De acuerdo con el documento Efectos y Alternativas de la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021 en Materia de Espectro Radioeléctrico,[1] análisis que el regulador mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), envió al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda el pasado 1 de octubre, el espectro radioeléctrico en México tiene en promedio un costo 60 por ciento superior a la mediana internacional.
El IFT señala que México requeriría una inversión cercana a los 14 mil millones de dólares de inversión en infraestructura para poder ofrecer acceso universal de Internet a su población, siendo las tecnologías inalámbricas móviles las que han alcanzado mayor penetración, pues 77 de cada 100 suscriptores móviles cuentan con el acceso a Internet. Sin embargo, aún existen 55 mil 805 localidades sin acceso a Internet móvil, que representan cerca de 5.6 millones de habitantes sin cobertura.
Este documento es la reacción del IFT ante la propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD) que el pasado 8 de septiembre envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2021.
En junio de 2020, el IFT envió a la SHCP una propuesta de modificación a la LFD para ajustar a la baja el pago que por concepto de derechos se paga en México por el uso del espectro radioeléctrico, acorde con las mejores prácticas internacionales, acompañada de una propuesta de acreditamiento de las inversiones en infraestructura que realicen los concesionarios mexicanos para llevar servicios móviles a poblaciones sin cobertura, contra el pago de los derechos de las bandas de frecuencias correspondientes.
De llevarse a cabo, la propuesta de IFT incentivaría sustancialmente las inversiones que tanta falta hacen para disminuir la brecha de conectividad en el país. Sin embargo, la SHCP no sólo no escuchó al IFT, como ya es costumbre en este gobierno, sino que propuso alzas significativas en el pago de los derechos que colocarían a México casi 70 por ciento arriba de la media internacional.
Lo peor de todo es que, de acuerdo con el IFT, la SHCP propuso valores 186 por ciento superiores a los propuestos por el IFT para bandas que hoy no están contempladas en la LFD: la banda de 600 MHz, la banda L y la banda de 3.3 a 3.6 GHz, propicias para el despliegue de los nuevos servicios 5G.
El artículo primero de la LFD define los derechos como aquellos que deberán pagarse por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, además de otros conceptos, como la prestación de servicios del Estado y las contribuciones a cargos de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
Dado que el espectro radioeléctrico está definido como un bien de dominio público en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), está sujeto a los pagos de derechos que se establezcan en la LFD.
Hace notar el IFT que “entre los efectos ostensibles del alto costo del espectro en México fueron las renuncias del espectro concesionado en México (sic) presentadas en 2019, tanto por Telefónica, quien devolvió todo el espectro IMT que tenía asignado en México (sic) con efectos entre 2019 y 2022 y cuyo impacto solo por concepto de recaudación de derechos está estimado en 4,500 millones de pesos anuales a partir de junio de 2022”.
Como lo señalé en este espacio el 15 de septiembre pasado,[2] el incremento propuesto por la SHCP tendrá un impacto directo sobre los costos de la provisión de los servicios inalámbricos fijos y móviles, cuyo efecto se traducirá en una barrera para el desarrollo y despliegue de las redes 5G en México.
En ese mismo sentido, el IFT señala en el documento enviado al Congreso de la Unión y a la SHCP que la propuesta de incrementos a los derechos por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico tendría impactos negativos para la conectividad y el bienestar de la población, desincentivaría las inversiones y la participación en futuros procesos licitatorios, incrementaría la posición asimétrica del Agente Económico Preponderante, además de que no se garantizaría que el Estado reciba mayores ingresos derivado de la falta de interés en nuevas licitaciones de espectro radioeléctrico.
Sin conectividad de banda ancha de alcance universal, la transformación urgente hacia la economía digital se verá seriamente ralentizada, con consecuencias desastrosas para las industrias y los trabajadores mexicanos, poniéndolos en franca desventaja frente a las industrias globales que ahora no son exclusivas de las grandes potencias económicas.
La globalización económica, social y cultural está en marcha desde hace siglos, pero en estos momentos “nos acercamos a la disrupción tecnológica más rápida, profunda y trascendental de la historia”[3] de la humanidad. Sin conectividad eficiente y suficiente, quedaremos relegados en la historia.
Teníamos la esperanza de que el regulador mexicano tomara el liderazgo y, en esta ocasión, no nos ha fallado. ¡Bien por el IFT!
[1] Consultado el 5 de octubre de 2020 en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/efectosyalternativasdelainiciativadereformaalaleyfederaldederechospara2021enmateriadeespectroradioel_0.pdf.
[2] José Luis Peralta. “Señales contradictorias del gobierno mexicano”. Publicado en: https://dplnews.com/senales-contradictorias-del-gobierno-mexicano/ el 15 de septiembre de 2020.
[3] Tony Seba y James Arbib. “We are approaching the fastest, deepest, most consequential technological disruption in history”. Publicado en: https://www.fastcompany.com/90559711/we-are-approaching-the-fastest-deepest-most-consequential-technological-disruption-in-history el 5 de octubre de 2020.