Brasil sanciona marco para la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este miércoles 17 de septiembre el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (ECA Digital). La Ley Nº 2.628/2022 establece obligaciones para redes sociales, aplicaciones, videojuegos y demás servicios digitales, imponiendo medidas de seguridad desde la concepción de los productos y limitando estrategias de monetización de contenidos dirigidos a menores de edad.
Todo comenzó con el “proyecto de ley de la Adultización”, resultado de la presión social desencadenada por un video-denuncia del influencer Felca, que muestra cómo el algoritmo de las redes sociales favorece y respalda la articulación de pedófilos en perfiles de niños, niñas y adolescentes.
La normativa pasa a exigir mecanismos de verificación de edad considerados confiables, la disponibilidad de herramientas de supervisión parental y la obligación de remoción rápida de contenidos ilícitos o perjudiciales que involucren a niños, niñas y adolescentes. También se aprobaron restricciones al tratamiento de datos y a la publicidad dirigida, lo que impacta directamente en modelos de negocio basados en anuncios y en el engagement.
El texto fue sancionado con tres vetos. El gobierno eliminó disposiciones que atribuían competencias indebidas a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), retiró la vinculación permanente de multas al Fondo de la Niñez y la Adolescencia y vetó el plazo de 12 meses para la adaptación a la ley, previsto en el proyecto aprobado por el Congreso. De este modo, entra en vigor de manera inmediata.
Como compensación, Lula da Silva anunció el envío de una medida provisoria (MP) que reduce este plazo a seis meses, además de otra MP destinada a transformar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) en agencia reguladora, con autonomía técnica, administrativa y financiera para fiscalizar y aplicar la nueva ley.
Según el Ejecutivo, la transformación de la ANPD es estratégica para garantizar la aplicación efectiva de las nuevas reglas, evitando la superposición de atribuciones con la Anatel y con el Comité Gestor de Internet. El gobierno también adelantó que publicará un decreto para detallar la división de competencias entre los órganos reguladores.