California: industria móvil contra la regulación ante emergencias
- La regulación, que determina que los proveedores de Internet móvil no puedan disminuir la velocidad durante una emergencia, podría ser aprobada el miércoles, pero CTIA considera que es “ambigua”.
La industria inalámbrica se opone a una nueva regulación en California que evitaría que las compañías limiten la conexión de Internet a las organizaciones de seguridad pública durante emergencias, la cual se planteó como consecuencia del Complejo de Incendios de Mendocino durante 2018, uno de los incendios forestales más graves en la ciudad hasta ahora.
Durante esa ocasión, Verizon disminuyó las velocidades de Internet móvil de la unidad de bomberos del Distrito Central de Protección Contra Incendio del condado de Santa Clara, debido a que había superado el plan mensual que tenían contratado. Esto, según las autoridades, pudo haber interrumpido la comunicación entre el personal y entorpecer las labores.
En una carta dirigida al Comité de Comunicaciones y Transportes de la Asamblea de California, la CTIA, representante de dicha industria, informó su desacuerdo con la Ley AB 1699, argumentando que contiene conceptos ambiguos sobre lo que se consideraría una emergencia y, además, la priorización de datos para el sector que atiende ese tipo de situaciones “ya está provista por una importante red inalámbrica móvil”.
Otro de los argumentos de la agrupación es que la regulación no incluye requisitos de notificación, pues considera que el actual planteamiento pretende que los operadores identifiquen cuáles redes pertenecen al sector de seguridad pública y si debe ajustarse el servicio por una emergencia.
La ley será votada el próximo miércoles por el Comité de Comunicaciones y Transportes, con CTIA como único opositor, ya que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación de Control de Inundaciones del Valle Central de California, el Condado de Santa Clara, la Asociación de Jefes de Bomberos, Bomberos Profesionales, la Asociación de Distritos de Bomberos, la Oficina de Defensores Públicos y la Fundación de Frontera Electrónica, de acuerdo con el análisis oficial del proyecto de ley.
Por su parte, la industria inalámbrica puntualizó que podría manifestar su apoyo a la nueva regulación si se le realizan cambios tomando en cuenta las apreciaciones referidas en la carta.