero se colabora poco con las empresas regionales que de verdad están desarrollando IA. Y hay veces en que pesa más un logo conocido en la puerta que un producto que funciona y un caso de negocio que cierra. Ese reflejo es, a fin de cuentas, el mismo que llevó a las telcos a poner la infraestructura mientras otros se quedaban con la renta.

No pretendo resolver eso en una columna. Sólo dejar la pregunta sobre la mesa: la próxima vez que un operador decida con quién entra a la era de la IA, ojalá no se fije primero en cuál logo se ve mejor en la lámina, sino en quién entiende su mercado, se mueve a su ritmo y está dispuesto a poner su propio resultado junto al suyo.

El TechCo nunca estuvo muerto. Lo que faltaba era mirarlo desde el lado correcto.