Brasil | Proveedores se oponen a ley que exige presentar velocidades de Internet en factura
Abrint presentó una acción ante el STF alegando el desacato a la competencia privativa de la Unión y el perjuicio a las prestaciones de servicios por parte de los operadores.
La Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), con solicitud de medida cautelar, en oposición a la Ley 5,885/2022, del estado de Mato Grosso do Sul, que obliga a las empresas prestadoras de servicios de Internet móvil y banda ancha en la modalidad pospago a presentar, en la factura mensual, información sobre la velocidad diaria de recepción y envío de datos.
Abrint afirma que “no se trata sólo de otra ley estatal que usurpa la competencia privativa de la Unión Federal para legislar sobre derecho civil y telecomunicaciones. Se trata de un requisito incompatible con la posibilidad real de las empresas, que causa una carga extremadamente alta y perjudica de manera absoluta la viabilidad misma de la oferta de los servicios”.
El incumplimiento de la exigencia prevé el pago de una multa por parte de los operadores, bajo pena de la Ley de Defensa del Consumidor.
Te puede interesar: Advierten riesgos de privacidad en herramienta para medir velocidad de Internet en Perú
La AGU (Procuraduría General de la Unión, por sus siglas en portugués), que también emitió un dictamen enviado al STF (Supremo Tribunal Federal), a favor de la Ley, entiende que la medida busca asegurar los derechos de los consumidores y no infringe el texto constitucional, sino que contribuye a la concreción de algunos de sus preceptos fundamentales.
A la acción de la Abrint presentada al ministro relator Alexandre de Moraes, del STF, se le otorgó el procedimiento especial de la ley de las ADIs que permite, ante la relevancia del asunto y su significado para el orden social y la seguridad jurídica, someter el proceso a juicio directo en el Pleno del Tribunal, después de que la parte contraria proporcione la información.
“La continua falta de respeto a la competencia privativa de la Unión resulta en inseguridad jurídica para todos los proveedores, independientemente del tamaño de la empresa. Aunque este punto fue destacado en el análisis sectorial brasileño realizado por la OCDE, el problema persiste y debemos recurrir al poder judicial para que se realice la corrección”, justificó la Abrint.