Brasil | Gobierno propone sistema nacional de IA y fortalecer papel de la autoridad de protección de datos
El gobierno brasileño envió al Congreso un proyecto de ley (PL) que establece la estructura oficial para organizar la actuación pública en Inteligencia Artificial. La propuesta crea el llamado Sistema Nacional para el Desarrollo, la Regulación y la Gobernanza de la IA (SIA), que reúne a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), ministerios y reguladores sectoriales en un arreglo destinado a dar unidad a las políticas y a las normas sobre el tema.
Según el texto, el SIA, que había sido sugerido en el proyecto de ley de IA, será liderado por el Consejo Brasileño para la Inteligencia Artificial (CBIA), un colegiado que debe estar formado por representantes de hasta cinco ministerios y por la ANPD.
Ese consejo tendrá la tarea de definir directrices estratégicas, sugerir ajustes normativos y orientar la actuación de los demás organismos involucrados. También podrá recomendar revisiones en las listas de casos de alto riesgo, que son aquellos usos de IA sujetos a obligaciones más rigurosas.
La ANPD aparece como pieza central del modelo. Además de formular normas generales como reglas de transparencia, requisitos para evaluaciones de impacto y procedimientos para la comunicación de incidentes, la autoridad asumirá la regulación de áreas que no tengan un órgano especializado.
El proyecto determina además que la ANPD podrá acreditar instituciones para auditoría e investigación, elaborar informes anuales y monitorear aplicaciones de IA de alto riesgo utilizadas por la administración federal.
Las agencias sectoriales, por su parte, continúan responsables de regular la tecnología dentro de sus mercados. El texto prevé que cada autoridad podrá establecer reglas propias, exigir responsables técnicos en ciertos casos, realizar auditorías y firmar compromisos con desarrolladores para resolver disputas o incertidumbres regulatorias.
El SIA también contará con dos comités consultivos: uno orientado a la participación de la sociedad civil y de los sectores productivos, y otro formado por especialistas independientes. Su función es ayudar en la formulación de políticas y ampliar el diálogo técnico.
Además de la parte regulatoria, el proyecto abre espacio para acciones de fomento. Entre ellas están iniciativas de investigación, incentivos al desarrollo de modelos y soluciones nacionales, programas de formación y recualificación profesional y medidas para mitigar impactos de la automatización sobre el mercado laboral.
Según la exposición de motivos, la propuesta busca preparar al gobierno para lidiar de forma coordinada con la adopción creciente de la IA y complementar el debate ya en curso en la Cámara sobre el marco legal de la tecnología.