Brasil mantiene el veto a sanciones por fake news en las elecciones

El veto fue impuesto por el ex presidente Jair Bolsonaro durante su gestión y bloquea ocho dispositivos del texto aprobado por el Legislativo en 2021.

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Este martes (28), el Congreso Nacional decidió, por 317 votos a favor y 139 en contra, mantener el veto del ex presidente Jair Bolsonaro al texto aprobado en 2021 (VET 46/2021), que criminaliza la divulgación de fake news con multas y penas de uno a cinco años de prisión.

La mantenimiento del veto bloquea ocho dispositivos del texto aprobado hasta el momento, como la ya mencionada criminalización de la promoción o financiamiento de fake news en las campañas electorales, así como la autorización para que un partido presente una acción ante el TSE (Tribunal Superior Electoral) si el Ministerio Público no tomaba las medidas necesarias sobre la propagación de desinformación.

Otros pasajes se refieren a una sanción más severa para militares y funcionarios públicos involucrados en delitos contra el Estado democrático de derecho, así como la definición de delitos como “atentado al derecho de manifestación”, que contemplaba penas de hasta 12 años de prisión.

En su momento, Bolsonaro justificó el veto afirmando que la “redacción genérica” tenía el efecto de “alejar al elector del debate político y reducir su capacidad de tomar decisiones electorales, inhibiendo el debate de ideas y debilitando el proceso democrático”.

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Durante las deliberaciones para la votación, varios senadores fueron a la plenaria para articular sus votos y defender sus posiciones. El diputado oficialista Carlos Zarattini dijo: “Este veto fue impuesto por el entonces presidente Bolsonaro con el claro objetivo de protegerse a sí mismo”.

Por parte de la oposición, el discurso giraba en torno al pleno ejercicio de la libertad de expresión: “Obviamente, nadie defiende el contenido mentiroso o desinformativo, pero no podemos crear mecanismos de censura”, argumentó el senador Marcos Rogério (PL-RO).

Según lo informado por el Estadão, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, fue un fuerte defensor de mantener el veto presidencial, habiendo buscado en varias ocasiones a miembros de la bancada evangélica.

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