La reestructuración judicial de Oi entró en una nueva fase de tensión. El pasado viernes 16 de enero, el ministro Mauro Campbell, del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, suspendió la liberación de un pago que podría alcanzar los R$ 750 millones (US$ 139 millones aproximadamente) al administrador judicial de la compañía, Bruno Rezende, al mismo tiempo que la Justicia de Río de Janeiro prorrogó hasta abril la suspensión de las obligaciones extraconcursales de la operadora, cuyo pasivo ya asciende a R$ 2,200 millones (US$ 410 millones).
La controversia en el STJ gira en torno a una autorización concedida a fines de diciembre por la jueza Simone Chevrand, del 7º Juzgado Empresarial de Río de Janeiro, que admitió la remuneración del administrador judicial con base en hasta el 5% de los valores efectivamente destinados a los acreedores de Oi, conforme a los términos homologados en la reestructuración judicial.
Según una estimación presentada en el proceso, la venta de activos podría alcanzar los R$ 15,000 millones, lo que daría lugar a una remuneración potencial de R$ 750 millones. La información fue divulgada por el periodista Lauro Jardim, de O Globo. Al suspender el pago, Mauro Campbell sostuvo que el monto excede los límites de lo razonable y ordenó que el Consejo Nacional de Justicia comience a monitorear el caso.
En paralelo, la Primera Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro concedió 90 días adicionales de suspensión de las obligaciones extraconcursales de Oi, una medida que vencía el 20 de enero y que ahora se extiende hasta abril.
De acuerdo con la información divulgada, la decisión, adoptada por la jueza Mônica Maria Costa a pedido de la administración judicial, busca evitar la declaración inmediata de quiebra, considerada una solución extrema que podría desvalorizar los activos aún en proceso de liquidación. Actualmente, la compañía paga sólo a proveedores considerados esenciales.
En diciembre, la jueza Simone Chevrand también autorizó la realización de una subasta inversa de hasta R$ 250 millones para saldar deudas extraconcursales vencidas hasta noviembre, pero el proceso aún no se ha llevado a cabo y no hay previsión de cuándo ocurrirá.