Brasil | Anatel no logra demostrar si la norma de compartición de infraestructura funcionó
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil reconoce que no dispone de datos suficientes para concluir si la norma de compartición de infraestructura de soporte, aprobada en 2017, produjo los efectos esperados en el mercado. Esta constatación figura en el Informe de Evaluación de Resultados Regulatorios (ARR) sobre la Resolución Nº 683/2017, que regula la compartición de torres, ductos y otras infraestructuras pasivas.
Según el documento, “no fue posible evaluar la evolución de la compartición de forma concluyente”, debido a la ausencia de una base histórica estructurada previa a la norma, a la falta de información detallada sobre los contratos y a la imposibilidad de separar los contratos derivados del Plan General de Metas de Competencia (PGMC) de aquellos celebrados específicamente con base en la resolución de 2017.
El informe también señala limitaciones relevantes en el uso del Sistema de Ofertas de Insumos Mayoristas (SOIA), herramienta indicada por la Anatel para hacer accesible información sobre infraestructura disponible para compartición.
De acuerdo con la Agencia, el sistema reúne cerca de 6,000 registros, mayoritariamente relacionados con torres, cuyos titulares son, en su mayoría, grandes grupos del Servicio Móvil Personal (SMP). Sólo un titular registró oferta de ductos en el periodo analizado.
Otro punto crítico destacado por la Anatel es la dificultad de fiscalización. El informe afirma que “no fue posible identificar el universo de titulares que deberían proporcionar información en el SOIA”, ya que los datos disponibles se refieren únicamente a negociaciones efectivamente realizadas, y no a la simple obligación de disponibilizar información técnica. Con ello, la Agencia admite que no logra medir el nivel de cumplimiento de la norma.
A pesar de las limitaciones, el documento señala que no hubo demandas formales de resolución de conflictos relacionadas con el reglamento desde su entrada en vigor. Para la Anatel, esta ausencia, “aunque impide evaluar su eficacia en este aspecto, puede indicar seguridad jurídica y aceptación de las reglas por el mercado”.
Finalmente, la Agencia recomienda mantener la Resolución Nº 683/2017, al considerar que la norma “cumple el papel de alinear la regulación con las determinaciones legales y ofrecer una base normativa para la compartición de infraestructura”, aunque su efectividad directa sea de difícil medición.