Este texto se publicó originalmente el el sitio web del autor y se reproduce en DPL News con su autorización.

IA y su impacto en el mercado internacional

En los últimos años, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) ha transformado radicalmente diversos sectores económicos a nivel mundial. Si analizamos la inversión mundial en IA, ésta ha crecido significativamente, impulsado por el creciente interés de empresas y gobiernos en esta tecnología. En 2023, el mercado global de IA estaba valorado en aproximadamente 200,000 millones de dólares. Se espera que para 2030 el mercado alcance casi 2 billones de dólares.

La carrera por la supremacía en Inteligencia Artificial se ha intensificado notablemente en los últimos años, y tiene un impacto geopolítico. Para muchos, nos encontramos ante la Nueva Guerra Fría Tecnológica entre China y Estados Unidos, al mezclar competencia tecnológica y seguridad nacional

Como mencionamos, el desarrollo de la IA no sólo tiene implicaciones comerciales, sino también geopolíticas. China está utilizando estas tecnologías para fortalecer su infraestructura tecnológica y su capacidad de defensa, lo cual es visto con preocupación por Estados Unidos. La creciente competencia en el ámbito de la IA está alimentando una nueva dinámica de rivalidad, similar a la Guerra Fría, pero centrada en la supremacía tecnológica.

Estados Unidos, por su parte, está intensificando sus esfuerzos para mantener el liderazgo en IA, invirtiendo en investigación y desarrollo y estableciendo regulaciones más estrictas para contrarrestar el avance tecnológico chino. La preocupación central radica en el control y la influencia que la IA ejerce sobre la economía global y la seguridad, lo que podría desequilibrar aún más las relaciones internacionales si una superpotencia logra una ventaja significativa.

Es por ello que llama la atención cómo, tras el anuncio del presidente de Donald Trump, en la que desde la Casa Blanca informó la inversión privada más grande de la historia, en la que se destinaría 500,000 millones de dólares en inversión de infraestructura para IA, hubo una inmediata reacción por parte del mercado chino de IA.

Entrada de IA china

Por un lado, se lanzó un nuevo modelo de IA, DeepSeek, es una plataforma de Inteligencia Artificial desarrollada por una startup China que se enfoca en la búsqueda y el análisis de grandes volúmenes de datos. 

Utilizando algoritmos avanzados de aprendizaje automático, DeepSeek puede interpretar y extraer información relevante de múltiples fuentes en tiempo real. Su irrupción generó que en un día NVIDIA perdiera más de 500,000 millones en valor bursátil (la caída de precio de bolsa más grande de la historia para una empresa) y además afectó a muchas otras grandes empresas tecnológicas norteamericanas.

Principalmente, se dio este efecto porque el modelo de IA de DeepSeek habría sido desarrollado con 90 por ciento menos inversión comparado con lo que se necesitó para modelos de IA norteamericanos (poco más de 5 millones de dólares vs. más de 100 millones en desarrollar el modelo IA de OpenAI), además que para su utilización se requiere presuntamente un equipamiento (hardware) mucho menor, con disminución de costos en inversión si se implementa el modelo en una organización.

Adicionalmente, la empresa puso a disposición el modelo de IA bajo la modalidad de código abierto y gratuito, lo que significa que cualquiera lo puede descargar, revisar, optimizar, mejorar, generar nuevos modelos a partir de éste y sin pagar por este desarrollo, lo cual golpea la línea de flotación de empresas norteamericanas desarrolladoras de IA que aplican modelo de negocios con costo por acceso para rentabilizar sus inversiones.

No conforme con esta acción desde China, surge una actualización del modelo de IA desarrollado por la empresa AliBaba (la empresa matriz de AliExpress.), la que mejora su Qwen con el modelo Qwen2.5-VL. 

Según informa, tiene hasta 72,000 millones de parámetros (72B), multimodal y con capacidad para vencer a sus rivales como el GPT-4o de Open AI o Gemini 2.0 Flash de Google (todas IAs estadounidenses)

Este chatbot de IA Qwen no tiene una app para dispositivos móviles, pero se puede acceder vía web, aunque requiere un usuario para poder utilizarlo. AliBaba admite el registro con un correo, con la cuenta de Google. Una vez dentro de la plataforma nos encontramos que no tan sólo puede generar texto, también imagen y video, además de poder seleccionar entre diversos modelos de IA con distintas capacidades. Todo de manera gratuita y sin restricciones de uso.
Sin embargo, probando el sistema se observan algunos errores, probablemente por la cantidad de solicitudes y acceso a sus servicios.

Efectos de IA chinas en el mercado internacional

Competencia en el sector de la IA

La entrada de DeepSeek y nuevos modelos más optimizados como Qwen en el mercado internacional va a intensificar la competencia en el sector de la Inteligencia Artificial. Tradicionalmente dominado por gigantes tecnológicos como OpenAI, Google y Meta, este espacio ahora enfrenta una mayor diversificación gracias a jugadores regionales que no son de occidente y presiona a las empresas estadounidenses a innovar y mejorar continuamente para mantener su cuota de mercado.

Además, el avance de la IA en China está impulsando el comercio internacional y la inversión en tecnología. Estados Unidos enfrenta el desafío de equilibrar la colaboración y la competencia con China, buscando alianzas estratégicas con otros países y fortaleciendo sus propias capacidades tecnológicas para mantener su liderazgo global.

Este aumento en la competencia beneficia a los consumidores y empresas, ya que fomenta la innovación y reduce los precios. Además, al proporcionar opciones más económicas y flexibles, se abrirán nuevas oportunidades para pymes y startups que anteriormente no podían permitirse invertir en tecnologías avanzadas de IA.

Democratización de la IA

Uno de los efectos más significativos de modelos más eficientes, con código de fuente abierta y gratuitos, es su contribución a la democratización de la IA. Al desarrollar modelos que requieren menos potencia computacional y son más fáciles de implementar, la empresa está acercando la tecnología a regiones y sectores que antes quedaban marginados. 

Por ejemplo, en países en desarrollo donde el acceso a infraestructura tecnológica avanzada es limitado, las soluciones de DeepSeek podrían permitir a las empresas aprovechar los beneficios de la IA sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

Esta democratización también tiene implicaciones sociales importantes. Al hacer que la IA sea más accesible, se promueve una mayor inclusión digital y se amplía el alcance de aplicaciones relacionadas con educación, salud y gobierno electrónico. Esto podría ayudar a cerrar la brecha digital entre naciones desarrolladas y en desarrollo.

Impacto en la economía global

La presencia de estos nuevos modelos en el mercado internacional van a tener un impacto positivo en la economía global. En primer lugar, está impulsando la creación de empleo en áreas relacionadas con la IA, desde ingeniería hasta consultoría tecnológica. Además, al facilitar el acceso a herramientas avanzadas de IA, está estimulando la productividad y la competitividad de las empresas en todos los niveles.

La expansión de DeepSeek y Qwen, entre otras IAs chinas, refleja el creciente papel de China en la carrera global por la supremacía tecnológica. Mientras que Estados Unidos sigue siendo líder indiscutible en investigación y desarrollo de IA, empresas chinas están ganando terreno rápidamente, lo que podría alterar el equilibrio de poder en el futuro cercano.

Riesgos y desafíos

A pesar de sus avances tecnológicos, las IAs chinas enfrentan varios desafíos en su camino hacia el éxito internacional. Uno de ellos es la percepción de seguridad y privacidad asociada con productos chinos, especialmente en occidente. Dado el contexto geopolítico actual, algunas empresas y gobiernos podrían ser reacios a adoptar tecnologías desarrolladas en China debido a preocupaciones sobre espionaje o dependencia excesiva.

Otro desafío es la necesidad de cumplir con regulaciones locales en diferentes mercados. La IA está cada vez más regulada en todo el mundo, y adaptarse a normativas específicas puede ser complicado para una empresa en expansión como DeepSeek.

Finalmente, la sostenibilidad a largo plazo dependerá de su capacidad para mantenerse innovadora frente a competidores bien establecidos. Aunque actualmente ofrece ventajas únicas, deberá continuar invirtiendo en investigación y desarrollo para permanecer relevante.

Futuro de la IA y las relaciones internacionales: colaboración y regulación internacional

Mirando hacia el futuro, la relación entre China y Estados Unidos en el ámbito de la IA probablemente evolucionará hacia una combinación de competencia y colaboración. Ambos países reconocen la importancia de la IA para la innovación y el desarrollo económico, por lo que es posible que busquen establecer marcos regulatorios internacionales que fomenten el desarrollo ético y seguro de la IA.

La cooperación en áreas como la investigación académica y las normativas éticas podría ayudar a mitigar las tensiones y promover un desarrollo más equilibrado de la tecnología. Sin embargo, la desconfianza y la rivalidad seguirán siendo factores influyentes que podrían complicar estos esfuerzos de colaboración.

Transformación de la economía global y la sociedad

La integración de IA avanzada como DeepSeek y Qwen está remodelando no sólo las relaciones entre China y Estados Unidos, también la estructura de la economía global y la sociedad en general. La automatización y la Inteligencia Artificial están transformando industrias enteras, creando nuevas oportunidades laborales y, al mismo tiempo, desplazando ciertas profesiones.

Además, la IA está influyendo en aspectos sociales y culturales, desde la manera como consumimos información hasta la forma como interactuamos entre nosotros. Los avances tecnológicos impulsados por China están estableciendo nuevos estándares y expectativas, lo cual requiere adaptabilidad y resiliencia por parte de las sociedades y economías alrededor del mundo.

Conclusión

Las IAs chinas representan una fuerza disruptiva en el mercado internacional de la Inteligencia Artificial. Su enfoque en la accesibilidad, eficiencia y democratización está cambiando las reglas del juego, permitiendo que más personas y organizaciones accedan a tecnologías avanzadas sin las barreras tradicionales. Sin embargo, también enfrenta desafíos significativos que deberán abordarse para consolidar su posición global.

Debemos enfocarnos en la importancia de la diversidad y la competencia en el ecosistema de la IA. A medida que esta tecnología continúa evolucionando, será crucial observar cómo contribuyen actores emergentes a moldear un futuro más inclusivo y equitativo para todos.

Es imperativo que las naciones (y el llamado es justamente a las autoridades y tomadores de decisión de Chile) y las empresas reconozcan estos cambios y se adapten en consecuencia, fomentando la innovación y la cooperación mientras gestionan los desafíos que surgen en esta nueva era de la Inteligencia Artificial. 

Tal como en su momento lo necesario era avanzar hacia la conectividad digital, hoy es enfrentar decididos la incorporación de la IA.

El futuro de la IA promete avances aún más sorprendentes y su impacto en las relaciones internacionales y la sociedad será determinante para el desarrollo sostenible y equilibrado de nuestra civilización.

Este texto se publicó originalmente en el perfil de LinkedIn de Pedro Huichalaf Roa. Agradecemos su autorización para reproducirlo en DPL News.

IFX Networks es una empresa americana con amplia experiencia en el mercado de las Telecomunicaciones . Su presencia se extiende a más de 17 países de Latinoamérica y cuenta diversos datacenters distribuidos estratégicamente en toda la región Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ofreciendo soluciones de internet dedicado, nube, seguridad, servicios profesionales y respaldo para aplicativos empresariales, tanto para el ámbito privado como a instituciones públicas.

Actualmente la empresa está en el centro de la noticia por un ciberataque recibido puntualmente a contar del día martes 12 de septiembre, mediante la técnica del ransomware, que en palabras simples es un software que atacó varias de sus máquinas virtuales en Colombia. Se trata de un archivo que invade los dispositivos como un virus y se dispersa por sus archivos, encriptando la información y haciéndola inaccesible y es la forma usual utilizado por delincuentes informáticos para exigir un pago a cambio de restablecer la normalidad. Si a esto se añade el acceso a información, muchas veces con datos privados, estratégicos y confidenciales, también es usual que vendan esta información por subasta en la dark web, obteniendo lucro también por esa vía.

El problema con IFX, es que también es MSP (Proveedor de Servicios Administrados) es una empresa que ofrece servicios de tecnología de la información (TI) a otras empresas. Estos servicios pueden incluir la administración y el mantenimiento de redes, aplicaciones, infraestructura y seguridad. Los MSP entregan sus servicios a través de soporte continuo y administración activa en las instalaciones del cliente, en los datacenters del mismo MSP. 

Desde un punto de vista de ciberseguridad, esto genera que no tan solo la infraestructura de IFX está comprometidas, sino que otras organizaciones (clientes de IFX) podrían ser víctima de nuevos ataques en consecuencia de este incidente, lo que se conoce también como, Ataque a la Cadena de Suministro o #SupplyChainAttack, según comenta Germán Fernández en su cuenta X.

Uno de los primeros comunicados de la empresa, reconocían en este tipo de ataques, e informó que la nube que provee para servicios de telecomunicaciones «con operaciones en 17 países de la región, sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo Ransomware afectando a alguna que sus máquinas virtuales”. Añadió que “la compañía se encuentra trabajando aún ante la incidencia, y precisa que no ha evidenciado vulnerabilidades en la información, privacidad y seguridad de los datos alojados en la nube, dado que estos están protegidos con protocolos de seguridad de información”.

Efectos en Colombia

Justamente el problema radica en los efectos a terceros respecto a la incidencia de seguridad que afecta a IFX siendo Colombia uno de los países más afectados.

El gobierno de Colombia ha catalogado esta situación como uno de los mayores ataques a las infraestructuras en dicho país en los últimos años, puesto que se ha visto afectado más de 50 entidades del Gobierno nacional, superintendencias y del poder judicial.

Servicios de acceso a la salud a través de la Superintendencia de Salud y la mitad de los sistemas que permiten que funcione la justicia en Colombia están sin servicios digitales.

En caso de salud, se vieron afectadas en sus sitios web del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Debido a que los datacenters de IFX Networks se encuentran alojadas las aplicaciones asociadas a la prestación de servicios derivados de la atención a nivel nacional, presentan fallas y no es posible acceder a ellas.

El poder Judicial colombiano también se vio perjudicada por esta situación, así como los miles de los ciudadanos ingresan a sus páginas para enterarse de procesos y diferentes servicios.

Tal como se informa, el Consejo Superior de la Judicatura informó que la mayoría de las páginas funcionaron durante la contingencia. No así la firma virtual de los jueces ni la radicación de tutelas.

“La Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial trabaja en el restablecimiento del portal web y algunos sistemas de la Rama Judicial, los cuales han presentado fallas en los servicios que presta el sitio web. Estaremos informando cuando se normalice el servicio”, indicó.

Otras entidades afectadas por la acción de los ciberdelincuentes son la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Memoria Histórica.

Situación en Chile

En nuestro país, el hecho ocurrido a IFX se evidenció porque el sitio web de chilecompra quedó inaccesible, y por tanto, todos los trámites asociados a ella, desde el día 12 de septiembre, cuando, en una declaración pública, explicita que esta caída de sus servicios se motivaron por los efectos de los problemas de su proveedor de tecnología IFX.

La indisponibilidad de servicios de ChileCompra ha generado mucha preocupación, sobre todo por las licitaciones que tienen plazos de cierre, adjudicación y negocios asociados a la misma.

De hecho, el senador Kennet Pugh, en hora de incidentes, solicitó oficios al ministerio de Hacienda para que explicara la situación en la que se encuentra ChileCompra y por otro lado, al ministerio del Interior, para saber desde cuando se reportó a CSIRT del gobierno la falla, ante lo cual ellos dieron aviso de advertencia sobre la situación de la empresa IFX, considerando que según se puede calcular, cada día que está el sitio caído, significa más de US$2.000.000 perdidos para el país.

El video de la intervención está disponible en este link.

Otro organismo chileno afectado por consecuencias de ataque informático es el municipio de Providencia, puesto que sus plataformas de servicios y trámites municipales, servicios y pagos online no se encuentran disponibles.

A esto se suma una gran cantidad de empresas nacionales que utilizaban los servicios de la empresa IFX y que actualmente no tienen acceso a estas aplicaciones y a los archivos o datos de las organizaciones, a pesar de que la versión oficial es que no existiría compromiso de su información.

Incluso, a propósito del efecto de caída de múltiples sitios, hasta Domino’s Pizza está caído y no es posible acceder a comprar online por esa vía.

Algunas reflexiones

Es importante considerar que este hecho evidencia distintas situaciones que son necesarias a analizar.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que las empresas que son proveedores de Servicios Administrados, blancos de ataques a cadena de suministros, cuando tienen una gran participación o que presten servicios a organismos estratégicos del mundo público o privado, deberían ser considerados infraestructura crítica o servicios esenciales y regularlos desde ese punto de vista para exigir o establecer capas de seguridad mayores, debido a la relevancia de los efectos en caso de ser ciberatacadas (tal como ocurrió en este caso).

Por otro lado, existe discusión sobre la relación o responsabilidad de las instituciones públicas y sus contratos con privados para mantener la información dentro del territorio nacional o la continuidad operativa de sus servicios 24/7, existiendo orientaciones de la Contraloría General de la República en ese sentido.

Se suma estas circunstancias a la discusión en el congreso del proyecto marco de ciberseguridad e infraestructura crítica en la que se van a considerar situaciones de esta envergadura, sobre todo por los riesgos, amenazas, avances y consecuencias de los delitos informáticos.

Finalmente, este tipo de situaciones no es nueva. Ya a fines del año pasado escribíamos la columna «Desafíos y tendencias en ciberseguridad para el 2023» en las cuales mencionábamos los peligros y preocupaciones por avances de ataques con ransomware y específicamente ataques a Cadenas de suministro, por lo que no podríamos considerar a todo evento un caso fortuito o fuerza mayor.

Por último, es relevante tener siempre en consideración la necesidad de contar con capital humano capacitado, a nivel técnico y profesional, para anticiparnos a estos escenarios. Sin embargo, tan importante como prevenir, es tener protocolos de reacción y contingencia frente a ataques de esta naturaleza.

Uno de los efectos de la pandemia mundial son las medidas tan estrictas como mantener distancia social, cuarentenas obligatorias y limitación de reuniones tanto en actos públicos como privados.
Se suma a esto la suspensión de clases para estudiantes y la implementación del teletrabajo para aquellas labores que son posibles de realizar con medios tecnológicos.

Esta situación ha demostrado cómo la necesidad de mantener las comunicaciones, de informarse constantemente y de seguir realizando labores productivas y educativas tiene como pilar la conectividad digital, especialmente el acceso a Internet.

Chile se ha destacado por tener en la región una tasa de conectividad elevada, donde más de 95 por ciento de la población tiene la posibilidad de contar con algún servicio de conectividad. Sin embargo, por diversas razones (como precio, interés de uso, etcétera) son menos los conectados, y si hablamos de conectividad fija al hogar (ADSL, cable, fibra óptica), ésta baja casi a 50 por ciento.

Por el contrario, el aumento del tráfico de Internet en Chile, que naturalmente aumenta año con año, por efecto de la pandemia de Covid-19 y el confinamiento en hogares ha aumentado entre 30 a 40 por ciento, aunque proyecciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) visualizan un alza de 60 por ciento para 2020.

El principal motivo de este aumento de tráfico es porque se utilizan en mayor medida aplicaciones y servicios de audio y video (Netflix, YouTube, juegos en línea, videoconferencias como Zoom, etcétera). Esto ha generado como efecto que en determinados horarios, zonas y circunstancias la calidad del servicio de Internet haya generado problemas para muchos usuarios.

De hecho, ha aumentado considerablemente la tasa de reclamos por personas a través de redes sociales contra empresas de telecomunicaciones, lo que ha obligado a la Subtel a iniciar procedimientos de cargos contra algunas de ellas.

Sin embargo, lamentablemente la autoridad regulatoria no está cumpliendo su labor en relación con tener un reglamento de calidad de servicio que permitiría directamente a las personas saber si la calidad de su servicio es insuficiente y solicitar indemnizaciones por ello.

Sólo debemos recordar que este reglamento es una obligación que surge de la Ley de velocidad mínima a Internet aprobada hace más de dos años, por lo que no tenerlo vigente en un momento como éste, va en directo perjuicio de los usuarios. Incluso la última información al respecto es que se ingresó un borrador ante la Contraloría y que la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) lo estaría impugnando por su inadecuada formulación.

Sin embargo, la discusión sobre la importancia de Internet debería centrarse en lo que el estallido social nos mostró y que el coronavirus reforzó: que la desigualdad en todo ámbito, en especial el acceso a las tecnologías como Internet, debe ser considerada y debemos tener un Estado que se preocupe por el bienestar de todos los chilenos.

Es por eso que el inicio de la discusión en el Senado del proyecto de ley que establece a Internet como un servicio público es fundamental para tener una mirada de país integradora y de futuro, donde no debiésemos tener, como hasta ahora, personas desconectadas o con capacidades muy limitadas para acceder a Internet.

Estudiantes sin capacidad de acceder a contenido educativo en línea, trámites que sólo es posible realizar por Internet (como sacar salvoconductos en comisaría virtual), que por costos muchos no pueden acceder, adultos mayores y personas sin competencias para utilizar plataformas, siguen un patrón común.

El mercado de las telecomunicaciones y su expansión no sólo debe quedar en manos del libre mercado y los privados, deben existir políticas públicas integradoras, buscando eliminar las desigualdades y en las que leyes como el proyecto de Internet como servicio básico deben ser promovidas, incluso a nivel constitucional.

Lo que trata de establecer este proyecto, iniciado por mensaje de la Presidenta Bachelet en el Boletín 11632-15 (cuya propuesta se basa en una moción presentada por los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón, que busca incorporar un numeral en el artículo 19 de la Carta Fundamental para consagrar el derecho al acceso a Internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales, cuyo proyecto disponible en el Boletín N° 11037-07 no ha avanzado), y que sólo ahora, a más de 2 años de presentado se analiza, es cómo se establece un principio para tener a Internet como un servicio público o básico, obligando finalmente al Estado a promover políticas, regulaciones y en la práctica destinando financiamiento para que un Internet de calidad y alta velocidad esté disponible para cualquier ciudadano, sin importar el lugar geográfico en el cual se encuentre.

Es por ello que llama la atención cómo las actuales autoridades del gobierno, encabezadas por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, en sesión virtual de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, haya manifestado sus reparos al proyecto y dijo estar en contra de la forma como se plantea. Incluso fue respaldada por la actual Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien incluso erróneamente señaló que la palabra “Internet” no está ni siquiera considerada en la Ley de Telecomunicaciones (lo que es completamente falso).

Viendo la sesión en cuestión, cualquiera se da cuenta del error de la ministra al confundir el acceso a Internet como servicio público (es decir, como servicio básico, como el agua, la luz, el transporte público), creyendo que lo que se buscaba es que el Estado tuviera una empresa estatal de telecomunicaciones (o un organismo público). Este tipo de errores conceptuales no son aceptables en quienes conducen las políticas públicas y debemos reflexionar sobre la importancia que se tiene en el gobierno del derecho de acceder a Internet.

Lo curioso de esta situación es que incluso parlamentarios del gobierno, como el senador Chahuán, se han manifestado abiertamente a favor de este proyecto. Y otros como el senador Letelier han publicado columnas llamando a una discusión sobre el punto, a pesar de que el gobierno ha insistido que medidas como su Plan Solidario de Conectividad (el cual es absolutamente limitado en cuanto a beneficiarios como a calidad de Internet ofrecida) va en la dirección a reducir esta brecha, lo que claramente es insuficiente.

Es relevante que este tipo de iniciativas legales se vean acompañadas por acciones concretas que vayan en esa dirección. No tan sólo con aquellas que pueden beneficiar a la industria, incluso a tecnologías que aún no están presentes en Chile como 5G (como la noticia de que la Subtel realizó cambios para acelerar la construcción de antenas), mientras que otras medidas prioritarias para los usuarios como el mismo reglamento de calidad de servicio a Internet, la postergación del fin del roaming con Argentina, no avanzar hacia que ciertos trayectos de fibra óptica sean considerados infraestructura crítica o la puesta en marcha real de la fibra óptica austral, entre otras iniciativas, no sean adecuadamente impulsadas por la autoridad.

Llamamos desde acá a una discusión y acción. La transformación digital, el teletrabajo, el e-learning o educación a distancia, la telemedicina, un gobierno digital y trámites de todo orden en línea ya están presentes. Existen chilenos que no están siendo considerados, muchas veces por el mercado, pero tampoco por el gobierno. Estamos en el momento preciso de fijar prioridades, porque si pasa más tiempo se sumará otro elemento de desigualdad aún más absoluta y que serán los conectados y los desconectados. Los informados y los desinformados, los incluidos y los excluidos de la red.

La promesa de la futura tecnología 5G es realmente llamativa. La industria, los gobierno y hasta el World Economic Forum mencionan que transformará el mundo. Esto porque promete velocidades hasta 100 veces más rápido que 4G, pudiendo descargar películas de alta definición en segundos. Promete ser una tecnología más ecológica al hacer que las baterías del teléfono duren más tiempo y consuman mucha menos energía que 4G, lo que significa menos emisiones de CO2, con dispositivos que durarán más entre cargas.

En materia de salud, podrá proporcionar asistencia médica en cualquier momento y en cualquier lugar, permitiendo control en tiempo real para cirugías remotas y entrega de suministros médicos en áreas remotas a través de drones conectados. También 5G nos permitirá monitorear la calidad del aire en las ciudades en tiempo real, para que existan respuestas rápidas a los riesgos de la calidad del aire e informar a residentes directamente en sus teléfonos inteligentes. También proporcionará una conexión confiable en lugares de difícil acceso; así, en sector minero, se podría usar 5G para conectarse a cualquier parte del mundo, lo que permitirá que la extracción minera será más segura y productiva. Al mismo tiempo, 5G habilitará vehículos y máquinas controlados remotamente, reduciendo la necesidad de que los humanos estén en lugares peligrosos en tiempos peligrosos. Todo esto ha generado la expectativa de que la incorporación de 5G será tan revolucionario como la electricidad o el automóvil.

Todo esto ha despertado el interés de los gobiernos por avanzar en las condiciones técnicas y regulatorias hacia la pronta incorporación de 5G, en una verdadera carrera armamentista, entendiendo la palabra “armamentista” no en sentido militar, sino de el “armar” redes de esta tecnología en sus respectivos países.

Esto ha hecho que varias autoridades regionales hayan autorizado pruebas experimentales. Otras han comenzado con despeje de frecuencias, generando algunos inconvenientes sobre todo en espectro ya entregado con anterioridad. Incluso otros ya han avanzado en licitaciones o puesta en marcha de uso de frecuencias con nombre 5G, pero que aún dista de tener la calidad y efectos prometidos.

Esta efervescencia ha sido impulsada claramente por el interés de las empresas de obtener espectro, intangible necesario para el desarrollo de esta nueva generación de telecomunicaciones. También apoyada por organizaciones gremiales de las empresas que fortalecen el discurso. Sin embargo, los distintos países ven esta nueva tecnología como medio con fines recaudatorios o para generar mayor competencia, cuando finalmente no se ha clarificado aún cómo rentabilizar las nuevas redes, considerando las inversiones que será necesario realizar, sobre todo por el desafío de aumentar el número de radioestaciones base para el despliegue efectivo de los servicios.

Este fenómeno de armar o desplegar la nueva red se ve acelerado sobre todo con el lanzamiento comercial que realizó Corea del Sur y que da el argumento a varias autoridades para tener como meta lo antes posible contar con la puesta en marcha de 5G.

Así, según proyecciones de la industria, en los próximos 15 años será justamente este país el que posea casi 60 por ciento de los sectores productivos utilizando 5G. Lo seguiría EEUU con 50 por ciento. Más atrás estarían la Unión Europea y China con casi 30 por ciento y América Latina usaría 5G en casi 10 por ciento de sectores productivos, por lo que cualquier retraso podría significar un impacto económico.

No debemos olvidar, al mismo tiempo, que la mayoría de los países, sobre todo los de Latinoamérica, son consumidores de tecnología y no productores de la misma, por lo tanto, deben estar atentos a los vaivenes de cómo será la verdadera lucha por determinar qué nación o economía tendrá el control sobre 5G.

Así, la faceta real de la palabra “armamentista” podría también aplicarse a las actuales disputas económicas entre EEUU y China. Para muchos analistas, la batalla desatada por EEUU por tener el control de la quinta generación del móvil provoca un verdadero conflicto geopolítico, y nos encontraríamos en una nueva guerra fría, en la cual la incorporación de Huawei (el mayor proveedor de redes 5G del mundo) dentro en la lista negra (Entity List) de empresas que pueden atentar contra la seguridad norteamericana, ordenado por el propio presidente Donald Trump, sería sólo el último episodio de este conflicto.

El principal argumento que esboza Trump sería justamente en la denuncia de que el fabricante chino diseñaría sus redes y tecnología bajo la guía del gobierno chino, creando capas ocultas (o puertas traseras) que le permitan controlar o espiar las comunicaciones cuando sea necesario.

Considerando la hipótesis de esta guerra fría, aún no se tiene certeza respecto a bloques o alianzas que se formarían, aunque es de público conocimiento que EEUU ha desplegado toda su artillería diplomática encabezada por su Secretario de Estado, Mike Pompeo, que ha visitado países de América Latina y Europa, advirtiendo sobre las consecuencias de instalar tecnología 5G china.

A consecuencia de ello, hasta el momento los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón se han alineado con EE UU. Por el contrario, el operador de telecomunicaciones más grande de Rusia (validadas por el gobierno) firmó un acuerdo con Huawei, para desarrollar tecnologías 5G y lanzar una red de quinta generación en Rusia el próximo año.

Por otro lado, la Unión Europea no tiene una posición única. Reino Unido está debatiéndose si unirse al veto; Francia y Alemania han abierto investigaciones sobre las redes de Huawei, y España no tiene una posición definida, a la espera de la respuesta común que adopte la Comisión Europea, que aún no llega.

Respecto a los países de América Latina, al menos las economías más grandes como Brasil, México y Argentina, y más abiertas como Perú, Colombia y Chile, no han hecho eco de las advertencias sobre posibles debilidades en ciberseguridad y avanzan en conversaciones con empresas chinas, aunque por motivos más domésticos, como es recibir inversiones extranjeras en sus respectivas economías.

Si finalmente la discusión la llevamos a un aspecto económico, la Comisión Europea estima que los ingresos mundiales procedentes de 5G deberían alcanzar el equivalente a 225 mil millones de euros en 2025. La asociación de operadores GSMA eleva la contribución de 5G a la economía mundial a 2.2 billones de dólares en los próximos 15 años. Y si le sumamos que la presente transformación digital tendrá un revolucionario impacto con esta nueva generación en telecomunicaciones, especialmente en los distintos sectores estratégicos como automóvil, agricultura, defensa y comunicaciones, dejar este desarrollo a merced del libre mercado no es una opción para los distintos gobiernos en turno.

Cada cierto tiempo es común que en la industria de las telecomunicaciones y de tecnología en general, surja algún concepto, elemento, marca o tendencia que moviliza, impulsa la discusión, genera análisis y se elaboran proyecciones sobre un futuro mejor. Y tal como se inició a mediados del año pasado, durante este 2019 se pronostica que 5G será el tema de moda.

Así lo podemos apreciar en eventos como el Mobile World Congress que se desarrolla año a año en esta época en Barcelona, y en donde el tema central son las posibilidades de uso de esta nueva tecnología. Se realizan debates, se invita a expertos, autoridades, se muestran diseños de productos y velocidades teóricas de laboratorio.

Esa es la magia de 5G, que permite grandes anuncios, coordina opiniones, imagina un mundo interconectado, se visualizan grandes avances y penetraciones en múltiples campos como vehículos autónomos conectados, telemedicina avanzada, Internet de las cosas (IoT), e-learning, robótica, drones y más. Sin embargo, soy de los que cree que, como dice un refrán que ocupamos en Chile, no es bueno “colocar la carreta delante de los bueyes”.

En términos simples, no es correcto precipitarnos en los proyectos, olvidándonos de ser realistas. Invertir el orden lógico y razonable de las prioridades también sería un efecto no deseable. Así, antes de hablar de 5G, debemos pensar previamente que se necesita seguir avanzando o desarrollando para que esta tecnología esté realmente presente a nivel mundial y en cada uno de los países en los que vivimos.

Es un hecho que aún la Unión Internacional de Telecomunicaciones no define la norma para los sistemas móviles 5G y se proyecta que este año se fijarán la recomendaciones respecto de la parte del espectro radioeléctrico que pueda ser utilizada en esta tecnología.

Por otro lado, cuando hablamos de infraestructura habilitante para nuevos servicios móviles en 5G, existe un consenso respecto a que se tomará como base las que ocupan tecnologías anteriores (2G, 3G y 4G). Sin embargo, es un dato realista que 4G aún está en etapa de expansión, de ofrecer índices de cobertura y calidad de servicios ideales para las proyecciones que se tuvieron al momento de promoverla y que las inversiones necesarias para el despliegue de un futuro 5G deben tener en consideración esta ausencia de soporte, que se traslada también a otras tecnologías como presencia real de fibra óptica en radioestaciones.

Paralelamente, existe la problemática que muchos países y sus respectivos reguladores, especialmente de la región de América Latina, tienen respecto a las frecuencias disponibles. Podemos observar que en muchas naciones existen bandas que se estarían definiendo para ser utilizadas para 5G y que hoy están parcial o completamente ocupadas por otros servicios (probablemente menos eficientes), que se encuentran previamente subastadas, concesionadas o utilizadas por terceros y en las cuales es necesario un trabajo conjunto entre las autoridades y los titulares de dichas porciones de frecuencia para realizar un despeje, limpieza y preparación del espectro para futuros usos en la nueva tecnología.

Finalmente, y en un punto no menor, es que aún no existe una tendencia clara y precisa respecto a desarrollo de nichos de negocios específicos. Es así como Nokia, en su estudio Índice de madurez 5G, desarrollado junto a Analysys Mason, menciona que dos tercios de los operadores prevén que las nuevas redes generen nuevos ingresos: los casos de uso más mencionados fueron conectividad móvil multi-gigabit, vehículos conectados y autónomos, monitoreo crítico de salud y servicios para el hogar conectado. El 70 por ciento de los consultados, en tanto, dijeron estar enfocados en usar 5G para mejorar servicios para el consumidor ya existentes. Por tanto, aún no existe una posición clara y transversal que permita resolver una incógnita fundamental para cualquier empresa de telecomunicaciones: responder cómo monetizar 5G.

Es por tanto una obligación de todos los actores intervinientes en este proceso de maduración e implementación de un cercano 5G, que exista una mirada previa, analítica, concreta y realista sobre el estado del arte en cada uno de los países.

Sólo para ejemplificar, en Chile, tras el cambio de gobierno, y específicamente en julio del año pasado, se dio el puntapié inicial para avanzar en estos temas, por medio de una consulta pública, la cual incluyó una hoja de ruta de implementación de 5G en Chile, dentro del denominado “Plan Nacional 5G”. En ella, se fijaron diversos hitos, pero destacando que según proyecciones del organismo regulador de las telecomunicaciones, en 2019 se iba a elaborar la norma técnica para 5G, se iban a presentar las bases y se iba a llamar a concurso de licitación, proceso que iba a terminar directamente con una adjudicación, comenzando el inicio de servicio en 2020.

Cualquier persona medianamente informada respecto de los avances de 5G a nivel mundial, sabrá que existe una ausencia de sentido de la realidad en dicha hoja de ruta, más si sumamos el hecho de que existen mayores antecendentes que en cierta forman “contaminan” las conversaciones y planeamientos inmediatos de la autoridad.

Es así como, por un lado, se inició a fin del año pasado una consulta ante el Tribunal de la Libre Competencia, en la cual se presentó por parte de la autoridad una propuesta de Plan Nacional de Espectro, que permitirá precisar diversos temas, siendo uno muy básico definir si existe límite de espectro a operar por los operadores, lo que conlleva a posibilidad de excluirlos de una posible licitación de 5G.

Este proceso de consulta está recién comenzando y se estima que puede durar desde unos meses hasta un par de años dependiendo si existen controversias, impugnaciones o judicialización de la consulta por parte de las empresas de telecomunicaciones (como ha ocurrido en anteriores oportunidades). Por lo tanto, si en este momento se efectuara un concurso para despliegue de 5G, existiría una falta de coincidencia entre las definiciones del Tribunal de la Libre Competencia y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Se suma a este momento otro proceso paralelo y que tiene relación con la sentencia de la Corte Suprema, que ordenó a tres empresas de telecomunicaciones a devolver parte del espectro que poseen en exceso en relación a un límite de cantidad de espectro que podían poseer definidas hace más de 10 años. Ese proceso aún no se encuentra finalizado y existen sendos recursos presentados en distintos tribunales, tanto en el de Libre Competencia como ante el Tribunal Constitucional, lo que ha generado una atmósfera de incertidumbre jurídica sobre el uso de espectro radioeléctrico, lo que afecta, por lo tanto, las pretenciones de un pronto llamado a concurso para 5G.

Si esto no fuera poco, también hubo una decisión administrativa de “congelar parcialmente” el espectro de la banda de 3,500 MHz (que teóricamente se destinará para 5G) y se ordenó el despeje de algunos operadores de parte de la banda.

Recientemente, una de estas empresas explicitó que si el regulador los trasladaba de frecuencias, exigirían indemnizaciones y pago por parte del Estado por este hecho. Demanda absolutamente cuestionable, pero que si ocurriera, se abriría otro flanco de judicialización justamente sobre el espectro a subastar para 5G.

Por último, si se lograran sortear todas las dificultades regulatorias, judiciales, administrativas y económicas en lo inmediato, no se prevee que en 2020 exista la masificación de equipos móviles o terminales que permitan un uso real de la banda 5G, imposibilitando el retorno en utilidades para las empresas que hayan invertido en su despliegue.

El llamado es a avanzar, pero sin dejarnos embrujar por la magia de 5G. Deben existir reales políticas públicas y un trabajo de colaboración con las empresas en un modelo win-win en un ambiente público-privado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con tecnología. Porque finalmente 5G es un medio, no un fin.