Bolsonaro bajo prisión domiciliaria por desacatar prohibición de uso de redes sociales
La prisión es domiciliaria e impide el uso de celular; otras medidas cautelares siguen vigentes. Estados Unidos reacciona.
La tarde del lunes 4 de agosto, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, decretó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, por tiempo indefinido. La medida fue motivada por el incumplimiento de una de las condiciones ya impuestas anteriormente: la prohibición de utilizar redes sociales, ya sea de forma directa o indirecta.
El exmandatario sigue siendo investigado en el caso que analiza la actuación de su hijo, Eduardo Bolsonaro, junto al gobierno de Donald Trump para atacar instituciones brasileñas.
Según Moraes, Bolsonaro violó las restricciones al “producir material para su publicación en las redes sociales de sus tres hijos y de todos sus seguidores y simpatizantes políticos, con claro contenido de incentivo e instigación a ataques al STF y apoyo ostensible a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño”.
La decisión impone además nuevas restricciones: el expresidente tiene prohibido utilizar teléfono celular, incluso de terceros, y recibir visitas no autorizadas. Sólo sus abogados y familiares que residan en el mismo domicilio, como Michelle Bolsonaro y la hija del matrimonio, pueden tener contacto con él. Las visitas autorizadas tampoco podrán usar celulares, tomar fotos ni grabar imágenes en el lugar.
Estas medidas se suman a las cautelares anteriormente impuestas: uso de tobillera electrónica; prohibición de mantener contacto con embajadores o autoridades extranjeras; de acercarse a sedes diplomáticas; y de interactuar en redes sociales, incluso a través de cuentas de terceros.
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El caso también está relacionado con la investigación sobre el envío de recursos vía Pix, por un monto de R$ 2 millones, para que Eduardo Bolsonaro residiera en Estados Unidos. El expresidente también es acusado en la causa penal de la llamada “trama golpista”, cuyo juicio está previsto para septiembre.
Este martes, la Oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental condenó la medida, afirmando que la orden de arresto domiciliario “amenaza la democracia” y calificando a Moraes como “violador de derechos humanos sancionado por EE. UU.” En un comunicado publicado en redes sociales, el organismo prometió responsabilizar “a todos los que colaboren y sean cómplices de esta conducta”.
Al aplicar el arancel del 50% a las exportaciones brasileñas, Donald Trump justificó motivaciones políticas como el juicio a Bolsonaro, calificándolo de “cacería de brujas”, y supuestos actos de censura de la Corte Suprema a plataformas digitales estadounidenses.
Además de la medida, el gobierno de EE. UU. también aplicó la Ley Magnitsky a Alexandre de Moraes, lo que, entre otras sanciones, lo aísla digitalmente, privándolo del acceso a redes sociales, tarjetas de crédito y todo tipo de servicio financiero y digital en ese país.