Brasil investiga legalidad del consorcio Claro, TIM y Telefónica para la compra de Oi
La Secretaría General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil determinó el inicio de una investigación de acto de concentración (APAC) para conocer si Claro (América Móvil), TIM y Vivo (Telefónica) actuaron en consorcio en la preparación de la compra de Oi Móvil.
El CADE quiere entender si las empresas le debieron haber notificado la formación de un consorcio, ya que este tipo de arreglo entre empresas se considera un acto de concentración.
Esta investigación no debe confundirse con la fusión para la compra propia de Oi Móvil, que fue pre-notificada por los tres operadores al CADE en noviembre, cuando obtuvieron la exclusividad en la negociación, y luego en febrero, cuando el contrato con Oi se firmó definitivamente, después de una oferta de compra de 16.6 mil millones de reales.
La APAC se desarrolla como parte de una representación de posibles irregularidades competitivas. La empresa de telecomunicaciones Algar solicitó al CADE que cancele la venta de Oi Móvil a los operadores. Si el Consejo considera que hubo una irregularidad, es posible que se requiera que las tres empresas de telecomunicaciones paguen una multa por la notificación tardía.
Algar Telecom envió una representación en diciembre de 2020 alegando que los tres operadores habrían actuado de manera orquestada, creando un centro unificado de decisiones económicas que actuó para obtener una privilegiada posición de “primer licitador” en el juicio que organiza la venta de los activos de Oi. Algar señala que Claro, TIM y Vivo habrían actuado como un consorcio, generando ya varios y significativos efectos competitivos concretos, y caracterizándose como un acto de concentración realmente consumado.
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Algar argumenta que la oferta conjunta de Claro, TIM y Vivo debió haber sido aprobada por el CADE antes de que los operadores participaran en la subasta, lo que no se hizo. Por esta razón, Algar entiende que se debe cancelar toda la subasta de Oi Móvil, expresando que habría riesgo de crear un escenario de concentración con efectos inmediatos en el mercado, eliminando un nuevo participante existente y erosionando la posibilidad de crear otros competidores debido a la retractación de posibles financiaciones.
Los operadores, en diferentes declaraciones emitidas poco después de la subasta, afirmaron que la distribución de los activos de Oi se realizó con el fin de maximizar la competencia entre las tres mayores empresas, tanto en número de suscriptores como en espectro. Además, afirmaron que la venta de Oi Móvil se abrió y se llevó a cabo en una subasta pública, en la que cualquier interesado pudo haber presentado propuestas, algo que no sucedió.