Brasil ordena multa a X por no cumplir órdenes judiciales
El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó que la red social X (anteriormente Twitter) pague una multa equivalente a US$ 1.4 millones (R$ 8.1 millones) por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con el perfil de Allan dos Santos, un bloguero aliado del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de difundir desinformación.
En julio de 2024, Moraes ordenó que X bloqueara el perfil de Allan dos Santos y proporcionara sus datos de registro al Tribunal. La plataforma bloqueó la cuenta, pero alegó dificultades técnicas para proporcionar la información solicitada, lo que resultó en una multa diaria de R$ 100 mil, que acumuló hasta alcanzar R$ 8.1 millones en octubre del mismo año.
Después de apelar sin éxito, X notificó al Tribunal su intención de pagar la multa. El miércoles 19 de febrero, Moraes ordenó el pago inmediato del monto, indicando la cuenta bancaria para el depósito.
Este episodio ocurre en medio de un contexto de tensiones entre el ministro y Elon Musk, propietario de X, sobre cuestiones de libertad de expresión y combate a la desinformación. El juez está siendo procesado en Estados Unidos precisamente por el caso de Allan dos Santos, quien desde 2021 está prohibido por el STF de mantener o crear nuevos perfiles en redes sociales.
La plataforma Rumble y Trump Media & Technology Group acusan a Moraes de violar la Primera Enmienda Constitucional de EE. UU., al interferir en la libertad de expresión, dado que el bloguero y activista de derecha intentó crear un perfil en esta red a pesar de estar impedido.
En 2023, la plataforma X fue suspendida temporalmente en Brasil tras negarse a nombrar un representante legal en el país, como exige la legislación brasileña. La salida de la oficina de X en el país fue inicialmente por negarse a mantener el bloqueo de perfiles con contenido antidemocrático, incluido el de Allan dos Santos.
La plataforma sólo fue reinstalada después de cumplir las órdenes judiciales, que incluyeron el pago de multas y la designación de un representante legal.