Buenas prácticas para que los Estados no sean barreras en despliegue de infraestructura
Las oportunidades que ofrece 5G están claras, son muchas y para múltiples verticales. La infraestructura será crucial para convertir promesas en hechos. Entonces, ¿por qué es tan dificil desplegar infraestructura en América Latina? Los motivos y las buenas prácticas para que el Estado no sea barrera de innovación se conversaron en el primer panel de la segunda jornada del foro México 5G (MX5G).
“Sin infraestructura no hay servicio y sin servicio no hay beneficios”, inició Edgar Olvera, socio de Greenberg Traugir, quien moderó el diálogo del que participaron Paula Bertolini, directora de la agencia DPL News; Sostenes Díaz, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Netzer Díaz, director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (Ciapem), y Jorge Toledo, coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade).
Bertolini habló de la instalación de infraestructura como “un desafío regional” por los problemas burocráticos, administrativos, requisitos para el despliegue y los plazos que corren en América Latina, que además tiene retos adicionales como la topografía y las dificultades de inversión. En este sentido, llamó a los gobiernos a “entender la importancia de la instalación, más aún con 5G, que requiere mayor capilaridad de antes y más aún si se quiere llegar a zonas apartadas para cerrar la brecha digital”.
En este contexto, mencionó el silencio administrativo positivo como buena práctica en la materia. Ya lo aplica Brasil con la ley de antenas reglamentada en 2020, Colombia, con la ley de Internet como servicio público, y también Perú. “Es un buen mecanismo, que aunque existan normativas no siempre significa que esto se cumpla en la práctica”, consideró.
Tras señalar la importancia de mostrar a los gobiernos la importancia de instalar infraestructura de telecomunicaciones, Bertolini habló de otras políticas que pueden tenerse en cuenta: Costa Rica tiene una ley de infraestructura con acciones para promover el despliegue y Colombia diseñó un índice con los municipios que más facilitan la instalación. También valoró las políticas de Perú y Colombia, que aceptan el intercambio de pago de espectro por cobertura, algo útil especialmente para llegar a sitios alejados, y la compartición voluntaria de infraestructura como otro modelo que puede funcionar para los objetivos planteados.
El comisionado del IFT, por su parte, señaló que en el camino a 5G se requerirán 550 mil sitios en América Latina y hasta 140 mil en México para 2030 (American Tower). En este contexto, Díaz planteó la necesidad de avanzar sobre tres políticas públicas: regulación para la compartición de infraestructura activa y pasiva, el acceso de operadores a infraestructura de otras industrias y agilizar los permisos para el despliegue.
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México ha trabajado en el tema, con lineamientos de compartición e investigaciones que derivaron en recomendaciones a los estados en cuestiones como tiempos claros de acción y que los trámites asociados a despliegue se puedan llevar a cabo de forma electrónica. También habló del Comité local 5G: “La idea del Comité es que salgan recomendaciones para las autoridades, como que se pueda acceder a infraestructura de otras entidades públicas” y también capacitación para agentes y entidades gubernamentales.
El director de Ciapem, por su parte, habló de la importancia de que los gobiernos locales conozcan y adopten normativas vigentes. Una buena práctica es la de Hidalgo, dijo el ejecutivo, donde “los 84 municipios tienen una regulación homogénea en cuanto a trámites”, indicó para luego destacar los casos de República Dominicana y Chile por sus políticas para el despliegue de redes en sitios donde las condiciones son desafiantes.
“Tenemos 2 mil 458 municipios en México con condiciones distintas. Debemos analizar los desafíos desde lo más básico y para ello conocer las expectativas de cada sitio es crucial”, señaló Netzer Díaz e hizo énfasis en que hay que “alinear normatividad, procesos y situación real”. Para concluir, señaló el concepto de ventanilla única digital como un buen paso dentro de “una hoja de ruta clara para saber dónde vamos en cada caso”.
Para Toledo, “el reto de cerrar la brecha es no dejar atrás a los que estamos atrás y poder avanzar en forma conjunta” y, en general, los gobiernos federales muestran mayor interés cuando hay claridad sobre qué, cómo y por qué hacerlo. La otra clave, consideró, es el presupuesto: “El otro tema es que los gobiernos tengan los medios económicos para impulsar esto” y para ello “hay que elevar el nivel de la conectividad a lo que implica para los municipios una carretera”.
Diálogo constante, cooperación de todo el ecosistema y entendimiento, de los gobiernos locales sobre la importancia y de los Estados sobre cómo hacerlo, parecen llaves para que la instalación de infraestructura no sea frenada por reglas heterogéneas que se convierten en barreras para la innovación. Todo esto más silencio positivo y presupuesto deben agregarse a un punto que a cada rato enfatizan en la región: para prosperar, las políticas deben ser de Estado y no de gobierno.