Brasil: bloqueadores de señal en cárceles serán financiados por Fondo Penitenciario

La medida aprobada establece que dependerá de la Unión instalar los bloqueadores, y los operadores sólo serán responsables de proporcionar la información técnica necesaria.

En Brasil, la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información de la Cámara de Diputados, aprobó el uso del Fondo Penitenciario Nacional (Funpen) para financiar la instalación de bloqueadores de señales de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios.

La medida modifica el Proyecto de Ley Complementaria 470/2018 del Senado, donde ahora se establece que el fondo penitenciario recibirá la contribución del Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel) de 5 por ciento del fondo.

Con esto, dependerá de la Unión instalar los bloqueadores, y los operadores sólo serán responsables de proporcionar la información técnica necesaria.

La medida aprobada también establece que “los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben proporcionar la información necesaria y suficiente para que la autoridad del estado y/o el tercero, indicado por el administrador del sistema penitenciario responsable de la instalación y operación del bloqueador de señales, pueda impedir la radiocomunicación, en un determinado establecimiento penitenciario”.

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Datos del Departamento de Administración Penitenciaria del Estado de São Paulo, muestran que en 2018 se incautaron 10 mil 138 teléfonos celulares en sus cárceles, lo que significó un aumento de 5.73 por ciento en relación con las incautaciones realizadas en 2017.

Otro dato presentado en el documento indica que, en 2012, el número total de teléfonos incautados en prisiones en todo el país indicó la existencia de al menos un dispositivo celular por cada 15 reclusos en las prisiones.

El proyecto se dirige a la Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía (CCJC); si se aprueba en sesión plenaria, se establece un plazo máximo de 180 días, a partir de la fecha de su publicación, para que la Unión instale los bloqueadores, lo que también obliga a los estados y al Distrito Federal (Brasilia) a colaborar en el proceso.