Azteca Comunicaciones inicia arbitraje contra Perú por la red dorsal de fibra óptica

La compañía recurrió al CIADI debido a que considera que se vulneró el contrato de concesión de la red dorsal.

La historia de Azteca Comunicaciones y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) aún no termina. El 23 de agosto, la compañía de origen mexicano inició un arbitraje internacional contra el Estado peruano al considerar que se vulneró su contrato de concesión.

Azteca y su matriz TV Azteca recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés), una institución del Banco Mundial, para tramitar su demanda.

De acuerdo con el caso inscrito en la base de datos del CIADI, la compañía alega que se registraron vulneraciones a su contrato de concesión por parte del gobierno cuando Azteca era operador de la red dorsal.

En enero de 2022, Azteca dejó de ser oficialmente el titular del proyecto de Asociación Público-Privada para manejar la red dorsal. La empresa ya había solicitado en varias ocasiones su salida de la concesión debido a que consideraba que no representa un caso de negocios.

Cuando decidió concluir el contrato, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconoció que la red de fibra se encontraba subutilizada y había que hacer ajustes al modelo de negocios, pero también advirtió que la compañía no cumplió del todo con sus obligaciones.

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Particularmente, el hecho de disputa entre el Estado y la empresa fueron los terrenos e inmuebles sobre los que están construidos los nodos de la red dorsal de fibra. El MTC alegó que Azteca debe comprarlos porque eso formaba parte de su contrato, mientras que Azteca se negaba y pensaba lo contrario.

Un tribunal peruano le dio la razón al gobierno en este tema. En marzo de 2021, el tribunal determinó que la empresa debía adquirir dichos terrenos e inmuebles, e incluso indemnizar al Estado por los gastos arbitrales.

También hubo problemas entre ambas partes porque el Estado acusó a Azteca Comunicaciones de no haber cumplido con la cuarta entrega del contrato de concesión (el proceso se hizo por partes). Sobre este asunto, el MTC ganó un laudo arbitral en marzo de este año.

Las diferencias entre Azteca y el gobierno peruano han sido muchas. La compañía tampoco estuvo de acuerdo con que el MTC eligiera finalizar la concesión por la causal de interés público, dejando caer sobre Azteca la responsabilidad de que la infraestructura se encuentra subutilizada.

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En opinión de la empresa de capital mexicano, es el Estado el que tiene la responsabilidad de que la red dorsal esté desaprovechada y, por tanto, no se haya podido avanzar en las metas de conectividad. Por eso, desde el término de la APP se advertía la posibilidad de la judicialización del proceso.

Azteca también alude al Tratado de Libre Comercio entre México y Perú en el recurso presentado ante el CIADI, pues considera que no se respetaron las disposiciones de dicho instrumento en el tema de la RDNFO.

Por ahora, el recurso internacional aún está pendiente. Por parte de Azteca, el representante es el Estudio Echecopar Asociado a Baker & McKenzie International, y por parte del Estado se involucran la Comisión Especial que Representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión y el Ministerio de Economía y Finanzas.

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